Fuente: https://www.vision360.bo
Al menos 10 procesos instaurados en la justicia boliviana esperan por Arturo Murillo, ministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Añez y uno de los hombres más poderosos de su Gabinete. Desde corrupción hasta difamación son parte de las denuncias en las que se encuentra involucrado.
“Como Estado hemos realizado todas las acciones necesarias para que el señor Murillo pueda estar en Bolivia para responder los procesos que tiene. Con anterioridad hemos estado haciendo los trámites necesarios en dos áreas, una que tiene que ver con la extradición y otra que es de la parte administrativa. Estamos a la espera de una respuesta”, señaló la ministra de Justicia,Jessica Saravia.
Hotelero y legislador
Arturo Murillo nació el 27 de diciembre de 1963 en Cercado, Cochabamba. ​Obtuvo el grado de bachiller en una institución educativa destinada a personas adultas que no pudieron concluir sus estudios secundarios.
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Desde antes de su ingreso a la arena política, se dedicó al rubro del turismo. Se convirtió en un empresario hotelero, llegando a presidir la Asociación Hotelera del Trópico de Cochabamba.​
Firme opositor de Evo Morales, empezó su carrera política en 2005. Entonces, invitado por Unidad Nacional (UN), frente político de Samuel Doria Medina, logró ser diputado por Cochabamba. En 2009 fue subjefe de campaña presidencial de Doria Medina y en 2014 llegó al Senado. En 2018 rompió con UN y se alineó con Demócratas.
De forma paralela, se mantuvo en el rubro turístico con el Hotel Victoria Resort, ubicado en Villa Tunari. Este permaneció en funcionamiento hasta noviembre de 2019, cuando -en medio de los conflictos poselectorales que obligaron a Evo Morales a renunciar a la presidencia- un grupo de seguidores del líder cocalero asaltaron y quemaron la infraestructura. Desde su cargo como Senador, Murillo denunció que su familia había tenido que huir al monte para evitar ser linchada.
La renuncia de Morales dio paso a un Gobierno de transición que cayó en las manos de la senadora Jeanine Añez. Al formar su gabinete, Añez convocó a Murillo como Ministro de Gobierno, cartera desde la que manejaba influía en gran parte del Estado.
El hombre detrás del poder
Durante su gestión, entre 2019 y 2020, época muy conflictiva para el país por los problemas poselectorales y la pandemia, ministros y legisladores perfilaron a Murillo como el “verdadero poder detrás del trono”. De acuerdo a las denuncias, él podía influir sobre Añez en contratos, decisiones, firma de decretos y hasta el nombramiento o destitución de autoridades.
Desde el MAS, los legisladores afirmaban que Murillo se convirtió en el “todopoderoso” del Gobierno, al que no se le negaba ni se le contradecía en nada.
“Cualquier ciudadano, autoridad, funcionario, incluso ministro que contradiga al todopoderoso Murillo tiene como destino el quedar fuera”, señaló el entonces senador Omar Aguilar, del MAS.
Apenas un mes después de asumir el cargo, el 24 de diciembre de 2019 se conoció que la hermana de Murillo fue nombrada como cónsul de Bolivia en Miami (EEUU). La flamante funcionaria había entregado su declaración jurada cinco días antes.
Pero no fue el único caso en el que influyó en el nombramiento de cargos. El dirigente, Rafael Quispe, que dirigía el Fondo de Desarrollo Indígena, fue removido luego que Murillo le pidiera su renuncia por mantener una reunión con líderes campesinos, durante la cuarentena.
“Agradezco a la señora Presidenta por darme la oportunidad, pero hizo caso a la sugerencia de su ministro Arturo Murillo. Él tendrá sus razones y lo repito no me sacan por maleante o ladrón”, aseveró Quispe luego de ser destituido.
Una de las crisis de Gabinete de la transición se debió al alejamiento de tres autoridades importantes. Dos atribuyeron su salida a Murillo.
“Podría decirse que puse mi gotita de arena para la salida de José Cabrera (exprocurador que pidió investigar a Murillo en el caso Elfec), porque tuvo reuniones con el MAS”, aceptó Murillo en una entrevista con Radio Fides el 21 de septiembre.
Apenas una semana después, el 28 de septiembre, el entonces ministro de Economía Óscar Ortiz abandonaba su despacho luego de enterarse de su destitución por las redes sociales. Declaró que su salida se debía a profundas diferencias con Murillo sobre la devolución de las acciones de Elfec. Además, lo acusó de acelerar la firma de contratos millonarios para la adquisición de camionetas y equipamiento de inteligencia para la Policía.
“Estamos en un estado de capricho y la Presidenta lo permite, le ha entregado el futuro del Gobierno y del país a una persona que no tiene la capacidad, y no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde, en el marco de la Constitución y las leyes”, aseveró entonces Ortiz.
24 horas después, Óscar Mercado presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Trabajo. Afirmó que los motivos eran los mismos presentados por Ortiz.
Uno de los hechos que generó mucha polémica ocurrió el 11 de junio de 2020. Mientras la Presidenta hacía declaraciones a la prensa sobre la convocatoria a las elecciones, Murillo le ordenó entre susurros: “No hables de eso, no comentes”.
Cuestionado sobre la escena señaló: “Simplemente traté de darle una recomendación sobre un tema que no habíamos discutido. Pero ni siquiera me escuchó. Es la maldad de la gente que dice: Murillo manda a la Presidenta”, afirmó.
Corrupción y difamación, parte de los procesos que lo esperan
“En la ciudad de La Paz tiene ocho procesos aperturados, la mayoría casi generalmente son por delitos de corrupción y cada uno de ellos está en diferentes etapas procesales”, indicó a ERBOL el fiscal Omar Mejillones.
Según detalló dos ya tienen sentencia, dos llegaron a la etapa de juicio, otros dos se encuentran en etapa preliminar y los otros dos en la etapa preparatoria.
No son los únicos. Además de los casos de la paz, en los que se incluye el de gases lacrimógenos, por el que se pide la extradición, hay otros en Santa Cruz.
“Eso es sin contar con los proceso penales que tiene abiertos en el departamento Santa Cruz”, afirmó a los periodistas el fiscal general Roger Mariaca
Si bien en el país hay al menos 10 procesos en contra del exministro, no todos tuvieron un gran avance. Hay además cerca de medio centenar denuncias administrativas por 30 contrataciones irregulares durante su gestión.
Solo en dos de los casos, “gases lacrimógenos” y “Huayllani/Sacaba”, los más antiguos, se logró una orden de aprehensión por rebeldía. Sin embargo, en ambos, las órdenes se emitieron cuando la exautoridad ya había salido del país.
En el primero, la denuncia fue admitida por la Fiscalía el 8 de junio de 2020, pero no fue hasta el 12 de enero de 2021 que se emitió la imputación formal y hoy tiene sentencia. En el segundo, por la masacre de Huayllani-Sacaba tras los conflictos postelectorales, fue instaurado de oficio por la Fiscalía el 11 de diciembre de 2019. Sin embargo, la imputación formal fue emitida el 25 de febrero de 2021. Al no presentarse a la audiencia cautelar, la exautoridad fue declarada en rebeldía y se emitió la segunda orden de aprehensión en su contra.
Otro de los casos en los que Murillo es parte de los investigados es el Senkata, abierto el 20 de noviembre de 2019. Este caso no es el mismo que el “Caso Golpe”, en este se sentenció a la expresidenta transitoria Jeanine Añez.
Otro es el caso Horcones, admitido por la Fiscalía el 17 de mayo de 2021. Murillo es el principal investigado por la desaparición de 400 kilos de droga incautada y que debía ser incinerada. El operativo contra el narcotráfico en el que se decomisó dichos estupefacientes se realizó en diciembre de 2019, en la frontera con Chile.
El 7 de mayo de 2021 el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó ante la Fiscalía de Santa Cruz un proceso en contra de su antecesor por “impedir la extradición” del narcotraficante Einar Lima Lobo a Brasil.
El 22 de abril de 2021, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Además tiene otro proceso iniciado por la entidad, por legitimación de ganancias ilícitas.
Pero también están los procesos por difamación. El 17 de diciembre de 2020, Jhonny Aguilera, ahora viceministro de Régimen Interior y Policía, presentó una denuncia por calumnia y difamación. El caso fue abierto luego de que Murillo acusara a Aguilera de realizar una “persecución” en su contra.
Asimismo, el 31 de marzo de 2021, la exautoridad fue declarada en rebeldía dentro del proceso por difamación, en el caso bebé Samanta. La denuncia fue presentada en 2020 por la mujer que fue identificada pública y equivocadamente por Murillo como la raptora de una pequeña niña. Hace unas semanas, se anunció que el caso fue reactivado y que se pidió un resarcimiento de al menos 100.00 dólares.
Asimismo su nombre fue parte de las declaraciones dentro del caso por la compra irregular de respiradores durante la pandemia.
Entre los 49 procesos administrativos, se encuentran contrataciones estatales que fueron direccionadas o se mal usó los recursos que podían ser usados en la emergencia sanitaria que vivía el país en 2020. Uno de los casos que llamó la atención es el pago de 449 mil bolivianos para la compra de talco para pies, durante el pico mayor de la pandemia.