Se trata del principal acusado quien pudo dirigir a quienes comandaron el secuestro de policías, periodistas y trabajadores agrícolas. Además, declaró un policía testigo clave de las agresiones del 28 de octubre de 2021 en un predio que ahora es fiscal
Fuente: eldeber.com.bo
El juicio comenzó como empieza el deshielo: lentamente, después de años de silencio y espera. Cuatro años después del secuestro de periodistas, policías y civiles en el predio Las Londras que está en la provincia cruceña de Guarayos, el Tribunal de Sentencia de Concepción instaló la audiencia oral contra los cinco acusados. Solo dos se presentaron. Uno de ellos, Paulino Camacho Vedia, considerado el principal implicado y señalado como “uno de los más peligrosos”, soltó una frase que encendió la sala: “Antes recibía protección. Ahora me persiguen. Estoy desprotegido”, declaró.
Camacho, vestido con ropa sencilla y el rostro tenso, se paró ante los jueces Ramón Quiroga, Rosa Victoria Copa y Elvio Cuéllar Claure. Afirmó que su abogado anterior “le hacía más caso al ministro que a mí”, sugiriendo —sin mencionarlo abiertamente— que el poder político lo había respaldado en algún momento. Lo que vino después dejó un aire cargado en la sala: “Más adelante voy a decir la verdad”, afirmó sin desvelar nombres ni otras presuntas conexiones con autoridades.
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El juicio oral se abrió por los delitos de tentativa de asesinato, lesiones graves, secuestro, robo agravado, tenencia ilícita de armas de fuego, amenazas, atentado a la libertad de prensa y organización criminal. Todo ocurrió el 28 de octubre de 2021, cuando un grupo armado, con los rostros cubiertos, interceptó a una caravana de civiles, policías y periodistas que se dirigía al predio Las Londras, en Guarayos. Fueron encañonados, golpeados, humillados y encerrados a la fuerza.
El grupo se identificó con el sector de los campesinos que estuvieron ligados a la estructura del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Solo Camacho y Nelson Rivadeneira, coimputado, llegaron hasta el tribunal. Los otros tres —Nicolás Ramírez, Martín Tejerina y Heber Canaza— no se presentaron. Están declarados en rebeldía. Pidieron, a través de sus abogados, que se suspendan las órdenes de aprehensión y que se les permita comparecer “voluntariamente”. El tribunal les negó el beneficio y mantuvo las órdenes de captura. También rechazó un incidente de extinción del proceso por el tiempo transcurrido.
Camacho y Rivadeneira negaron haber estado en el lugar el día en el que se produjeron los sucesos que activaron el caso. Se describieron como humildes campesinos que nunca tomaron un arma. Dijeron vivir en San Julián. Rivadeneira afirmó que en 2021 trabajaba como albañil.
La audiencia, sin embargo, tuvo un giro inesperado con la declaración del primer testigo de la Fiscalía: el suboficial Carlos Argote. Vestido de uniforme, habló con seguridad, miró a los jueces y apuntó directamente a Camacho y Rivadeneira como participantes del ataque. “No hablo de suposiciones, sino de hechos que viví. Me ratifico en todo”, dijo con voz firme al recordar lo que vivió.
Argote señaló que un mes después del secuestro, Camacho escapó esposado durante un operativo policial en San Julián. En su huida, intentó atropellar al fiscal Roberto Ruiz. Luego, según el testigo, lideró a comunarios para secuestrar al comandante policial Nicanor Corcuy y a un sargento de la Policía Caminera que prestaba servicios en esa región. Todos estos eventos están sustanciados en el expediente de este juicio, además de las declaraciones de expertos, testigos y víctimas.
El suboficial fue apartado del caso por orden del coronel Erick Olguín, tras presiones de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (Fsutcs), una organización que, en su momento, defendió a los implicados en este proceso judicial.
La presencia de las víctimas dio otro matiz al juicio. Percy Suárez, uno de los periodistas secuestrados en 2021, se sentó en la sala con gesto sereno, pero con los ojos húmedos, precisamente, por el impacto que le produjo haber vivido un secuestro de varias horas en el contexto de una cobertura sobre una toma de tierras.
“Esta es la primera vez que siento que se nos empieza a hacer justicia”, dijo. También expresó su solidaridad con los colegas que no pudieron asistir, algunos aún marcados por las secuelas emocionales del hecho violento.
El abogado Roberto Méndez, junto a la jurista Raquel Guerrero, representa a las víctimas en el proceso. Ambos asistieron en nombre de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Méndez no dudó en señalar que hubo interferencias políticas y negligencia estatal para esclarecer este ataque a periodistas y civiles.
“Durante años se lavaron las manos culpando a las víctimas por las demoras. Pero fue el Estado el que no hizo su trabajo”, denunció Méndez, quien además escribió varios de los hallazgos de este caso en un libro que publicó.
El juicio continuará en los próximos días. Pero ya dejó su primera gran escena: la de un acusado que, entre líneas, reveló haber sido protegido. Ahora, abandonado, promete hablar, aunque esta nueva relación de sucesos implicaría una nueva investigación a cargo de la Fiscalía.
En el expediente de este caso están testimonios de las víctimas que también han sido de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La audiencia de este juicio aún no tiene fecha para su reinstalación en el juzgado de Concepción.