Que el Estado boliviano se encuentre en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) derivará en dificultades para acceder a créditos de organismos multilaterales o que inversionistas externos quieran traer su capital al país, advirtió el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
Fuente: ANF
“El no hacer lo necesario para luchar contra actividades ilícitas y, sobre todo, el lavado de activos va a traer repercusiones con el tema de financiamiento externo y más con la llegada de créditos privados, la inversión y capitales de diferentes organismos internacionales quienes van a ver con malos ojos esa situación”, afirmó el experto en declaraciones a la ANF.
El viernes, la plenaria de la GAFI y el Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Moneyval) decidió incluir a Bolivia y las Islas Vírgenes (Reino Unido) a la lista de jurisdicciones sujetas a mayor vigilancia, porque no cumplieron con los requerimientos internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales.
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En ese sentido, el economista Alberto Bonadona coincidió con Romero y dijo que esa situación también ocasionará que la emisión de bonos soberanos no sea atractiva para los inversionistas.
“Si en este momento no puede obtener créditos, será muy complejo emitir bonos internacionales debido a esa situación y esto no es por la buena o mala imagen que tiene afuera, sino no nos van a dar porque no somos totalmente solventes”, manifestó.
Tras conocer la decisión del organismo internacional, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, responsabilizó a la Asamblea Legislativa porque saboteó la aplicación de la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y anuló varias disposiciones de regulación que se encontraban en el Presupuesto General del Estado.
A la vez, Romero dijo que este gobierno ya no tiene el tiempo de asumir alguna acción para cumplir con las recomendaciones del GAFI, sino que será la primera tarea que deberá asumir la próxima administración.
“Este gobierno poco o nada puede hacer, será tarea del gobierno que entre en noviembre de asumir estas responsabilidades y tendrá que aplicar acciones de manera paulatina. Sin embargo, lo más importante en este momento es estabilizar la economía y la política, luego a mediano plazo tratar de corregir y tomar en cuenta todas las medidas que por temas políticos no se han implementado”, añadió.
Aplicación de medidas
Al respecto, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) emitió su preocupación y afirmó que aún se deben atender varias tareas pendientes, como garantizar el uso de técnicas de investigación en los casos de lavado de activos.
“Además se debe implementar la supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de piedras y metales preciosos. Garantizar que la información sobre el beneficiario final sea precisa y esté actualizada, y que los incumplimientos de las obligaciones se sancionen y aumentar las investigaciones y los procesos judiciales por lavado de activos”, dice el comunicado.
Plazo
Por otra parte, Montenegro, afirmó que por el momento el GAFI no aplicará ninguna sanción contra el Estado boliviano y tiene el plazo de dos años para resolver las observaciones y penalizaciones.
“Nosotros tenemos un plazo de adecuación para ir cumpliendo esto y si no hacemos esta adecuación, obviamente sí vamos a tener sanciones. Tenemos un