El gobierno de Luis Arce pretende forzar la aprobación de los proyectos de ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025 en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Fuente: ANF
Estos proyectos buscan dar curso a contratos con la empresa china Hong Kong CBC, así como con la empresa rusa Uranium One Group, en el marco de la explotación del litio, denunciaron representantes de la sociedad civil.
“Como representantes de la sociedad civil y estudiosos del proyecto de explotación del litio boliviano, expresamos nuestro firme rechazo y declaramos estado de alerta ante esta tentativa de comprometer el futuro del país en un momento crítico de inestabilidad política y profunda crisis económica”, señala un comunicado emitido por Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Fundación Solón, Club de Ginebra y Cedib.
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Las instituciones sostienen que el país está a escasos días de las elecciones nacionales y que esta decisión no le corresponde ni a este Gobierno ni a esta Asamblea. Ratificaron sus observaciones que han plasmado en el “Manifiesto a la opinión pública boliviana de febrero de 2025”. “Estamos preocupados, pero al pie de la acción y lucha. Se pone en juego 30 años de contratos del litio”, afirmó José Carlos Solón que investiga el tema.
Observó que la Asamblea Legislativa que está en sus últimos meses de funcionamiento pretenda aprobar los contratos con las empresas rusa y china, pese a las observaciones que existen. “Es bastante apresurado y llamativo” que se incorpore en la agenda de la Cámara de Diputados, sostuvo.
Reiteraron la denuncia respecto a los contratos, por ser “incompletos, confusos e incongruentes en su redacción y alcance. No muestran ninguna garantía de éxito técnico de una tecnología cuya utilización no se ha demostrado en las condiciones de los salares bolivianos. No presentan un plan de negocios serio y confiable que demuestre una viabilidad económica de las inversiones ante un escenario internacional altamente incierto y volátil. Los precios del Li2CO3 actuales en el mercado internacional no cubren los costos de explotación, los que a su vez aún no han sido evaluados con seriedad y menos socializados por el gobierno”, precisan en el documento.
Asimismo, advierten que se “Trasladan los riesgos financieros al Estado, al comprometer a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a reembolsar a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones, mediante la producción de carbonato de litio. Se basan en proyecciones financieras de YLB sobredimensionadas y poco realistas. Incluyen cláusulas técnicas y financieras que favorecen desproporcionadamente a las empresas CBC y Uranium One, minimizando sus riesgos y maximizando sus beneficios, en detrimento de la rentabilidad que debería corresponder a Bolivia”.
Por otra parte, sostienen que “No abordan adecuadamente los impactos ambientales por falta de información científica básica, ni establecen mecanismos claros de mitigación. No garantizan el cumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informado de las comunidades afectadas. Dificultan la posibilidad de renegociar a futuro un aumento en las regalías mineras (actualmente en 3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores. Por tanto, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a proteger los recursos naturales estratégicos como el Litio y no aprobar los proyectos de contrato que le han sido sometidos. Asimismo, convocamos a la ciudadanía, instituciones, organizaciones y líderes a mantenerse vigilantes”.
/ANF/