Fuente: Visión 360
Durante los actos conmemorativos del 16 de Julio en La Paz, el presidente Luis Arce reconoció que no era “posible” que su equipo garantizara la provisión de combustible al 100%, debido a la falta de aprobación de los créditos en el Legislativo. Ante esta declaración y la situación que se vive en los surtidores, muchos ciudadanos se preguntan: ¿cuándo se resolverá este problema?
Analistas y especialistas en el tema, consultados por Visión 360, aseguraron que las filas por combustible continuarán hasta 2026 y que la solución dependerá del nuevo gobierno, que será elegido el 17 de agosto. Hoy, en pleno proceso electoral, los candidatos incluyen este tema en sus principales propuestas.
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“Ya se sabía que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) no tenía la capacidad ni la voluntad de resolver la crisis. La declaración de Arce solo lo confirmó”, afirmó el exministro Álvaro Ríos.
El físico y analista Francesco Zaratti Sacchetti agregó que la respuesta del Presidente “crea mayor desconfianza y mayor apuro en la gente que busca tener siempre el tanque lleno, porque no saben si mañana habrá gasolina. Y es una irresponsabilidad, porque han tenido todo el tiempo para enfrentar ese problema”.
Por su parte, la analista Susana Anaya explica que “tiene sentido que el Gobierno no asuma la responsabilidad, porque es reconocer que su modelo económico y energético ha fracasado. Sabe que no le queda otra opción que dejar la solución a la siguiente gestión”.
La solución pasa por eliminar uno de los pilares de la política económica de las dos décadas de masismo: la subvención a los hidrocarburos, según los analistas.
Es importante saber cuánto es el costo en boca de pozo, en el transporte del líquido.
SUSANA ANAYA
La subvención al combustible nacional se implementó por primera vez en 1997, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez. En teoría, la medida buscaba mantener el precio de los combustibles relativamente estable y asequible para la población boliviana.
El siguiente ajuste en los precios se realizó en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa. Desde entonces, no se ha alterado el monto, a pesar de las oscilaciones del mercado internacional.
Ríos recordó que Arce, tanto como ministro de Finanzas de Evo Morales como presidente, tuvo la oportunidad de comenzar a resolver el entuerto económico en el que se encuentra el país actualmente.
“El presidente Arce sabía que se producía menos gas natural, menos gas condensado y menos petróleo. Sabía que las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) se estaban agotando, que las arcas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comenzaban a vaciarse por la importación. Y sabía que el país se iba a desabastecer”, recordó el especialista.
Anaya y Zaratti recordaron que una señal de que el modelo iba a terminar en la crisis actual fue el llamado “gasolinazo”, anunciado por el gobierno de Morales en diciembre de 2010.
Se sabía que el Gobierno no tiene ni la capacidad ni la voluntad de resolver la crisis.
ÁLVARO RÍOS
Ese año, se decidió cesar la subvención a los combustibles. Esto provocó que los precios subieran hasta un 82%, lo que, a su vez, causó una huelga del transporte y fuertes críticas de los aliados del MAS, a tal punto que Morales revirtió la medida menos de una semana después.
“La realidad es que es necesario que sinceremos los precios del diésel y la gasolina. Y sé que el presidente Arce era un entusiasta de esta medida. Yo coincidí con él en un encuentro y los dos teníamos el mismo discurso, que revelar la realidad de los costos era necesario. Pero, después, él decidió contra proceder con la medida porque se levantaba El Alto. No se puede decir que no conoce el problema y la solución, pero, por simple populismo, no toma las medidas que debería”, explicó Zaratti.
Esto significó que la carga sobre el pueblo boliviano continuó. A ello se suma una “pésima” política de exploración de gas. “El problema es que la subvención impide que se paguen los precios justos y, por tanto, no hay un retorno adecuado para invertir en la exploración y perforación de nuevos campos. Lo que, a su vez, significa que seguimos consumiendo nuestras reservas sin recargarlas”, agregó Anaya.
Luego de dar este contexto, los especialistas consideran que la solución a la crisis, que dependerá del próximo gobierno, comienza por dos factores: sincerar los precios en todos los eslabones de la cadena productiva del petróleo y resolver el problema de la escasez de divisas.
“El próximo gobierno tiene que llegar con plata fresca para abastecer de combustible, al menos durante los primeros seis meses a un año de gestión, hasta que se establezcan ciertas políticas, como el levantamiento de subsidios, y se pueda incentivar algo de exploración que resulte en una mayor producción”, consideró Ríos.
Zaratti está de acuerdo. “El nuevo gobierno tiene que resolver el problema macroeconómico del déficit de divisas”. Agregó que, cuando se resuelva eso, “hay que abordar el problema de cómo atraer inversiones. Pero, por ahora, lo único que queda es prestarse plata para no desabastecer a la población ¿Por qué? Porque hemos tenido una fallida política energética”.
Hay varias opciones para ello. Una de las más obvias es conseguir créditos, aunque los especialistas reconocen que el riesgo es alto debido al estado del crédito nacional. La otra opción es establecer conversaciones serias con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Quien se siente en la silla presidencial debe ser consciente de que tendrá que invertir entre nueve y 10 millones de dólares para abastecer de gasolina al país. Si no lo logra, difícilmente durará mucho tiempo en el poder”, advirtió Ríos.
Y, de forma paralela, está el saber exactamente el costo de la distribución de combustibles. Pero eso no significa que sea un proceso traumático para el país.
Arce no puede decir que no conoce el problema, pero, por populismo, no toma medidas.
FRANCESCO ZARATTI
Anaya indicó que suspender la subvención debe ser un proceso integral. Es decir, que no se limite al costo del diésel y la gasolina directamente al consumidor, sino que abarque todos los puntos de la cadena.
“Es importante saber cuánto cuesta el diésel, el gas y la gasolina en boca de pozo. Cuánto se invierte en el transporte del líquido, ya sea mediante oleoductos o transporte terrestre, cuánto cuesta refinar la materia prima y, finalmente, la venta en las estaciones. Eso no solo permitirá planificar adecuadamente las medidas a seguir”, consideró Anaya.
Los especialistas aseguraron que la suspensión de la subvención no debe ser abrupta, sino que puede planificarse de manera paulatina. Además, consideraron que solo podrá aplicarse cuando se garantice la provisión, gracias a la llegada de divisas.
Zaratti, por ejemplo, recordó que ya se ha instalado un proceso, digamos suave, para quitar la subvención, con la implementación de la gasolina premium. “Es más cara, y las estaciones elaboran estrategias para lograr que los conductores la adquieran.”
Anaya agregó que se puede establecer un calendario para eliminar el subsidio a diferentes sectores de la población. Por su parte, Ríos aconseja aplicar un sistema de compensaciones para facilitar la transición, como, por ejemplo, bonos para el transporte público y medidas para facilitar el acceso de los sectores productivos.
Paralelamente, se debe trabajar en atraer inversiones al sector, otra de las razones para sincerar los precios. “Nadie va a invertir si, por la congelación del costo, no van a tener un retorno. Se atraen inversiones con normas adecuadas y con seguridad jurídica”, aseguró Anaya.
Por su parte, Zaratti recordó que “nadie viene a invertir para vender solo en el mercado interno, donde sabemos que los precios no son los del mercado internacional”.
Los tres especialistas coincidieron en advertir que los próximos años no serán fáciles, tanto para la población como para el nuevo gobierno. Entre otras cosas, está el riesgo de una nueva escalada en los costos de la canasta familiar.
Zaratti indicó que es el momento de trabajar en “independizar a Bolivia de los hidrocarburos”. “Por lo menos, no depender tanto como ahora, un 90%. Esta política de transición energética significa generar electricidad a partir de fuentes renovables, como plantas hidroeléctricas, energía solar, eólica, biodiésel, geotérmica… toda esa riqueza de fuentes que Bolivia tiene”.
Este cambio debió iniciarse entre cinco y diez años atrás, de forma coordinada y con una visión a largo plazo. Pero tanto Anaya, como Ríos y Zaratti coinciden en señalar que lo único que hizo el Gobierno, ya sea el de Evo Morales o el de Luis Arce, fue aplicar parches temporales, como las plantas en Oruro y Cochabamba, de funcionamiento inconsistente, o anuncios de biocombustibles que no llegaron a concretarse.
Las propuestas para el sector energético
Autonomía para Bolivia-Súmate: Manfred Reyes Villa propone restablecer a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como el operador y socio estratégico del capital privado. Contempla lanzar 56 proyectos exploratorios con una inversión superior a los 1.400 millones de dólares estadounidenses (USD). También revisará la Ley de Hidrocarburos.
Planteó eliminar a los intermediarios en la cadena de distribución y garantizar la provisión de gasolina y diésel a 5 bolivianos el litro, tanto para el sector agroproductivo como para la ciudadanía en general. También sugiere fusionar YPFB y ENDE en una sola empresa energética estatal, “Bolivia Energía”.
Alianza Unidad: Samuel Doria Medina propone una reforma en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El plan es realizar una intervención y reestructuración, depurando personal no calificado y mejorar su eficiencia. Asimismo, plantea la liberación del mercado de combustibles, que permita importaciones privadas para los sectores productivos y una modernización de refinería.
El candidato apuesta, además, por la intensificación de la exploración. Para ello se establecerán alianzas con privados y mediante incentivos a pequeñas refinerías. También busca focalizar la subvención a los sectores más vulnerables y modificar la Ley de Hidrocarburos para un nuevo entorno competitivo.
Adelantó la creación de un fideicomiso de regalías, que sería gestionado por entidades regionales independientes, una medida que busca descentralizar parte del poder de decisión sobre estos recursos.
Libertad y Democracia: Jorge Tuto Quiroga asegura que planteará medidas urgentes, entre ellas el pago de mejores precios a productores, con el objetivo de hacer rentables las reservas actuales y reactivar la producción. Propone liberar completamente la importación de combustibles y focalizar el subsidio, especialmente en el transporte público.
Asimismo, considera importante lograr una reforma de la Ley de Hidrocarburos, especialmente para eliminar los costos recuperables, simplificar contratos e incentivar la exploración. Además, promueve una política agresiva de biocombustibles, el uso estratégico del gasoducto a Brasil. También incluyó en su plan la transición hacia energías renovables, con el objetivo de que al menos el 50% de la generación eléctrica provenga de fuentes limpias.
Alianza Popular: Andrónico Rodríguez reconoció, implícitamente, el agotamiento del modelo extractivista boliviano. Su propuesta estrella es un Plan Nacional de Transición Energética 2025-2050, que consiste en la sustitución progresiva de los hidrocarburos, implementar ahorro energético y la industrialización verde.
También apuesta por una “revolución del litio”, enfocada en producir baterías y componentes con valor agregado en Bolivia, así como por una alianza regional del litio con países del G77. Su plan incluye también industrializar biocombustibles y sustituir el diésel importado.
En términos de financiamiento, propone un Fondo de Transición Energética alimentado por la reducción de subsidios y cooperación internacional.