Protestan con un paro de 72 horas. 670 trabajadores exigen a la Alcaldía el cumplimiento de una sentencia constitucional de 2022 que respalda su incorporación a la Ley General del Trabajo.
Fuente: eldeber.com.bo
Este martes, 24 de junio, la Guardia Municipal de Santa Cruz cumple su segundo día del paro de 72 horas en exigencia del cumplimiento de un laudo arbitral que ordena la incorporación de este sector a la Ley General del Trabajo.
«Tengo más de 600 trabajadores que están acatando el paro, no están trabajando», informó Estefanía Calle, secretaria general del Sindicato de los Guardias Municipales, en entrevista con EL DEBER. La medida, que inició este lunes, 23 de junio, ha tenido un acatamiento total. «El 100% de los afiliados ha acatado el paro«, añadió.
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Según los datos del secretario de la Guardia Municipal, Pablo Argote Montaño, se trata de 670 trabajadores que han acatado este paro. «Nadie esta trabajando, lastimosamente estamos exigiendo al alcalde que cumpla el laudo arbitral que es incorporarnos a la Ley General del Trabajo«, informó en una conversación con EL DEBER.
Protesta del sector
El paro de 72 horas se lleva a cabo en las instalaciones de la ex terminal de buses, donde actualmente funciona la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Según informó Calle, alrededor de 150 trabajadores se encuentran concentrados en este punto, considerado el principal foco de la protesta.
Hasta el momento, el sector denuncia que la Alcaldía no se ha contactado ni ha convocado a una mesa de diálogo para atender sus demandas.
«Hay una sentencia constitucional, en la gestión 2022, que le ordena al alcalde que cumpla el convenio que firmó con nosotros. Ha habido un montón de represalias, los dirigentes somos perseguidos. Han despedido dirigentes, igual. El alcalde no respeta a nadie. Pero nosotros seguimos en la lucha, vamos a continuar porque sabemos y conocemos a nuestros derechos«, aseguró la secretaria general del Sindicato de los Guardias Municipales.
Situación laboral de la Guardia Municipal
Calle explicó que la situación laboral de muchos guardias municipales es precaria. Según la secretaria general de la Guardia Municipal, hay trabajadores en edad de jubilarse, pero no pueden hacerlo porque sus sueldos son muy bajos. «Tenemos compañeros que tienen la edad de jubilarse y que no se pueden jubilar. La jubilación no les alcanza porque no se les reconocen sus años de antigüedad”, lamentó.
Asimismo, Calle señaló que los sueldos del sector han sido bajos y que, en la actualidad, muchos guardias municipales continúan percibiendo únicamente el anterior salario mínimo nacional, equivalente a Bs 2.500.
Además, denunció represalias por parte del Gobierno Municipal. “A comienzos de este año, se ha despedido a más de 90 trabajadores por el tema de la libreta militar. Ha sido una forma de presionarnos para que nosotros no exijamos nada (…) El tema de la libreta es un requisito, pero no es una causa de despido. Entonces, ya han vuelto 3 compañeros”, sostuvo Calle.
Durante los días de paro, la seguridad ciudadana en los distritos se ha visto afectada. Según Calle, sólo algunos trabajadores de confianza de la Alcaldía —no más de 20— han sido movilizados para cubrir las funciones de los guardias municipales, sin lograr restablecer el servicio con normalidad.
«Le pedimos disculpas (a la población). Gracias a que este alcalde incumplió una sentencia constitucional, nos hemos obligado a parar y no habrá seguridad ciudadana, no habrá resguardo en las calles, en los mercados, no habrá reordenamiento de los mercados. Pedimos disculpas a la ciudadanía por estas medidas que estamos tomando, pero son nuestros derechos y los derechos de los trabajadores se tienen que respetar y cumplir», explicó Argote Montaño.
¿Qué exige el sector?
La medida de presión busca que el alcalde Jhonny Fernández cumpla con un laudo arbitral que ordena la incorporación de 270 guardias municipales a la Ley General del Trabajo, lo que les daría acceso a beneficios sociales.
Además, también piden mejores condiciones de trabajo. Según denunció Estefanía Calle, el sector enfrenta múltiples vulneraciones laborales: se les adeuda un año de subsidio, no reciben ropa de trabajo y carecen de seguridad jurídica.
“En realidad, no hay nada. Estamos trabajando porque tenemos que trabajar, sacando de nuestro bolsillo para que la Secretaría funcione. Sin embargo, estamos cansados porque no hay el cumplimiento”, expresó Calle en entrevista con EL DEBER el viernes 20 de junio.