El director de la FAM, Leoncio Layme, dijo que «tenemos grandes caídas en IDH. Los municipios de la categoría A, que son como 80 municipios a nivel Bolivia, que tienen menos de 5.000 habitantes, son los que más están siendo afectados por la reducción de recursos y la crisis».
Fuente: ANF / La Paz
Debido a la crisis económica y la reducción de los recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la Federación de Asociación de Municipios (FAM) afirmó que al menos 80 municipios que cuentan con una menor cantidad de habitantes son los más afectados por esa situación.
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El director de la FAM, Leoncio Layme, en declaraciones a la ANF, señaló que durante los últimos cinco años los recursos provenientes de la venta de hidrocarburos se redujeron en hasta un 50%, lo cual afecta a la implementación y continuidad de los proyectos sociales.
“Tenemos grandes caídas en IDH. Los municipios de la categoría A, que son como 80 municipios a nivel Bolivia, que tienen menos de 5.000 habitantes, son los que más están siendo afectados por la reducción de recursos y la crisis. Tienen un promedio de 5 a 6 millones de bolivianos de presupuesto por año y que es insuficiente para satisfacer toda su demanda interna”, informó.
Según el Presupuesto General del Estado (PGE), los recursos asignados a los 335 gobiernos autónomos municipales para la presente gestión fueron de Bs 21.435,6 millones, el cual registró un leve incremento a comparación de 2024, cuando llegó a Bs 21.246,3 millones. Empero, debido a la caída de la producción de gas, los municipios reciben menos dinero con relación a 2014.
A la vez, dijo que la situación en los municipios que cuentan con una mayor densidad poblacional es casi similar, ya que deben designar una mayor cantidad de dinero para la atención de servicios; ante eso, están recurriendo a recursos externos, recortando gastos corrientes y otros mecanismos internos.
“Estamos haciendo grandes esfuerzos por mejorar nuestra fuente de recursos propios. Estamos canalizando cooperaciones externas, optimizando los gastos a nivel interno y otras estrategias que se están aplicando para subsistir medianamente bien, porque de lo contrario sería el fracaso del municipalismo”, indicó.
Desde la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), que aglutina a las ciudades capitales y El Alto, señalaron que hasta mayo el Estado desembolsó el 49% de los recursos de la coparticipación tributaria y el 30% del IDH previsto para esta gestión.
El representante de la AMB, Alfonso Lema, dijo que, si bien se muestra una mejora en la recaudación tributaria, el poder adquisitivo no es el mismo de hace cuatro años y esa situación les obliga a reducir los gastos de funcionamiento de los municipios, además de priorizar la ejecución de proyectos.
“Si bien hay una leve mejora en cuanto a coparticipación tributaria, en comparación con otros años, el poder adquisitivo de esos recursos es menor. Por lo tanto, también hay dificultades, sobre todo en los gastos de funcionamiento, y eso hace que se tomen medidas urgentes de recortes, de priorizar la ejecución de proyectos», señaló.
Sin datos del INE
Por otra parte, Lema dijo que el Ministerio de Economía ya solicitó información a los municipios para el presupuesto reformulado que debe ser entregado en octubre, mientras que en septiembre se comenzará con la planificación de los recursos para la siguiente gestión.
En ese sentido, reveló que existe una incertidumbre de las autoridades municipales porque hasta el momento el Instituto Nacional de Estadística (INE) no entregó los datos disgregados del censo de 2024, lo que dificulta la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI).
“Al no tener los datos del INE sobre el censo, los datos disgregados de la población y la información cualitativa con respecto a la calidad de vida de los bolivianos, eso dificulta el proceso de planificación. Si bien se tiene proyecciones de las cifras globales de la coparticipación tributaria y el IDH, a la hora de planificar los POAs y los planes territoriales de desarrollo integral tenemos la incertidumbre si se van a usar los datos oficiales del censo de 2012 o en qué momento se van a poder hacer los ajustes con los datos del censo 2024”, explicó Lema.