Las autoridades estadounidenses consideran a las islas un punto estratégico en su estructura defensiva en el Pacífico.
Fuente: Infobae.com
El Departamento de Defensa de Estados Unidos iniciará en 2026 la modernización del principal puerto de Palau, habitualmente utilizado para actividades turísticas, con el objetivo de permitir el acceso de buques de guerra estadounidenses, según informó The Washington Post. Las autoridades estadounidenses planean ampliar y elevar el muelle y construir un nuevo centro logístico con almacenes que facilitarán el repostaje, carga y reabastecimiento de los navíos de la Marina de EEUU.
Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia dirigida a incrementar la capacidad de despliegue militar estadounidense en el Pacífico occidental. La intención es garantizar que las fuerzas estadounidenses puedan movilizarse rápidamente en caso de un conflicto en la región que involucre a China. Los planes prevén que los trabajos realizados en el puerto de Malakal permitan a las fuerzas navales de EEUU navegar a través de los estrechos canales de la nación insular y acceder a instalaciones clave tanto para operaciones rutinarias como para situaciones de emergencia.
Las autoridades estadounidenses consideran a Palau un punto estratégico en su estructura defensiva en el Pacífico, ubicándolo dentro de la denominada Segunda Cadena de Islas.
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La expansión militar de Estados Unidos en Palau enfrenta desafíos derivados de la presencia creciente de inversiones y desarrollos chinos próximos a instalaciones estratégicas, según informó The Washington Post. Entre los puntos de inquietud citados por oficiales estadounidenses y palauanos, destaca un hotel de propiedad china con vista al puerto de Malakal, donde se realizarán las mejoras. Funcionarios de ambos países temen que estas instalaciones puedan emplearse con fines de vigilancia electrónica.
Documentos de inteligencia y entrevistas reflejan que negocios y promotores inmobiliarios chinos han arrendado terrenos en las inmediaciones del puerto, el aeropuerto, un puesto de vigilancia costera y un sistema estadounidense de radar “over the horizon”. Aunque la legislación local impide la compra de terrenos por extranjeros, sí permite su arrendamiento hasta por 99 años, lo que abre la puerta a la presencia prolongada de intereses extranjeros cerca de zonas de relevancia militar.
Según funcionarios y documentos obtenidos por el diario, estas operaciones inmobiliarias no sólo proporcionan a Beijing una visión privilegiada del despliegue militar estadounidense en el archipiélago, sino que también plantean riesgos de perturbación de las actividades de defensa. Parte de los proyectos han sido vinculados con redes asociadas a organizaciones delictivas que, según autoridades estadounidenses y palauanas, podrían operar como intermediarios o “proxies” del Partido Comunista Chino (PCCh).
El patrón de adquisición de terrenos en áreas consideradas económicamente inviables y a precios elevados ha despertado sospechas en la embajada estadounidense y entre las autoridades locales, quienes advierten sobre posibles movimientos destinados a facilitar operaciones de vigilancia o desestabilización.
Palau, compuesto por más de 300 islas en el oeste del Pacífico, ha sido considerado históricamente un punto estratégico. Ubicado al este de Filipinas, formó parte de la cadena de islas ocupadas por Japón durante la primera mitad del siglo XX y fue escenario de intensos combates con fuerzas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, Palau integra la Segunda Cadena de Islas, una línea defensiva reforzada por Estados Unidos que se extiende desde Japón hasta Micronesia e Indonesia, diseñada para contener el avance geopolítico de China en la región.
En virtud de un acuerdo de libre asociación, las fuerzas armadas estadounidenses tienen amplio acceso a instalaciones palauanas, considerando el país un nodo esencial para su estrategia de dispersión y proyección rápida de fuerzas. La presencia militar reforzada ha cobrado relevancia ante el aumento de actividades de China en el Pacífico y frente al compromiso declarado del presidente chino, Xi Jinping, de tomar control de Taiwán, incluso bajo la amenaza de usar la fuerza. La posibilidad de que un conflicto en torno a Taiwán involucre a Estados Unidos ha elevado el valor estratégico de Palau y su capacidad logística en la región.
La rivalidad geopolítica también se refleja en el terreno diplomático. Palau es uno de los pocos países del Pacífico que mantiene relaciones oficiales con Taiwán en lugar de China. El gobierno chino ha realizado tentativas directas para persuadir a Palau de romper sus lazos con Taipéi. Según declaraciones del presidente palauano, Surangel Whipps Jr., China ofreció un flujo de hasta un millón de turistas al año y la ocupación de hoteles construidos por empresas chinas a cambio del reconocimiento diplomático de Beijing.
Funcionarios de Taiwán y Estados Unidos advirtieron sobre los riesgos de ceder ante estas presiones: Jessica C. Lee, embajadora de Taiwán en Palau, afirmó que la presencia de infraestructuras chinas podría facilitar sabotajes o interferencias en las comunicaciones y la respuesta militar estadounidense en caso de agresión a Taiwán. Beijing, según los analistas consultados, reconoce el papel fundamental de infraestructuras como las de Palau para la preparación militar estadounidense, y busca oportunidades para incrementar su influencia diplomática y operativa en toda la región.
Ejercicios militares y vigilancia: riesgos concretos para la seguridad de Estados Unidos en Palau
En octubre de 2024, Estados Unidos realizó maniobras en el Aeropuerto Internacional Roman Tmetuchl, en las que participaron seis aviones C-17 y centenares de efectivos de la Ranger del Ejército, ensayando el aseguramiento rápido del aeródromo ante una potencial crisis regional. A sólo 1,6 kilómetros del extremo occidental de la pista, la compañía de capital chino Horizon Holdings Group avanzaba en la construcción del hotel Ritzy, cuya proximidad generó advertencias de riesgo en informes de la Oficina de Coordinación de Seguridad Nacional de Palau.
La consultora Pacific Economics vinculó al Ritzy con el conglomerado camboyano-chino Prince Holding Group, previamente investigado por asociación a redes internacionales de juego ilegal y fraude en línea. Expertos estadounidenses consultados confirmaron que un hotel ubicado a esa distancia podría emplearse para vigilar o registrar señales electrónicas de las operaciones militares, o —en caso de conflicto y anulación de los satélites— para asistir en la localización y seguimiento de embarcaciones y aeronaves militares.
El Ritzy no es el único desarrollo inmobiliario chino de relevancia. En el norte de Palau, Grand Legend International Asset Management Group, cuyo principal accionista es Chen Zhi, presidente de Prince Group, adquirió en 2019 un contrato de arrendamiento por 99 años sobre la isla Ngerbelas, próxima a un sistema de vigilancia costera estadounidense. Documentos oficiales de Palau indican la intención de establecer un complejo turístico en la zona, lo que ha originado advertencias por posible infiltración de actividades vinculadas a juego ilegal y crimen organizado.
Las autoridades de Palau han añadido a los responsables de estos proyectos a su lista de personas “no deseadas” y, ante el aumento de operaciones sospechosas, han solicitado apoyo adicional de agencias de Estados Unidos especializadas en combate contra el crimen internacional y tecnológico.
La administración del presidente Surangel Whipps Jr. intensificó en los últimos meses las acciones para contener la influencia extranjera en Palau, focalizando la vigilancia sobre individuos y empresas de origen chino, según información de The Washington Post. Desde la reelección de Whipps en noviembre, el gobierno deportó a decenas de extranjeros, denegó más de 150 visados y permisos de trabajo, y sumó más de 100 personas a la lista nacional de “alumnos indeseables”, en su mayoría ciudadanos chinos con vínculos a arrendamientos en ubicaciones sensibles. Whipps destacó en entrevistas que este incremento de incidentes de violencia, delitos y corrupción relacionados con ciudadanos chinos forma parte de una presión sistemática para que Palau modifique su postura diplomática respecto a China, algo que Beijing ha negado oficialmente.
La embajada de Estados Unidos en Palau, a través del embajador Joel Ehrendreich, advirtió que el patrón de arrendar terrenos a precios elevados en áreas carentes de rentabilidad económica suele corresponderse con tácticas utilizadas por actores vinculados a intereses del Partido Comunista Chino. Documentos obtenidos señalan que la embajada estadounidense solicitó al gobierno estadounidense el refuerzo de personal policial y de agentes con experiencia en crimen organizado chino y tráfico de drogas, junto con fiscales adicionales para abordar el incremento de casos relacionados con ciudadanos chinos.
El Departamento de Estado de EEUU confirmó que el crimen organizado transnacional vinculado a China evoluciona en toda la región, y mencionó que el Partido Comunista Chino ha profundizado su influencia en detrimento de “la seguridad regional del Pacífico, las economías y la población”. Expertos consultados coincidieron en que las autoridades palauanas ven en la firmeza de sus controles fronterizos y la cooperación internacional su mayor recurso para limitar la infiltración de intereses foráneos que puedan amenazar la autonomía nacional y la funcionalidad de las infraestructuras estratégicas asociadas a la defensa.
Figuras empresariales chinas involucradas en estos desarrollos rechazaron las acusaciones, negando cualquier interés político o asociaciones delictivas. Algunos afirmaron que la adquisición de propiedades y el desarrollo de hoteles responde exclusivamente a motivos comerciales y ajenos a la política regional. Las autoridades de Palau, no obstante, insisten en el riesgo potencial de actividades de vigilancia electrónica o sabotaje, subrayando que la ubicación de estos proyectos —en las inmediaciones de puertos, aeropuertos o sistemas de radar estadounidenses— implica una prioridad en el monitoreo y la regulación.
De acuerdo con analistas consultados, la mayor amenaza radica en la posibilidad de espionaje y monitorización de operaciones militares que, en un contexto de conflicto con China, podría conferir una ventaja estratégica significativa a través de opciones de inteligencia disponibles gracias a la infraestructura instalada.