La tarea de reciclar no es sencilla. Además del esfuerzo físico, las recicladoras deben sortear la discriminación, la inseguridad en las calles y la indiferencia de las autoridades.
Fuente: ANF / La Paz, Bolivia
Cada día, entre madrugadas y pasadas horas de la noche, un grupo cada vez más grande de hombres y mujeres busca en las calles materiales para reciclar: botellas, cartón, papel, plásticos y fierros que otras personas desechan sin pensar en su impacto ambiental.
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Dalia Quispe es una de las recolectoras que junto a las 48 integrantes de la Asociación Eco-Recicladoras de La Paz recorren los diferentes sectores de la urbe.
“Algunas de las compañeras viven en El Alto, otras en la zona Central o en la zona Sur. Cada quien trabaja desde donde vive, y casi todas lo hacen de forma individual”, cuenta Dalia a ANF, presidenta de la asociación que obtuvo su personería jurídica hace apenas dos años. La mayoría de sus afiliadas son personas adultas, muchas ya en la tercera edad.
La tarea de reciclar no es sencilla. Además del esfuerzo físico, las recicladoras deben sortear la discriminación, la inseguridad en las calles y la indiferencia de las autoridades. Sin embargo, este trabajo representa la principal fuente de ingreso para el 80% de sus integrantes.
“La mayoría no tiene casa propia, por eso lo que recolectan lo llevan donde pueden. Algunas se quedan hasta la noche recogiendo para vender al día siguiente, porque no tienen dónde almacenar”, explica Quispe.
El reciclaje que realizan es minucioso: seleccionan botellas PET, papel, cartón, metales, ropa, vidrios. Pero, como muchas ya no pueden cargar mucho peso, priorizan materiales livianos. “El trabajo es desafiante. Nos adaptamos según nuestras capacidades físicas”, dice Dalia.
En la ciudad de La Paz existen al menos tres asociaciones más de recicladoras, y en El Alto han comenzado a surgir nuevas. Pero en todas ellas se repite la misma constante: precariedad, invisibilidad y desprotección.
Gracias al impulso de voluntarias, la Asociación Eco-Recicladoras ha logrado avances como la carnetización, promovida por la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía. “Ese carnet nos identifica como recolectoras autorizadas. Es un pequeño reconocimiento, pero muy importante para nosotras”, afirma Dalia.
Sin embargo, más allá de este documento, no tienen ningún tipo de beneficio social o laboral. “No tenemos seguro, ni jubilación, ni trabajo fijo. Vivimos del día a día, y si enfermamos, no hay con qué sostenerse”, denuncia la dirigente.
La fundación Munasin Kullaquita en abril de este año presentó un diagnóstico sobre las recicladoras de la ciudad de El Alto. El informe señala que el 59% de las mujeres entre 40 y 64 años realiza esta labor por necesidad económica y falta de empleo formal.
El mismo estudio reveló que un 74% de ellas ha sufrido algún tipo de agresión física o psicológica, y que en los distritos 1, 3 y 6 de El Alto existen al menos 47 puntos considerados peligrosos para su labor. Muchos de ellos están cerca de bares y discotecas, zonas donde se incrementa la vulnerabilidad.
“En este trabajo una puede incluso perder la vida”, advierte Dalia. Recuerda el caso de una compañera atropellada en Viacha mientras reciclaba. También denuncia peleas con personas en estado de ebriedad y vecinos que las rechazan.
La iniciativa “Ciudades y espacios seguros para mujeres recicladoras”, impulsada por ONU Mujeres y la Fundación Munasin Kullakita con apoyo de la AECID, busca justamente visibilizar estos riesgos y construir entornos más seguros para ellas.
Según el mapeo de enero de 2024, el 71% de las recicladoras encuestadas ha sufrido violencia. Las amenazas más comunes son accidentes con objetos punzantes, infecciones respiratorias y estomacales, y agresiones verbales o físicas.
El proyecto propone una estrategia integral que incluye el fortalecimiento de habilidades, liderazgo, comunicación asertiva y apoyo psicológico. El objetivo: que las recicladoras logren autonomía económica y emocional.
Un trabajo invisibilizado
A pesar de su importancia en la cadena de reciclaje urbano, el trabajo de estas mujeres sigue siendo invisibilizado. “La ciudadanía aún no sabe cómo ayudarnos. Por ejemplo, cuando el cartón se mezcla con basura orgánica, ya no sirve para reciclar”, lamenta Quispe.
La solución, dice, pasa por una mayor educación ambiental y un vínculo más fuerte con las autoridades. “Si la Alcaldía enseñara a separar residuos, nuestro trabajo sería más fácil y más productivo”.
En países vecinos, señala, las recicladoras reciben sueldos o incentivos por su labor. “Allá recogen desde los edificios, tienen rutas asignadas. Aquí aún no tenemos ese nivel de organización ni reconocimiento”.
La situación se agravó con la crisis económica. Ahora muchas más personas reciclan. “Incluso en fiestas como el Gran Poder, las vendedoras ya no nos dan las latas o botellas, las guardan para venderlas ellas”, dice Dalia.
El precio del aluminio subió de ocho a 23 bolivianos por kilo, lo que ha hecho del reciclaje una fuente de ingreso más codiciada. Eso ha derivado en competencia y hasta conflictos entre recolectores.
Las oficinas y bancos que antes donaban materiales ahora prefieren venderlos. “Incluso las personas de limpieza en instituciones hacen su recolección y luego la comercializan”, denuncia Dalia.
Esta competencia no solo reduce los ingresos de las recicladoras organizadas, sino que también pone en evidencia la necesidad de regulaciones y zonas definidas de trabajo.
“Si se lograra que cada institución entregue sus residuos a una recicladora, sería todo más eficaz. Haría falta que la Alcaldía, la Secretaría de Medio Ambiente y otras instancias trabajen juntas”, propone la dirigente.
En medio de esta precariedad, algunas mujeres han empezado a emprender con los materiales reciclados. “Es una alternativa cuando ya no se puede salir a las calles. Se pueden hacer manualidades, adornos, cosas útiles”, explica.
La falta de beneficios laborales también impide planificar un futuro con estabilidad debido a que no pueden acceder a la jubilación ni dejar de reciclar al ser su único ingreso, más aun, en la situación de crisis económica que atraviesa el país.
Además del trabajo físico, muchas cargan el peso emocional de una vida llena de discriminación. “Antes nos decían que éramos las que viven de la basura. Ahora al menos nos llaman recicladoras, pero el respeto aún falta”.
La fundación Munasin Kullakita insiste en que el aporte ambiental de estas mujeres es invaluable. Son parte clave en la sostenibilidad urbana y en la lucha contra la crisis climática.
El problema es que su trabajo se realiza en las sombras. No figuran en políticas públicas, no están protegidas por la ley, y sus derechos laborales siguen siendo letra muerta.
“Se necesita conciencia, normas que regulen, sanciones a quienes contaminan. Si no hay eso, nadie va a respetar ni nuestro trabajo ni al medio ambiente”, concluye Dalia.