El último reporte del FMI relativo a la Consulta del Artículo IV sobre Bolivia, ha generado polémica por la manifiesta preocupación del Fondo ante “los agudos desequilibrios fiscales y externos de Bolivia, así como por la combinación de políticas insostenibles, y solicitaron acciones urgentes para abordar la sobrevaloración del tipo de cambio, fortalecer las reservas internacionales y llevar a cabo una consolidación fiscal sostenida”. Da la impresión que la misión del Fondo se encontró, de pronto, con una bomba a punto de estallar.

Hago seguimiento a estas evaluaciones desde hace varios años y esta vez me llamó la atención el sentido de alarma y de urgencia del reporte, toda vez que, por lo menos desde 2008, el FMI no se cansó de alabar los resultados de la economía boliviana y, si bien hizo recomendaciones que, de adoptarse, habrían amortiguado algunos de los golpes que la actual crisis asesta, en general su visión sigue anclada doctrinal y dogmáticamente en el neoliberalismo de los años 1980.

Por ejemplo, en 2011 felicita el desempeño económico y, con gran optimismo, afirma que “se espera que la economía crecerá por la recuperación en la producción de hidrocarburos, la mayor inversión pública y precios favorables de las exportaciones”; en este marco, “la prioridad a corto plazo es frenar la inflación, en tanto que, satisfacer las necesidades de desarrollo y lograr avances en reducir la pobreza, siguen como objetivos a mediano plazo.” Aplaude con especial énfasis los resultados (rentabilidad) y fortaleza del sistema financiero, y recomienda al Gobierno protegerlo y fortalecerlo para ampliar el acceso de las empresas y personas al crédito.

Critiqué las recomendaciones de este reporte en notas de opinión y en investigaciones, porque la financiarización de las economías que el FMI/BM promovieron desde los años 1980, inducían a la precarización del empleo bajo el eufemismo de emprendedorismo, a la vez que generaban grandes utilidades a instituciones especializadas en microcrédito –que pronto dejaron el estatus de “entidades sin fines de lucro” para transformarse en exitosos bancos comerciales.

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En el informe de 2013, el FMI celebró el gran desempeño económico boliviano, que registró el mayor crecimiento económico en más de 20 años, sus sólidos resultados fiscales y externos, y las mejoras en las condiciones de vida.

En 2015, felicitó a las autoridades por “la prudente gestión macroeconómica y el vigoroso crecimiento no inflacionario del PIB”. Aplaudió la eficacia de haber anclado las expectativas inflacionarias y haber promovido la desdolarización; resalta que al auge de las materias primas brinda una base sólida para continuar con las reformas estructurales e institucionales. Destaca la solidez global del sector financiero boliviano, pero aboga por eliminar regulaciones a los niveles mínimos de cartera de créditos y a los topes a las tasas de interés.

Para entonces, los departamentos de investigaciones del Fondo y del Banco Mundial ya habían publicado estudios que concluían que “la financiarización de las economías es la causa de la creciente desigualdad y concentración de la riqueza”.

En 2018, felicitó “el impresionante crecimiento económico y la mejora en los indicadores sociales” y sugirió que se necesitan ajustes en las políticas a futuro para reducir desequilibrios internos y externos, y garantizar la estabilidad macroeconómica.

Saliendo de la pandemia, en 2022, el FMI afirma que Bolivia logró avances importantes en la reducción de la pobreza –cuestionamos las bases de tal conclusión– y consideró que “habrá que realizar un ajuste fiscal significativo para restablecer la sostenibilidad de la deuda, eliminar el financiamiento monetario y regenerar las reservas internacionales”.

En síntesis, los temas recurrentes en los reportes del FMI sobre Bolivia de los últimos 15 años, son: mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer el sistema financiero y disciplina fiscal (racionalizar gasto público y reducir subsidios). Aunque aboga por “redes de protección social para mitigar los efectos de las reformas económicas en los más pobres” mediante bonos y otras transferencias, es evidente que, para el FMI, atacar las raíces de la pobreza –la precariedad del empleo y la contracción de la demanda agregada– no son temas relevantes. Al contrario, ni observa ni cuestiona que la remuneración al trabajo asalariado, que llegó al 36,1% del PIB el año 2000, hubiera caído por debajo del 30% alrededor de 2013.

La realidad que el FMI muestra con alarma en su reporte 2024 del Artículo IV era predecible. Insistir en soluciones ancladas en el dogmatismo neoliberal de los años 1980 y 1990 –austeridad (léase eliminar el déficit congelando el empleo y las remuneraciones)– acentuar la financiarización y fortalecer la oferta es seguir haciendo los que el FMI viene sugiriendo como receta estándar y que obviamente llevará a los mismos pobres resultados, aunque cada vez más acentuados.

En mi anterior columna (“Mal diagnóstico y soluciones equivocadas”) argumento y sustento razones básicas por las que el “mantra” de la austeridad es la receta equivocada para la profunda crisis que empieza a manifestarse. Salir de ella, sin embargo, va a requerir algún tipo de acuerdo con el FMI, lo que pondrá a prueba la calidad de la propuesta que tenga el próximo gobierno para sacarnos de las arenas movedizas y, muy especialmente, la sagacidad y capacidad profesional de quienes tengan la tarea de negociar con el Fondo.

Enrique Velazco Reckling, PhD, es investigador en desarrollo productivo