A tres semanas de estallar el caso consorcio, ninguno de los siete aprehendidos se encuentra actualmente en un penal. Incluso los tres que recibieron la detención preventiva y debieron estar encarcelados, ahora están internados en centros médicos.
De los siete aprehendidos, cuatro recibieron detención domiciliaria y tres la detención preventiva.
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Los tres que recibieron la detención preventiva son el exministro César Siles, la exvocal Claudia Castro y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza.
Siles debe ser enviado a la cárcel de Patacamaya, sin embargo, fue internado en una clínica. Su abogado informó la semana pasada que el exministro fue intervenido quirúrgicamente, debido a un problema colorectal, y que requiere curaciones.
En el caso de la exvocal Castro, quien incluso fue llevada al penal de Obrajes, ha sido trasladada a un centro médico, debido a su estado de salud marcado por la epilepsia y un cuadro de salmonelosis, según su abogado Marco Mostajo.
El abogado Mostajo sostuvo que la exvocal requiere de seguimiento diario a su salud y que, además, necesita medicamentos que no existirían en Bolivia.
En cuanto al juez Lea Plaza, quien debería estar en la cárcel de San Pedro, su abogada Zuleika Lanza informó el anterior viernes que fue internado por su estado de salud delicado, además de que sufre de depresión.
El resto de los aprehendidos cumple detención domiciliaria: el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Campero, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Yván Córdoba, además de un abogado y un exfuncionario judicial.
Consultado sobre esta situación de que ninguno de los implicados está en la cárcel, el representante del Consejo de la Magistratura, Marco Cárdenas, señaló este lunes que corresponde al Ministerio Público considerar esta situación y cómo el proceso pudiese haber afectado la salud de los implicados.
En este caso se investiga una red de autoridades, quienes habrían inducido al juez Lea Plaza a emitir un fallo para destituir a una magistrada titular del TSJ, de manera ilegal. Un audio y testimonios indican que el exministro y vocales habrían presionado al juez para que lleve adelante esa acción.
Asimismo, se conoce de un prófugo de este caso, quien era la persona que presentó el recurso legal en base al cual se pretendía suspender a la magistrada.
El caso se encuentra actualmente declarado en reserva ampliada, después de haber fenecido un primer plazo.