La parte demandante señaló que espera que se siente un precedente sentenciando a los acusados. Son cerca de 4 años desde el violento secuestro de periodistas y policías
Jorge Huanca
Fuente: eldeber.com.bo
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Tras cuatro suspensiones, este miércoles, el Tribunal de Sentencia de Concepción instaló el juicio oral sobre el brutal ataque que sufrieron los periodistas que cubrían un caso de avasallamiento de tierras en el predio Las Londras, zona de la provincia Guarayos, en 2021.
El tribunal que lleva adelante este proceso está compuesto por los jueces Ramón Quiroga, Elvio Cuéllar y Rosa Victoria Copa.
Antes de la audiencia, el expresidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y asesor jurídico del gremio, Roberto Méndez, indicó que espera que se siente un precedente sentenciando a los acusados.
“Hemos escrito un libro sobre este caso donde manifestamos que estos encapuchados armados que atacaron a los periodistas son protegidos por el Gobierno”, resaltó Méndez al referirse a los obstáculos que tuvo el proceso.
El periodista y abogado también dijo que “lo paradójico” es que la última vez que se suspendió la audiencia fue porque Raúl Rivadeneira Escalante, uno de los acusados, se encontraba resfriado.
Además de Rivadeneira, los otros investigados por las violentas agresiones en Las Londras son Paulino Camacho Vedia, Heber Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada.
Ellos están siendo procesados por los delitos de tentativa de asesinato, privación de libertad, tortura, lesiones graves, robo agravado, portación ilícita de armas, organización criminal y atentado contra la libertad de prensa.
El 28 de octubre de 2021, siete periodistas que daban cobertura a un conflicto por avasallamientos de tierras fueron emboscados por un grupo armado encapuchado.
Por más de seis horas, los trabajadores de la prensa fueron golpeados, torturados, amenazados de muerte y sometidos a vejaciones, según testimonio de los propios comunicadores.
El proceso transcurrió en medio de irregularidades desde la liberación de acusados peligrosos, suspensión de 17 audiencias y cambio de fiscales sin justificación.