Los acusados se quedan sin sanción debido a que las víctimas deben elegir entre cuidar a su familiar y erogar gastos en sus tratamientos médicos o dedicarse a hacer el seguimiento a sus procesos.
Por Rosío Flores
Familiares y allegados piden justicia para el niño Matías que quedó con muerte cerebral por mala praxis en una clínica de Oruro. FOTO: RRSS
Fuente: La Razón
Lo que debía haber sido una operación simple terminó siendo una pesadilla que cambiaría su vida para siempre. Hace poco más de tres semanas Matías, de un año y ocho meses, fue víctima de mala praxis. El hecho ocurrió en la clínica materno infantil Yolanda María, de Oruro.
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El menor de edad tuvo una caída y se fracturó el codo. Fue llevado por sus padres al mencionado nosocomio para ser sometido a una cirugía. Sin embargo, una sobredosis de anestesia le provocó convulsiones y lo dejó en estado vegetativo.
Desde ese fatídico día, a pesar del compromiso de brindar ayuda económica, los responsables de la clínica, y en especial el anestesiólogo, brillan por su ausencia. Mientras que los gastos médicos suman cada día.
“Mi hijito era un niño sano, solo tuvo ese accidente. Todo su organismo funciona de manera normal, pero su vida no será la misma porque tiene muerte cerebral. Se ha sumado 70 mil bolivianos en una clínica. Por eso lo hemos llevado al Hospital General y ya hemos gastado como 10 mil bolivianos en medicamentos”, relató a La Razón Héctor Quisbert, padre de la víctima.
SIN JUSTICIA
Así, el pequeño Matías se suma a decenas de víctimas de mala praxis y negligencia médica que hay en el país, casi todas no hallaron justicia, según el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis y Negligencia Médica, David Inca.
En Bolivia, tanto la mala praxis médica como la negligencia médica se refieren a acciones u omisiones por parte de profesionales de la salud que causan daño al paciente.
La mala praxis implica una actuación errónea o deficiente en el ejercicio de la profesión médica, mientras que la negligencia se relaciona con la falta de cuidado o atención debida en la atención al paciente. Ambos conceptos pueden derivar en responsabilidades civiles o penales para el profesional de la salud.
Inca lamentó que la legislación boliviana no conceptúa, ni toma en cuenta la conducta del estamento médico por causa de negligencia o mala praxis dentro del tratamiento médico-paciente, sino que lo enfoca desde 1a perspectiva de los delitos por lesiones culposas a lesiones gravísimas, este último en caso de muerte, señalados en el Código Penal.
CÓDIGO PENAL
“Lamentablemente, no hay el delito de mala praxis o negligencia médica en el Código Penal. Estos hechos solo son penados como lesiones y lesiones graves cuando son seguidos de muerte. Así las víctimas nunca encuentran justicia porque incluso las sanciones en estos casos son de menos de tres años de cárcel y los culpables se acogen el perdón judicial”, dijo el representante a La Razón.
Además, señaló que los acusados se quedan sin sanción debido a que las víctimas deben elegir entre cuidar a su familiar y erogar gastos en sus tratamientos médicos o dedicarse a hacer el seguimiento a sus procesos.
“Obviamente eligen el cuidado a sus familiares. Además, los procesos son desgastantes sumado a lo que atraviesan por cuidar a sus familiares es doble carga que no la pueden llevar y prefieren no seguir con sus denuncias”. acotó Inca.
VÍCTIMA
María Nieves Quispe es una víctima de mala praxis médica. En 2008, ingresó a una cirugía por una enfermedad en sus riñones. El médico que la atendió le extirpó un riñón y le causó daño al otro que funciona solo en un 53%. La mujer inició un proceso en contra del galeno que duró ocho años y la Justicia dictó cinco años de prisión para el acusado; sin embargo, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz anuló la sentencia.
Respecto del número de víctimas, Inca señaló que no existe un relevamiento exacto de datos; aunque mencionó que solo en La Paz y El Alto hay 70 afectados; 19 con procesos en curso en contra de los autores.
“Teníamos registrados más de 70 víctimas entre la ciudad de El Alto y La Paz; 40 eran de El Alto y 30 de La Paz. Algunos, 19, prosiguieron con el juicio y el tratamiento posoperatorio, al verse con un pariente con discapacidad”, acotó el representante.
Inca mencionó que el caso de María Nieves fue escuchado por la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo, instó al Gobierno nacional a atender estos casos y abrió un correo electrónico para que las víctimas realicen sus denuncias.
La Razón intentó sin éxito comunicarse con el presidente del Colegio Médico, Luis Larrea.
Fuente: La Razón