El imputado, quien a su ingreso a la audiencia declaró a los medios: “Soy inocente, solo miré pornografía”, enfrenta cargos por pornografía infantil agravada y abuso sexual.
El caso de Eduardo E, G., de 38 años, detenido por la posesión de más de 6.000 archivos de pornografía infantil, ha generado conmoción en Bolivia y es considerado el más grave de su tipo registrado hasta la fecha. Tras su audiencia cautelar, fue enviado con detención preventiva de 180 días al penal de Palmasola. Sin embargo, el impacto del caso va más allá del imputado: la Fiscalía informó que se activaron protocolos de protección para su hijo de cuatro años y su esposa, con quienes convivía en su domicilio.
El fiscal Mijail Cavero, encargado del caso, señaló que durante las investigaciones se evidenció que el acusado residía con su pareja y su pequeño hijo en el municipio de Warnes. De inmediato, se activaron acciones urgentes de verificación para determinar si el menor fue víctima de algún tipo de abuso por parte de su progenitor.
“En coordinación con la Defensoría de la Niñez se está brindando atención psicológica, protección legal y acompañamiento integral tanto al niño como a la madre”, aseguró Cavero. La medida busca garantizar su seguridad física y emocional ante la gravedad del delito.
El imputado, quien a su ingreso a la audiencia declaró a los medios: “Soy inocente, solo miré pornografía”, enfrenta cargos por pornografía infantil agravada y abuso sexual.
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El allanamiento a su vivienda permitió el secuestro de miles de archivos digitales con contenido de abuso infantil.
El caso fue descubierto gracias a un reporte internacional emitido por Google, que alertó a la Fiscalía General del Estado sobre una cuenta boliviana con un inusual y preocupante volumen de tráfico de material sexual infantil. A raíz de esta alerta, la División de Cibercrimen de la Felcc inició labores de ciberpatrullaje, que permitieron identificar, ubicar y detener a Eduardo.
El director departamental de la Felcc, Gustavo Astilla, confirmó que el Ministerio Público amplió las investigaciones para identificar si el acusado forma parte de una red de pedofilia con posibles ramificaciones nacionales e internacionales. “No se descarta la existencia de una organización criminal dedicada a la distribución de pornografía infantil”, añadió.
En tanto, el material incautado sigue siendo analizado por peritos informáticos, mientras el país permanece alerta ante la posibilidad de descubrir más involucrados en esta red de explotación infantil.