Bolivia se asoma a una nueva encrucijada electoral, y en este momento definitorio, resulta imperativo que nuestros líderes políticos dirijan su mirada a la médula espinal de nuestro Estado: la administración de justicia. Más allá de las promesas de campaña, la formulación de una política judicial coherente y sólida es la piedra angular para cimentar un verdadero Estado de Derecho, asegurar la supremacía constitucional y, crucialmente, garantizar que los derechos humanos sean una realidad palpable para todos los bolivianos.
Nuestra Carta Magna ha establecido las bases de un sistema judicial plural y descentralizado. Los Artículos 179 y 178.I de la CPE lo declaran con claridad meridiana: la potestad de juzgar emana del pueblo boliviano y se ejerce a través de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y las especiales. Este marco no es un mero formalismo; es un mandato ineludible para respetar y fomentar el pluralismo jurídico, la interculturalidad y la autonomía de los pueblos indígenas, garantizando una justicia accesible, transparente y eficaz. La independencia judicial, la imparcialidad, la equidad y la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales no son quimeras; son los principios rectores que deben guiar cada determinación y cada reforma.
El Tribunal Constitucional Plurinacional: ¿Custodio o Cómplice de la Deslegitimación?
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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en su concepción teórica, es el guardián supremo de nuestra Constitución, su cometido es velar por la preeminencia de la Ley Fundamental. No obstante, la trayectoria de los últimos años ha proyectado una sombra inquietante sobre este organismo. En lugar de erigirse como un baluarte inquebrantable de la Constitución, el TCP se ha visto envuelto en controversias que han mermado gravemente su fiabilidad y la certidumbre jurídica en el país.
La figura de los «auto-extendidos» o «auto-prorrogados» es, sin lugar a dudas, uno de los episodios más deplorables y perjudiciales. La Sentencia Constitucional 1042/2023-S4, que validó la extensión de los mandatos de magistrados y consejeros, supuso un golpe demoledor al Estado de Derecho. Esta resolución, adoptada por los mismos magistrados que se vieron favorecidos, no solo representa un flagrante exceso de atribuciones, sino que sienta un precedente nefasto. ¿Cómo puede un tribunal ostentar imparcialidad cuando sus propios integrantes deciden, por acto propio, prolongar su permanencia en el cargo más allá del período fijado por la misma Carta Magna que juraron defender?
A esta situación se suman fallos constitucionales que, desde una óptica académica y de defensa de los derechos, han sido tildados de «nefastos». Un ejemplo paradigmático es la Sentencia Constitucional 084/2017, que posibilitó la re postulación indefinida de autoridades, contraviniendo el límite de mandatos y un referéndum popular. Decisiones como estas no solo desvirtúan el espíritu de la Constitución, sino que debilitan la democracia al suprimir los mecanismos de alternancia y control.
Los Pilares Agrietados de la Justicia: TSJ, Tribunal Agroambiental y un Consejo Bajo el Signo de la Sospecha
Más allá del TCP, el entramado judicial boliviano afronta desafíos estructurales que impactan directamente en la confianza y el acceso a la justicia.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, aspira a una justicia imparcial, expedita, diáfana y accesible. Sin embargo, la mora procesal es un flagelo endémico, con millares de causas pendientes que se arrastran por lustros. Esta lentitud no solo conculca el derecho a una justicia pronta, sino que también desalienta el acceso a la vía judicial.
El Tribunal Agroambiental, vital para una nación rica en recursos naturales, a menudo opera con recursos exiguos y una infraestructura precaria. La falta de cobertura territorial y la escasa difusión de su labor dificultan su capacidad para abordar la complejidad de los litigios en su ámbito, especialmente los vinculados a la tierra y el recurso hídrico.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura, órgano administrativo y disciplinario del Órgano Judicial, ha sido quizás el más vituperado y el que mayor inestabilidad ha generado. Su gestión ha estado permanentemente bajo la sombra de la corrupción, sobre todo en la designación de jueces y la preselección de vocales. Las denuncias de tráfico de influencias y venta de cargos han erosionado la meritocracia y la independencia judicial desde sus cimientos. El caso del exconsejero Marvin Molina y el infausto video que lo relaciona con supuestas negociaciones de cargos judiciales son una muestra palpable y repulsiva de cómo la corrupción ha calado hasta la médula en este organismo.
La Urgencia de Reconfigurar la Elección Judicial: Un Clamor por la Integridad
Es impensable abordar una política judicial integral sin encarar la espinosa cuestión de la elección de las autoridades judiciales. Aunque la Constitución establece la designación por sufragio universal de los Magistrados, la experiencia ha evidenciado que este mecanismo ha generado más escollos que soluciones. Los comicios judiciales se han transformado en un proceso altamente politizado, donde la preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha estado signada por intereses partidarios, la opacidad y una selección que, con frecuencia, ha priorizado la afinidad política sobre la idoneidad y la meritocracia.
Los reiterados fracasos electorales y los recursos de amparo que han puesto en jaque la realización de los sufragios, derivando incluso en la ya mencionada «auto-prórroga», son un testimonio de que el sistema vigente no garantiza la independencia ni la excelencia de la justicia.
Los actores políticos en estas elecciones nacionales no pueden obviar esta realidad. Es impostergable abrir un debate serio y profundo sobre la reforma del proceso de elección judicial. No se trata de revertir el principio de la elección popular per se, sino de buscar mecanismos que aseguren una preselección fundada en la meritocracia, la idoneidad y la independencia de los candidatos, lejos de las cuotas políticas. Propuestas como las de los «Juristas Independientes», que plantean un referéndum para modificar la forma de elección de los jueces, o la búsqueda de una comisión de selección con mayor autonomía y criterios técnicos, deben ser consideradas con seriedad.
La Promesa de las Vías Alternativas: Forjando una Cultura de Concordia
En el horizonte de una política judicial integral, no podemos soslayar la trascendental importancia de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). La sobrecarga judicial, la lentitud de los procesos y el costo inherente a los litigios hacen que la justicia tradicional no siempre sea la vía más eficiente ni la más apetecible. En este sentido, el impulso y el fortalecimiento de la transacción, la conciliación y el arbitraje son herramientas vitales para descongestionar el sistema judicial y, lo que es aún más relevante, para fomentar una cultura de paz y diálogo en la sociedad boliviana.
La inclusión activa de estos MASC no es solo una cuestión de eficiencia, sino también de equidad, permitiendo a la ciudadanía acceder a mecanismos de resolución de disputas más ágiles, económicas y, con frecuencia, más satisfactorios. Para lograrlo, es indispensable: legislar y robustecer los marcos normativos; capacitar y profesionalizar a conciliadores, árbitros y mediadores; promocionar y difundir sus beneficios; e integrar activamente estos mecanismos con el sistema judicial.
Conclusión: Hacia una Justicia Auténtica y la Reconstrucción de la Confianza
La política judicial en Bolivia, en este momento crucial de definiciones políticas, debe trascender las coyunturas electorales y sentar las bases para un sistema de justicia sólido y confiable. Para ello, es primordial:
- Consolidar la Autonomía Judicial y Regenerar el TCP: Garantizar la plena independencia de los órganos judiciales y revertir la «auto-prórroga» en el TCP, revisando las sentencias que han socavado la institucionalidad.
- Despolitizar y Erradicar la Corrupción en la Elección de Altas Autoridades: Propugnar un nuevo modelo de selección que priorice la meritocracia y la transparencia, blindando el proceso de las influencias político-partidarias.
- Fortalecer la Carrera Judicial y Transformar Profundamente el Consejo de la Magistratura: Es vital una carrera judicial basada en el mérito y una reforma radical del Consejo de la Magistratura, convirtiéndolo en un organismo técnico, transparente e incorruptible. El vergonzoso episodio del video de Marvin Molina debe servir como un recordatorio constante de lo que jamás debe repetirse.
- Optimizar la Justicia Ordinaria y Agroambiental: Combatir la mora procesal y dotar al Tribunal Agroambiental de mayores recursos, infraestructura y presencia territorial.
- Impulsar el Pluralismo Jurídico con Coordinación: Establecer mecanismos efectivos de interacción entre las distintas jurisdicciones.
- Asegurar la Accesibilidad y la Transparencia: La justicia debe ser cercana, transparente y eficiente, eliminando barreras y adoptando la digitalización.
- Fomentar los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos: Impulsar activamente la transacción, la conciliación y el arbitraje para aliviar la carga del sistema judicial y edificar una cultura de paz.
En una nación con la diversidad cultural y jurídica de Bolivia, la política judicial debe ser dinámica y adaptarse a las necesidades sociales, promoviendo la independencia judicial y evitando cualquier forma de arbitrariedad o injerencia política. Solo así se podrá consolidar un Estado de Derecho robusto, que no solo dirima conflictos, sino que también construya paz social, justicia genuina y desarrollo sostenible para todos los bolivianos. Los líderes políticos que aspiren a conducir el país en los próximos años tienen la responsabilidad histórica de asumir este desafío y proponer soluciones concretas y duraderas para una justicia que verdaderamente sirva al pueblo, recuperando la credibilidad en sus instituciones y, especialmente, en su Tribunal Constitucional.