Luego de aprobarse la Ley del Oro, las reservas del BCB cayeron a 22,5 toneladas, mientras la demanda en casi todo el mundo hizo disparar los precios
Imagen referencial/Foto: Ricardo Montero
Fuente: El Deber
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Raúl Domínguez
El 22 de abril, el precio del oro llegó a su máxima cotización histórica de $us 3.454 la onza troy, alentado por múltiples factores globales como la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la devaluación del dólar. Y, aunque en los últimos dos meses el metal precioso ha perdido valor -se cotizaba en $us 3.321 la mañana del lunes 9 de junio- lo cierto es que los inversores y los bancos centrales continúan cambiando sus dólares por oro.
El Banco Popular de China, por ejemplo, amplió sus reservas de oro por quinto mes consecutivo en marzo, en una señal de acumulación estratégica en medio de la inestabilidad financiera. En Europa, las tenencias del metal amarillo han aumentado en 46,7 toneladas métricas, un alza del 3,6%, alcanzando un total de 1.334 toneladas desde el inicio de 2025, en contraste con el periodo de 2021-2024, que estuvo marcado por fuertes salidas de capital, según el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés).
A pesar de la tendencia mundial, en Bolivia sucede casi lo contrario. En 2023 la Asamblea Legislativa aprobó La Ley de Oro (N° 1503) con el objetivo de fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN), pero más bien se redujeron al mínimo (22,5 toneladas), puesto que la normativa faculta al Banco Central de Bolivia (BCB) realizar operaciones en los mercados internacionales. Analistas y opositores afirman que estas operaciones solo han servido para solventar el gasto público y la compra de combustibles.
El analista del sector minero de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, consideró que para cualquier país, en estos momentos, es conveniente acumular oro, sobre todo para los gobiernos, pero el riesgo está en que el precio empiece a bajar, predicción que es difícil estimar.
“A nosotros nos ha favorecido esta subida de la cotización porque ha hecho subir el valor de las reservas sin tener que hacer ningún esfuerzo. Ese oro que se había comprado en 1.600 dólares (la onza troy), ahora que duplique su valor, pues es una maravilla, hace aumentar también las reservas que tenemos”, dijo Córdova.
De acuerdo con el Informe de Operaciones con reservas de oro, al primer cuatrimestre de 2025, el BCB cuenta con 22,5 toneladas de oro, de las cuales 18,58 están depositadas en seis bancos del exterior; 0,97 en bóvedas del propio BCB y 2,95 en tránsito para refinación.
De acuerdo con el ente emisor, entre enero y abril adquirió 4,94 toneladas de oro fino en el mercado interno, acumulando un total de 23,57 toneladas desde la promulgación de la Ley del Oro. Esta normativa establece que, una vez concluido el proceso de compra y efectuada la liquidación total en el mercado interno, el BCB podrá refinar el oro en el exterior para obtener la calidad de Barras de Buena Entrega.
Estas compras en el mercado interno, según la ley, deben provenir de operaciones mineras que cumplen con prácticas medioambientales limpias, seguras, socialmente incluyentes y conforme a estándares internacionales.
Oro informal
Para el presidente de la Cámara Minera del Oriente (CMO) Mario Félery otra de las dificultades para la correcta y eficiente aplicación de la Ley del Oro, está en el origen de los recursos para la compra de oro no refinado por parte del BCB en el “mercado cambiario oficial” lo que se constituye en la crónica de una inviabilidad anunciada de la aplicabilidad en el tiempo, de la vigente ley.
“Por otro lado, en lo que hace a los actores mineros habilitados para comercializar su producción de oro en el BCB, está compuesto básicamente por cooperativas mineras auríferas, responsables de entre el 97% al 99,3 % de la producción de Oro en Bolivia, de las cuales solo 270 cumplen con el requisito de contar con licencia ambiental, es decir solo el 15% de las 1.789 cooperativas mineras auríferas registradas y que operan en Bolivia, cumplen con dicho requisito de habilitación, lo que se constituye en una importante limitante para la oferta de oro en los volúmenes requeridos y proyectados para ser adquiridas por el BCB”, aseguró.
De acuerdo con Félery, existe poca información estatal fiable y precisa acerca de la comercialización interna y exportación de oro, pero se puede inferir que en la región existe un evidente contrabando de oro, desde y hacia Bolivia, “ya sea por efecto de la elución de impuestos o por efecto del blanqueo del contrabando de oro que se da desde países vecinos a Bolivia, o a la inversa como se ha dado en los últimos dos años, precisamente por la falta de dólares en Bolivia (…)”, señaló.
Según datos del INE, procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la exportación de oro logró un pico en 2022, tanto en valor como en volumen, con más de $us 3.000 millones por 71 toneladas, respectivamente. Sin embargo, luego vino una profunda caída en 2023, mientras que en 2024 se derrumbaron a casi $us 700 millones y 13 toneladas. Las importaciones de oro, luego de su pico por $us 52 millones y 3,6 toneladas en 2009, fueron cayendo hasta llegar apenas a un cuarto de millón de dólares en 2024 y 34 kilos.
Hasta marzo del 2025, la exportación de oro sumó $us 75 millones por 1,3 toneladas, mientras que la importación sumó tan sólo 31.000 dólares por 11 kilos.
“Toda exportación, siendo legal, por definición, es positiva para el país, porque implica poder crecer por encima de las posibilidades que ofrece el mercado interno, además, efectos multiplicadores sobre la economía; lo ideal sería que la explotación no sea contaminante, como se ha denunciado, y para que se pueda exportar legalmente no queda otra que un buen registro de la producción para evitar la ‘explotación pirata’, la agilización de trámites para registros y, en función de su industrialización, un esquema de estímulos para la exportación con valor agregado, como joyas u otras manufacturas de oro, sobre la base de la experiencia tomada de que el imponer límites a la exportación del oro ha derivado en su salida de contrabando hacia países vecinos”, sostuvo el gerente del IBCE, Gary Rodríguez.
“Alguien dijo -agregó- que el mejor incentivo para la inversión es la ‘seguridad jurídica’, de ahí que, habría que empezar por esto para atraer capitales nacionales y extranjeros. La subida de la cotización del oro es una ‘ventana de oportunidad’ cuyo aprovechamiento pasa por un adecuado control estatal para evitar el contrabando, la insostenibilidad ambiental y el impacto sobre la salud, cuando la explotación es inadecuada”, apuntó.
Oro para gastos
El economista Fernando Romero subrayó que la corriente que está llevando a las economías y los bancos centrales a fortalecer sus reservas en oro, va en contrasentido con lo que ocurre en Bolivia, que ha monetizado sus reservas estatales de oro con la finalidad de financiar gasto corriente, principalmente pago de servicios de deuda e importación de carburantes.
“Desde la implementación de la ley del oro, las reservas estatales han caído. Por la ley 1503 se ha monetizado más de 33 toneladas de oro, las cuales no han sido repuestas y la tendencia ha sido, en estos dos últimos años, en comprar y vender oro pero no reponer. Por eso, actualmente tenemos sólo 22,5 toneladas de reservas de oro, el cual, en el último informe a abril del 2025, ascendían a 2.397 millones de dólares que, actualmente por el valor del oro, podría estar llegando inclusive a 2.500 millones de dólares, ya que la tendencia es que el precio de ese metal precioso suba”, señaló.
Según el economista se conoce que el Gobierno habría hipotecado tres toneladas de oro fino que no tiene un plazo mayor de 12 meses para su perfeccionamiento, pero esto ha sido sin desplazamiento.
“En todo caso, el Banco Central de Bolivia en ese primer cuatrimestre 2025 ha convertido 4,98 toneladas de oro en divisas, por un valor de 456,2 millones de dólares. No se sabe, a ciencia cierta, si ha puesto en garantía, sólo se conocen de 3 toneladas de oro fino, pero el resto de las toneladas que existía previo a la ley del oro, que era más de 40 toneladas, se ha ido monetizando paulatinamente y el oro que se compraba en el mercado interno se refinaba y se ponía en condiciones para su venta en los mercados internacionales, por eso no aumentó en reservas de oro y, en todo caso, han disminuido”, resaltó Romero.
Sin embargo, agregó, si se quitaran las 2,95 toneladas del oro en tránsito de refinación, “se podría dar a entender que estamos por debajo de la normativa vigente”, consideró.
Fuera de control
Para Héctor Córdova, el principal problema del oro en Bolivia es que su explotación está fuera de control, es decir, se desconoce cuánto del mineral se extrae en el territorio nacional y cuánto sale de contrabando, favoreciendo solo a particulares.
Según el analista de Jubileo, la regalía aurífera debería ser la más alta porque es el metal más fácil de obtener y con un costo relativamente bajo. Recordó que en 1997 era 7% sobre el valor bruto de ventas, pero surgieron algunas “salvedades” para minas con -por ejemplo- altos contenidos de sulfuros, especialmente en el oriente, por lo que los legisladores la bajaron al 5% para esos casos.
“Luego apareció otra escala de la regalía del 2,5%, indicando que se había confirmado la extracción ilegal de oro en las fronteras bolivianas con el Perú, con el Brasil, y que estaba saliendo mucho oro de contrabando sin pagar la regalía, porque era más baja la carga fiscal en los países vecinos que en el territorio nacional”, indicó Córdova, al mencionar que dicha regalía era solo para operaciones en pequeña escala o marginales.
Sin embargo, a decir del analista, “al otro día” los que estaban pagando 7% se acogieron a la regalía del 2,5% y el restante 4,5% se cobró como impuesto sobre el valor bruto de ventas, perjudicando a gobernaciones y municipios. Según Córdova, los mineros hicieron un acuerdo con el Gobierno para pagar un 4,8% de impuestos, pero no se estaría pagando. “Y los favorecidos, obviamente, son los operadores mineros, que están extrayendo el oro a manos llenas, sin control”, profundizó.
Algunas propuestas
Córdova propuso analizar la estructura de costos en la explotación del oro para conocer los márgenes de utilidad y cargarlo como un impuesto obligatorio. Según el analista, solo en La Paz son cerca de 2.000 operaciones auríferas.
“Con esos dos elementos, el Estado recuperaría fácilmente más de 1.000 millones de dólares al año. Con la cotización actual incluso podríamos llegar a usar los 2.000 millones de dólares por año, de ingresos para el Estado y después hay que ver otros elementos de control, porque el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) no alcanza para controlar tantas operaciones auríferas que hay”, planteó.
Agregó que se debe descentralizar el control de la comercialización hacia las gobernaciones y municipios. Además, el Gobierno debe eliminar la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que el oro que compra el BCB sea realmente “oro responsable” y revisar el papel de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro).
Convertir reservas en oro no es una “posición líquida”, dice experto peruano
Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE) afirmó que los altos precios del oro son un reflejo de niveles altos de incertidumbre en el mundo.
“En el caso de los bancos centrales, esa mayor cobertura en metales preciosos no es una realidad. Sin duda hay algunos que han aumentado sus posiciones en oro, pero no es el común denominador. En el caso de Perú, por ejemplo, la exposición en oro no cambia. Hace mucho tiempo está más enfocado alrededor del 4.5% de las reservas internacionales”, detalló.
Argumentó que convertir oro no es una “posición líquida” y los bancos centrales más bien necesitan ese tipo de posiciones, activos muy de corto plazo. “Vender una posición en oro puede tomarte días, semanas, dependiendo de la coyuntura. En un escenario de pánico, mover oro es complicado (…)”, consideró.
Resaltó también que, al igual que Bolivia, el oro ilegal es un problema para el Estado. Según Fuentes, en 2024, se habrían producido alrededor de 92 toneladas de oro ilegal, lo que representa alrededor del 47% de todo el oro exportado por el país vecino, que significan unas 180 toneladas.
“Para el 2025 esperamos que el volumen de oro ilegal exportado aumente, principalmente porque no hemos tenido esa capacidad para contener esa actividad ilegal”, añadió.