Acorralados por créditos impagables, insumos caros y sin políticas de alivio, el 90% de los pequeños negocios paralizó operaciones. Endeudados, sin ventas ni insumos accesibles, muchos optan por vender todo, migrar o refugiarse en otros empleos estables.
Fuente: El Deber
A sus 40 años, David Choquehuanca se ha vuelto un experto en sobrevivir a las crisis. Con dos décadas en el rubro de la confección textil, ha enfrentado golpes duros: primero, el corralito argentino, que lo obligó a regresar a Bolivia; luego, el cierre de América Textil (Ametex), la mayor y más moderna textilera del país, que lo dejó nuevamente a la deriva. Hasta fin de año, espera pagar sus créditos mediante la venta de sus máquinas de coser y establecerse otra vez en Argentina, donde, según sus familiares, se prevén mejores días con el gobierno libertario, que apuesta por fortalecer la economía del vecino país tras un duro ajuste.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La realidad lo golpeó con fuerza. Y lo peor: no ve futuro en un país agitado por la política, en pleno año electoral. Después de llegar a tener su taller en Santa Cruz, por siete años, ahora decidió cerrarlo, obligado por deudas que han crecido como una bola de nieve.
Su caso no es el único. De acuerdo con datos de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), el 90% de las unidades productivas han paralizado sus operaciones por la escasez de dólares y la actual crisis en el suministro de combustible que vive el país. Esta situación ha hecho que muchos talleres acumulen deudas, y en algunos casos, como el de David Choquehuanca, tengan que cerrar sus negocios y buscar mejores días en otros países.
Ahora David cose solo. No porque así lo haya querido, sino porque la crisis lo obligó. Alguna vez su pequeño taller textil tenía empleados, lista de pedidos y una rutina que daba para soñar. Hoy, ya no. Las máquinas están paradas, sus hijos lo ayudan en lo poco que queda por hacer, y en su mente hay una única costura pendiente: venderlo todo, pagar sus deudas y volver a Argentina.
Los días buenos se acabaron. La tela importada cuesta más, el hilo también, incluso las bolsas. “Todo ha subido”, dice. Y con un dólar paralelo por las nubes, producir ya no da.
“Desde que se ha subido el dólar ya no puedo abastecer. Tenía que pagarle al costurero y a mi personal, pero ahora ya no puedo”, se lamenta. El aumento del dólar fue el punto de quiebre. Y con él, llegó la soledad del taller, el silencio de las máquinas, las cuentas impagas y la decisión más dura: irse.
“Podemos perderlo todo”
Juan Carlos Vargas, dirigente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), sostiene que los microempresarios están contra las cuerdas. El 90% del sector no puede pagar sus créditos, muchos enfrentan procesos judiciales y otros están en riesgo de perder sus casas, talleres y pequeños patrimonios.
Por eso, desde el sector se planteó al Gobierno que apruebe un decreto supremo para congelar por un año el pago de créditos, sin intereses ni capital.
“Estamos pidiendo un año de gracia. Que en ese tiempo no se pague ni capital ni interés, que se congele el crédito y que desde el mes 13 se reanuden los pagos. Muchos compañeros ya enfrentan procesos de ejecución. Lo que está en juego es la vivienda de nuestras familias”, advierte.
El dirigente aseguró que las reprogramaciones que ofrecen las entidades financieras, bajo instrucciones de la ASFI, no representan una solución real. “La reprogramación es una artimaña. Te obligan a seguir pagando intereses, seguros y otros cargos. No hay alivio, solo una postergación con más costos”, denuncia.
La situación es tan crítica que, según Vargas, muchos pequeños empresarios han cerrado sus talleres y migrado al exterior en busca de sustento. “Empleadores que generaban fuentes de trabajo hoy están en Chile cosechando verduras o en Argentina, Brasil. Allá su trabajo es valorizado. Aquí, en Bolivia, la política económica nos ha condenado a la informalidad y la subsistencia”, lamentó.
Otros, dijo, han pasado al comercio informal en calles, mercados y rotondas. “La informalidad crece porque el Gobierno no aplica una política pública real para el sector productivo”, señala.
En el caso personal de Vargas, su empresa textil llegó a emplear a más de 30 personas. Hoy, no tiene ni el 10% de ese personal. “Ha sido un retroceso total. Nos prometieron industrialización y sustitución de importaciones, pero cada vez el país va más hacia atrás”, critica.
El dirigente recuerda que Fedemype presentó una propuesta de ley en septiembre de 2024 para establecer un periodo de gracia, pero hasta ahora no ha recibido respuesta del Legislativo. Por eso, exigen al presidente Luis Arce que emita un decreto supremo como medida urgente.
“La esperanza es que con un nuevo gobierno en 2026 podamos reactivar el mercado interno. Pero si no hay un respiro ahora, miles de microempresas desaparecerán antes de que eso ocurra”, dijo.
“No se gana como antes”
Durante más de una década, el sonido de las máquinas de coser fue el ritmo de vida de Geraldine Flores. En su pequeño taller, instalado con paciencia y mucho sacrificio, cada puntada era un paso más hacia el sueño de independencia económica. Blusas juveniles, calzas escolares, etiquetas que ella misma colocaba, pedidos que salían como pan caliente. Hasta que un día todo se detuvo.
El taller no se cerró por falta de ganas, sino por créditos imposibles de pagar, caída de ventas, insumos que duplicaron su precio y una competencia voraz, muchas veces desde la informalidad.
“Llegué a tener hasta 12 máquinas”, cuenta. También empleó a cuatro personas y trabajaba con talleristas externos. Ella cortaba las prendas, las distribuía, las etiquetaba, las embolsaba. Todo con la visión puesta en crecer. Y lo logró: con el dinero de las ventas pudo comprarse una caseta en el mercado Nuevo del Plan Tres Mil. También adquirió un lote y hasta soñó con ampliar la producción.
Pero la curva se invirtió. La materia prima subió —los rollos de tela que antes costaban Bs 7 ahora valen Bs 16— y los precios de venta no pudieron seguir el ritmo. “Las etiquetas, los cierres, todo ha subido. Lo que antes vendíamos a 30, ahora lo damos a 35 o 40, pero la ganancia es mínima”, lamenta.
El margen se fue achicando hasta desaparecer. Pagar a los costureros, reponer materiales y cubrir las cuotas del crédito se volvió inviable. Así decidió cerrar.
No es un adiós definitivo. Geraldine no vendió las máquinas. Aún las tiene, en silencio, guardadas como quien conserva la esperanza. “Si todo se vuelve a normalizar, podríamos volver a emprender”, dice, con voz serena. Por ahora, ha encontrado refugio en un empleo estable en un hospital, con sueldo fijo. “No es suerte, es bendición”, aclara.
Madre soltera de tres hijos, Geraldine no se queja. Pero tampoco disimula el cansancio. “A veces quiero animarme otra vez a entrar”, admite.
Clientes suyos, de lugares como Bermejo, aún la buscan. Pero el movimiento no es el mismo de antes. “Ahora todo está feo”, dice, en referencia a la economía nacional, que ha dejado a muchos microempresarios como ella, en pausa, esperando un cambio.
“Hay que seguir adelante. No queda otra. las máquinas, que quizás algún día vuelvan a sonar”, concluye.
Mora y créditos
Según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a abril de 2025, el sistema financiero del país registra una mora del 3,3%, un indicador que no solo está por debajo del promedio regional (3,4%), sino que, además, se calcula con una metodología más rigurosa.
En Bolivia, un crédito entra en mora a los 30 días de atraso, mientras que a nivel internacional el umbral se establece a los 90 días.
El análisis por tipo de crédito revela que el 60% de la mora se concentra en microcréditos y créditos de vivienda.
No obstante, esta distribución responde a su fuerte peso en la cartera total, que es del 31,4% y 24,8%, respectivamente. En términos simples: no hay una concentración alarmante en ningún sector. Créditos de consumo, para pequeñas y medianas empresas, y empresariales representan el restante 40% de la mora.
“Esta dispersión es una señal de diversificación saludable y de una buena gestión del riesgo por parte de las entidades financieras”, aseguraron desde la ASFI.
Aunque el nivel actual es considerado aceptable, la ASFI reconoce que existen factores que han presionado el aumento del indicador en el pasado reciente. Uno de los más persistentes ha sido el rezago económico que dejó la pandemia de COVID-19.
Aunque muchas actividades se reactivaron, ciertos segmentos de la población —en particular los más vulnerables— todavía luchan por alcanzar sus niveles de ingreso previos.
A esto se suman los conflictos sociales. Según la entidad reguladora, los paros cívicos, bloqueos y protestas han interrumpido la circulación de bienes y servicios, afectando sobre todo a pequeños negocios. Un caso emblemático fue el paro cívico de 36 días en Santa Cruz en 2022, cuyas secuelas aún impactan en la cartera crediticia de sectores productivos y comerciales.
Asimismo, los fenómenos climáticos extremos, según la ASFI, han golpeado con fuerza a las regiones agrícolas y ganaderas. Sequías, heladas, incendios forestales e inundaciones han mermado ingresos y capacidad de pago de prestatarios rurales.
Frente a este panorama, la ASFI asegura que ha desplegado una batería de medidas para proteger tanto a los prestatarios como al sistema financiero, como permitir a las entidades refinanciar o reprogramar deudas en plazos no mayores a 30 días calendario, incluso con periodos de gracia, en casos de desastres o afectaciones sociales.
Estas disposiciones, enmarcadas en el Decreto Supremo N° 5241 de octubre de 2024, buscan que los créditos no entren en mora por factores ajenos al control de los prestatarios, aliviando su carga financiera mientras se recuperan.
Paralelamente, las entidades del sistema cuentan con coberturas que alcanzan el 130% del total en mora. Es decir, por cada boliviano en riesgo, hay 1,3 bolivianos en previsiones, lo que garantiza la capacidad de respuesta sin comprometer la solvencia del sistema.
La entidad estatal asegura que, aunque el contexto sigue siendo desafiante, —con elecciones en puerta, presiones inflacionarias y un entorno regional volátil—, Bolivia mantiene una mora manejable y un sistema financiero robusto.
Desde Asoban indicaron que, desde 2020, cuando se aplicaron los diferimientos obligatorios de cuotas crediticias como parte de la política anticrisis por el COVID-19, las entidades bancarias han tenido que lidiar con un efecto acumulativo de reprogramaciones.
Hoy, cinco años después, aún queda un saldo de $us 784 millones en créditos diferidos pendientes de recuperación.
El sector bancario es claro en deslindar responsabilidades: “parte de los desafíos actuales tienen su origen en decisiones adoptadas años atrás”.
Añade que las “medidas generalizadas” —como las prórrogas amplias y sin evaluación individual durante la pandemia— son señaladas como uno de los factores que han “afectado la cultura de pago” de muchas personas.
Más allá los datos, la realidad muestra que los pequeños negocios seguirán cerrando y personas como David y Geraldine, migraran o buscarán otros rumbos.
Para saber
Reprogramación. Según Asoban, dentro de la cartera total, la cartera reprogramada sumó $us 4.549 millones, representando el 15% del total. Esta cifra evidencia el respaldo que el sistema bancario ha brindado a los prestatarios que enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones, a través de la reestructuración de sus créditos.
Segun la entidad, es importante recordar que muchas de estas operaciones reprogramadas tienen origen en las medidas adoptadas desde la pandemia y algunas de las cuales aún presentan dificultades.
El 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) es generado por las Micro y pequeñas empresas, según datos del INE
El 70 por ciento de las mypes dependen de insumos importados que deben pagarse en dólares, según la Cámara Nacional de Industria (CNI)
Fuente: El Deber