Una pericia psicológica podría salvar una vida o prevenir que una misma persona cometa delitos violentos. Tras una denuncia por violencia o durante la investigación de un delito, este estudio apoya las medidas legales para proteger a las víctimas, así como los derechos de los procesados.
De acuerdo con el criterio de cuatro expertos, la Fiscalía “se enfoca” en la valoración y pericia psicológica de las víctimas, con la idea de lograr elementos de convicción para un caso, y no se valora usar esta información para establecer el perfil de los agresores, con la idea de aplicar mejores parámetros de investigación y medidas de protección para las víctimas.
Al mismo tiempo, dicha pericia puede constituirse en un elemento apropiado para determinar, en los casos que corresponden, las condiciones del tiempo de reclusión y el tratamiento que debe recibir el procesado. Esto, dado que, en Bolivia, rige la “política restaurativa” en centros de “rehabilitación”, según la Dirección de Régimen Penitenciario.
Para realizar esta pericia psicológica, los profesionales recurren a pruebas estandarizadas y entrevistas a la persona que las requiere; y se evalúan aspectos como la inteligencia, la personalidad, las emociones y el estado mental del individuo. El estudio se puede complementar con entrevistas adicionales a personas cercanas a ella para obtener información adicional.
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Pilares
Para Carlos Tunqui, psicólogo jurídico forense, se pueden mencionar cuatro pilares fundamentales por los cuales es importante la aplicación de pericias psicológicas en personas procesadas por delitos violentos: el derecho humano, evaluación del contexto psicológico de la persona procesada, contextualizar el hecho delictivo desde la psicología y, principalmente, la prevención de más actos delictivos.
Sobre el derecho humano, los resultados del estudio también ayudan a que se respeten los derechos de la persona procesada, porque el aporte profesional no solo será de beneficio para el denunciado, “sino para el proceso judicial, de manera que se enmarque en un proceso equitativo”, explicó Tunqui, consultado por Visión 360.
En cuanto a la evaluación, el experto, docente de posgrado en cuatro universidades, sostuvo que la pericia ayudaría a determinar cuáles fueron las condiciones psicológicas del denunciado al momento de la acción violenta que dio lugar al proceso penal.
“Se hacen valoraciones tomando en cuenta dos aspectos. Para el derecho, se busca establecer si la persona (acusada) es imputable, semiimputable o inimputable por el delito del cual se lo está procesando. Sin embargo, la psicología ayudará al derecho desde otro escenario, para valorar cuáles son las condiciones mentales que influyeron al momento en que se cometió el hecho violento: trastorno de personalidad, presencia de enfermedades. Se hace una valoración de la capacidad cognitiva, sobre si la persona conoce que sus acciones son delito y que aun así las comete”, explicó el experto.
Un tercer pilar, por el cual se considera importante la pericia psicológica en hechos violentos, según Tunqui, es que permite contextualizar el delito desde el punto de vista psicológico.
“De manera que permita a las autoridades judiciales entender el contexto psicológico y emocional de la persona que cometió el delito y esto permitirá a la justicia obrar de mejor manera al momento de establecer una sentencia. Por otro lado, puede generar un escenario de recuperación y de rehabilitación”, detalló Tunqui.
Por último, el cuarto pilar para considerar la importancia de este estudio, según el experto, es un elemento que se trata muy poco en el país, es que la pericia “permite identificar patrones de conducta”, a través de la elaboración de un perfil, que podría ayudar a la prevención de la comisión de nuevos delitos violentos por parte del procesado.
Asegura que este último punto es un desafío muy grande para el sistema de justicia en Bolivia, debido a que en los centros penitenciarios aún no se aplica la clasificación de privados de libertad por el grado de su peligrosidad u otra característica que favorezca su rehabilitación.
Igualdad
Abel Loma, ex investigador policial y abogado constitucionalista, coincide con Tunqui. Pues desde su experiencia de campo, la valoración psicológica y la pericia psicológica deben aplicarse tanto a la parte que denuncia, así como a quien se imputa por un hecho violento, con el fin de evaluar el grado de credibilidad de las dos partes, “porque también hay casos en el que las víctimas presentan denuncias alejadas de la verdad”, señaló.
Loma afirmó que durante la investigación de hechos con violencia, como homicidios, asesinatos, feminicidios e infanticidios, violencia psicológica, familiar o delitos sexuales, la Fiscalía no aplica este método de investigación complementaria.
En relación con el tema de la política carcelaria, afirmó que, al margen de la sentencia, el único criterio de separación que el sistema carcelario boliviano aplica, es por el sexo, cárceles o espacios penitenciarios de hombres y mujeres. Al igual que Tunqui, reitera que los reclusos y reclusas no están separados por el grado de peligrosidad de los delitos cometidos, la edad o incluso por su estado de salud.
Para Loma, el elemento que todos los privados de libertad tienen es que, al momento de ser enviados a la cárcel, ingresan a un “sistema de vida extorsivo”, socapado por Régimen Penitenciario y del que se desentienden otras instancias como la Defensoría del Pueblo.
Malos funcionarios
En criterio de la abogada, exfiscal y perita, Karina Cuba, el problema para no aplicar las pericias psicológicas por parte de la Fiscalía, es la “falta de voluntad”, porque en casos de feminicidios e infanticidios existen protocolos de investigación que en su criterio no se cumplen en la práctica.
“Todos los fiscales tienen la capacidad profesional, la mayoría ahora son de la escuela de fiscales; el problema es si el fiscal tiene la voluntad de llevar a delante una investigación en el marco de la objetividad. El problema es la conducta del funcionario (del fiscal)”, sostuvo en entrevista con este medio.
Cuba remarca que, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, “siempre hay un antecedente” de la conducta violenta del acusado sobre la víctima, ya sea psicológica, física o sexual.
La exfiscal sostuvo que, por alguna razón, actualmente los fiscales se niegan a autorizar la elaboración de una pericia psicológica de los agresores, bajo el argumento de que este acto investigativo podría vulnerar los derechos del procesado. Sostiene que la norma permite ese tipo de indagación, ya que se constituye en un medio de verificación de un hecho.
La familia
En relación con el origen de las actitudes violentas, la abogada mencionó que este fenómeno tiene diferentes explicaciones, una de ellas se remite a la crianza familiar. Explicó que en el país se trabaja poco en la gestión de emociones, especialmente en la etapa de enseñanza de los niños. La falta de una reacción adecuada a la frustración, a la larga, puede generar perfiles agresivos y violentos.
“La pericia psicológica ayudaría a detectar cuáles son los factores que contribuyeron a que esa persona se torne violenta. Podría ser que ella también fue víctima de violencia en su niñez; y ya de adulto, con su familia o en sus relaciones de pareja reproduce ese tipo de conductas. El estudio ayuda a identificar con quién estamos tratando y también da lineamientos para el proceso de rehabilitación; y en el aspecto penal, incluso ayuda a determinar si esa persona es apta para una negociación, es decir si es factible ingresar a un proceso de conciliación con su víctima o, al contrario, el tipo de sanción que se debe aplicar y las acciones de protección hacia su víctima”, expuso Cuba.
Para la criminóloga Gabriela Reyes, es el Estado el que debe asumir la responsabilidad de realizar estos estudios, cuando la persona ya está detenida, con la idea de que esta no cometa delitos más graves.
No obstante, Reyes volvió a tocar el punto sobre la mala gestión carcelaria en el país, a la que se suma la corrupción del sistema judicial que, como ejemplo, permitió que varios sentenciados y sentenciadas por asesinatos, infanticidio y violaciones, salgan en libertad mediante acciones ilegales.
Recordó el caso de Richard Choque, un asesino y violador serial, cuyo caso fue descubierto en 2022, luego de que fuera nuevamente detenido por violaciones seriales. El sujeto ya contaba con una condena por feminicidio y estaba recluido, pero fue beneficiado con una detención domiciliaria por el juez Rafael Alcón, luego de que una exfuncionaria, convertida en tramitadora, pidiera a Choque 3.500 dólares y una botella de whisky para el juez.
“Ese es un ejemplo de cómo trata el sistema de justicia a los sentenciados por feminicidio. Por otro lado, en otros países existe esta clasificación de los privados de libertad, por la gravedad del delito que cometieron, precisamente, para evitar que se comience a imitar estas actitudes violentas. En Bolivia se dice que entran a la cárcel con una licenciatura por cometer un delito y sales con un doctorado en conducta criminal, porque estos aspectos deficientes del sistema carcelario permiten el aprendizaje de este tipo de comportamientos. Además, se debe cuidar que otros privados de libertad, que están detenidos por delitos menores o que no tienen que ver con hechos violentos, no sean víctimas de estos peligrosos delincuentes”, reflexionó Reyes.
Sin personal
De acuerdo con el tercer informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura – 2024, dependiente de la Defensoría del Pueblo, en las cárceles del país la falta de especialistas en psiquiatría complica la atención adecuada de los internos, limitándose a consultas ambulatorias mediante orden judicial, lo que resulta costoso y depende de la capacidad económica de los reclusos para financiar sus medicamentos.
“Una interna con depresión grave mencionó que, aunque asiste a citas psiquiátricas mensuales, debe comprar sus medicamentos y enfrenta discriminación y agresiones verbales de sus compañeras, quienes la llaman ‘loca’. Esto refleja la necesidad urgente de terapia psicológica y una mayor atención integral para abordar sus condiciones de salud mental y reducir su vulnerabilidad”, cita parte del documento.
Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que, entre los más de 32 mil reclusos en las cárceles de Bolivia, que viven en hacinamiento, existen 207 privados de libertad con algún tipo de trastorno mental. El 28,5% del total están diagnosticados con esquizofrenia u otros padecimientos de orden psicótico.
“La esquizofrenia tiene una mayor incidencia en varones, con 51 casos, en tanto que ocho son mujeres. Trastorno de estado de ánimo incide en 17 mujeres, mientras que 12 varones presentaron este diagnóstico. El trastorno por ansiedad en 16 mujeres y seis varones”, detalló el delegado defensorial, Pedro Callisaya.