Bolivia se encuentra en una encrucijada crítica. La crisis de abastecimiento de carburantes no es un problema distante, sino una realidad palpable que se manifiesta en las interminables filas en las estaciones de servicio, la creciente escasez de divisas y un mercado paralelo que distorsiona la economía nacional. Esta situación, que ha generado un profundo malestar social y afecta la productividad del país, exige una respuesta audaz y estratégica. Es en este contexto crucial donde el Proyecto de Ley de Carburantes, presentado por el Diputado uninominal por la circunscripción 7 de La Paz, Miguel Roca Sánchez., emerge como una propuesta vital y transformadora. Diseñada no solo para mitigar la emergencia actual, sino para forjar un futuro energético boliviano más robusto, transparente y sostenible, esta iniciativa representa una reinterpretación dinámica de nuestra soberanía energética en el marco del modelo económico plural establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).
Un diagnóstico honesto y la búsqueda del bien común
Una de las cualidades más destacadas en mi criterio de este proyecto es su diagnóstico sin rodeos de la situación actual, un imperativo en cualquier política pública orientada al bien común. Lejos de eludir la complejidad, el proponente aborda directamente las raíces del problema: la drástica disminución de la producción nacional de hidrocarburos, la consecuente caída en las exportaciones de gas natural y la alarmante escasez de divisas. El proyecto de ley no ignora los costos insostenibles de la subvención, que se dispararon un 222% de 2021 a 2022, alimentando el contrabando y un mercado negro que desangra las arcas del Estado. Este reconocimiento transparente de la crisis subraya el cumplimiento de la función social de la ley, buscando la prosperidad y el bienestar colectivo, conforme a los principios que emanan del Artículo 9 de nuestra Constitución. Al reconocer la magnitud del desafío, el proyecto sienta las bases para una intervención legislativa que puede, efectivamente, marcar una diferencia.
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Transparencia y Eficiencia como motores de una economía plural
El Proyecto de Ley de Carburantes introduce mecanismos que prometen una revolución en la transparencia y eficiencia del sector, pilares esenciales de un Estado Constitucional de Derecho. La propuesta de establecer una subasta pública para la asignación de divisas es una medida innovadora y valiente. Esta herramienta busca atacar de raíz la opacidad y los cuellos de botella burocráticos que han caracterizado la gestión de los carburantes, mitigando las distorsiones que hoy lastran la economía boliviana y contribuyendo directamente a la estabilidad financiera del país. Al optimizar el uso de divisas, se asegura un abastecimiento más eficiente y se reduce la especulación, elementos clave para recuperar la confianza del mercado y de la ciudadanía. Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, esto se alinea con el modelo económico plural (Artículo 306 CPE), que reconoce diversas formas de organización económica y fomenta la transparencia en la gestión de recursos estratégicos. La eliminación de trámites innecesarios, además, potencia la agilidad administrativa, un factor crítico en momentos de crisis que demuestra la intención de modernizar la gestión pública para servir mejor al ciudadano.
La Apertura al Sector Privado: Reforzando la Soberanía Energética y la Seguridad de Suministro
La iniciativa despliega un poderoso incentivo a la inversión privada que es fundamental para superar la crisis. La exención tributaria temporal sobre todos los impuestos nacionales y municipales en la cadena de carburantes, biocombustibles y combustibles sintéticos, es una señal clara para los inversionistas. Esta medida, combinada con la apertura a la participación irrestricta del sector privado en toda la cadena logística de los carburantes (productos refinados), se enmarca en una interpretación progresiva de la soberanía estatal sobre los hidrocarburos.
Desde el Derecho Petrolero, la distinción entre «hidrocarburos» (el recurso natural en el subsuelo, propiedad inalienable del pueblo boliviano, conforme al Artículo 348 CPE) y «carburantes» (productos refinados y manufacturados, a menudo importados) es crucial. El proyecto no vulnera la propiedad estatal sobre el recurso en bruto ni el rol estratégico de YPFB en la cadena productiva (Artículos 359 y 367 CPE), sino que busca complementar la capacidad estatal en las fases downstream (comercialización, importación de derivados), donde la agilidad y la competencia privada pueden generar eficiencia. Al fomentar la competencia y la eficiencia, el proyecto aspira a mejorar la logística, reducir costos operativos y, en última instancia, asegurar una seguridad de suministro permanente y de calidad al precio más bajo posible. Esta visión pragmática reconoce que la colaboración público-privada, dentro del modelo económico plural, es esencial para movilizar los recursos necesarios y responder a la demanda del mercado, fortaleciendo así la soberanía energética del país al garantizar su abastecimiento y reducir su vulnerabilidad.
Visión de futuro: Diversificación energética y sostenibilidad constitucional
Más allá de la solución inmediata, el proyecto de ley demuestra una visión estratégica y de futuro al incluir explícitamente los biocombustibles y combustibles sintéticos. Esta inclusión no es menor; refleja una clara intención de diversificar la matriz energética del país, reduciendo la dependencia de los hidrocarburos fósiles y alineándose con las tendencias globales de sostenibilidad ambiental. Desde la óptica constitucional, esto armoniza perfectamente con los principios de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente (Artículos 34 y 342-346 CPE), que son mandatos fundamentales de nuestro Estado. Bolivia tiene la oportunidad no solo de resolver su crisis actual, sino también de posicionarse como un actor relevante en la transición energética de la región, aprovechando nuevas fuentes de energía y fomentando la innovación, consolidando así una matriz energética resiliente y respetuosa con el entorno.
Alineación con políticas existentes: consolidando el marco legal
Es relevante señalar que este proyecto no nace de la nada; se alinea con Decretos Supremos preexistentes como el 5218 y el 5271 (de 2024), que ya intentaron simplificar trámites y autorizar la importación privada de combustibles. Esta continuidad en la política de apertura sugiere una comprensión de que las medidas anteriores, aunque bienintencionadas, no fueron suficientes para abordar la magnitud del desafío. Al elevar estas intenciones a rango legal, el proyecto busca consolidar un marco normativo más estable y predecible para el sector, dotando de seguridad jurídica a las inversiones y operaciones. Esta coherencia legislativa es fundamental para atraer y retener la inversión, tanto pública como privada, y demuestra una evolución en la política energética del Estado boliviano.
Un llamado al debate constructivo y consciente
En un momento tan crítico para Bolivia, el Proyecto de Ley de Carburantes representa una oportunidad inestimable para enfrentar con decisión y pragmatismo la crisis energética y económica. Sus virtudes de diagnóstico honesto, fomento de la transparencia, atracción de la inversión privada y visión de futuro son pilares fundamentales para construir un camino hacia la recuperación, la estabilidad y el desarrollo sostenido. Esta iniciativa legislativa, con su enfoque en la eficiencia y la apertura, es una señal de esperanza para el país.
Invitamos a toda la sociedad boliviana, a expertos en Derecho Petrolero, Derecho Constitucional, economistas, parlamentarios, agrupaciones políticas y cívicas; y a la ciudadanía en general, a un debate informado y constructivo sobre este proyecto de ley. Es fundamental analizar sus alcances, comprender sus fundamentos jurídicos y económicos, y contribuir a su perfeccionamiento para asegurar que beneficie plenamente a Bolivia y a su pueblo.