En una entrevista con Israel Campero, aseguró que la Universidad Unión Bolivariana certificó que Fanny Coaquira fue docente del área civil.
Fuente: eldeber.com.bo
Por Carlos Quisbert
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira negó haber falseado información sobre su experiencia laboral y aseguró, a través de su abogado, que sí fue docente de la carrera de Derecho de la Universidad Unión Bolivariana (UB), como declaró al momento de postularse a las elecciones judiciales.
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El abogado de Coaquira, Israel Campero, afirmó que existen documentos oficiales que respaldan esa afirmación. “Si se debate si la magistrada Fanny Coaquira fue o no docente de la Universidad Bolivariana, la respuesta es contundente: sí lo fue. Tenemos documentos emitidos por la misma universidad que acreditan que impartió clases en esa área específica”, señaló en una entrevista con EL DEBER Radio.
La declaración emergió luego de que un grupo de autoridades judiciales intentara apartarla del cargo mediante una acción de cumplimiento presentada ante el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza —actualmente detenido—. La acción fue impulsada por Antonio de la Fuente y su abogado, José Ramiro Uriarte, quienes solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión de Coaquira por supuestamente haber mentido en su declaración de méritos.
Como respaldo, los denunciantes adjuntaron un certificado presuntamente emitido por el jefe de la carrera de Ciencias de la Educación y Derecho de la UB, en el que se indicaba que Coaquira no fue docente de esa institución. Sin embargo, ahora se conoce que dicho documento era falso.
Esta revelación complica la situación legal de De la Fuente y Uriarte. Además, se investiga la participación de una tercera persona, cuya identidad aún se mantiene en reserva, pero que también habría intervenido en la elaboración del memorial de la acción de cumplimiento, según informó a EL DEBER el abogado Manolo Rojas, representante legal de Uriarte.
El 6 de junio, el juez Lea Plaza falló a favor de los denunciantes y ordenó la suspensión de Coaquira, además de la habilitación del magistrado suplente Iván Campero. Esta resolución fue denunciada ante el Ministerio Público por tratarse, presuntamente, de una decisión prevaricadora, lo que dio origen al conocido caso de Consorcio entre administradores de justicia.
Hasta la fecha, el caso cuenta con siete personas imputadas y un prófugo: Antonio de la Fuente. Entre los procesados figuran el abogado Uriarte, el exministro de Justicia César Siles, el magistrado suplente Iván Campero, la exvocal Claudia Castro y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova.
Paralelamente, la magistrada Coaquira inició un segundo proceso penal contra De la Fuente y Uriarte por uso de instrumento falsificado y falsedad material, debido a la presentación del certificado adulterado.
El fiscal del caso, Ramiro Sullcamani, confirmó a EL DEBER que ambos denunciados ya fueron citados y que se analiza el informe oficial emitido por la Universidad Bolivariana para convocar a más testigos.
Finalmente, el abogado de Coaquira desmintió las declaraciones que De la Fuente dio a otros medios, donde afirmó tener una amistad con la magistrada. También dijo desconocer a la otra accionante que acompañó a De la Fuente en la acción de cumplimiento, una mujer perteneciente a la comunidad LGBTI.