La estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), lejos de avanzar hacia un modelo moderno e industrializado, está atrapada en un esquema obsoleto, sin rumbo claro y ausente del debate político, advierten dos expertos
Fuente: ANF / La Paz
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), otrora columna vertebral del desarrollo minero estatal, atraviesa una profunda crisis estructural que compromete su capacidad operativa y pone en entredicho el destino de millonarias inversiones públicas. Así lo advierten Héctor Córdova, expresidente de Comibol, y Justo Zapata Quiroz, doctor en ciencias químicas y docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
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Ambos expertos, en entrevista en el podcast del semanario Hora 25, coinciden en que la minería estatal, lejos de avanzar hacia un modelo moderno e industrializado, está atrapada en un esquema obsoleto, sin rumbo claro y ausente del debate político. Córdova sostiene que Comibol ha sido “desmembrada” y que su estructura actual responde al antiguo código minero de 1977, sin que haya sido refundada ni reconstituida, pese al paso del tiempo y los cambios de contexto.
“La empresa está languideciendo. No hay crecimiento en su actividad minera, ni se han recuperado todas sus minas. Sigue igual que hace 30 años, y eso no conduce a nada bueno”, afirma el exejecutivo, quien también denuncia una falta de voluntad política para transformarla. Para él, las operaciones estatales se encuentran “bastante maltrechas”, y los casos de Mutún, Huanuni y Colquiri son muestra de ello.
Uno de los ejemplos más preocupantes es el proyecto siderúrgico del Mutún. Aunque se construyó con crédito de China e incluye siete plantas, la planta clave de reducción directa (DRI) no funciona debido a un conflicto técnico y legal con una empresa mexicana. Esto obliga a importar hierro metálico desde Brasil, encareciendo el proceso y alejando el objetivo de soberanía industrial.
Huanuni, por su parte, enfrenta un panorama igualmente contradictorio. Córdova señala que se invirtió en un moderno ingenio, Lucianita, solicitado incluso por los propios trabajadores, pero ahora enfrenta resistencia interna de nuevos empleados que, por intereses particulares, no permiten su funcionamiento a plena capacidad.
Desde otra perspectiva complementaria, Justo Zapata sostiene que la minería en Bolivia debe permanecer bajo control estatal, pues representa no solo una fuente de riqueza económica, sino un instrumento integral de desarrollo. “Es la única empresa capaz de impulsar un desarrollo multidimensional”, afirma el académico, en alusión a dimensiones científicas, tecnológicas, ambientales, sociales y políticas.
Zapata coincide con Córdova en que Comibol debe ser refundada y dotada de cuadros técnicos calificados. Propone un programa educativo dirigido a formar ingenieros mineros, geólogos y otros profesionales que fortalezcan el aparato estatal minero. Considera que esto es vital para romper con el ciclo extractivista que ha caracterizado la historia minera boliviana.
“El capital de Bolivia está en su subsuelo. Hay un inmenso potencial mineral que no estamos aprovechando adecuadamente”, señala Zapata, mostrando un mapa metalogénico que destaca la presencia de estaño, zinc, antimonio, bismuto, tungsteno, indio, boro, cobalto y tierras raras. Para él, el país tiene reservas para seguir siendo minero al menos por dos siglos.
Colquiri es otro caso paradigmático de lo que Córdova denomina “oportunidades desperdiciadas”. Se construyó un nuevo ingenio, pero llegó con años de retraso. El proyecto más estratégico –una planta para procesar el concentrado de zinc, subproducto del estaño– no se concretó. “Eso hubiera incrementado vertiginosamente las utilidades, pero no pasa nada”, lamenta el analista.
Respecto al litio, Córdova recuerda que se prometió industrialización, pero el proyecto se estancó en la producción de materia prima. Según su análisis, la eficiencia del proceso ha sido mermada por factores técnicos y por el cambio climático, lo que obligó a redimensionar las operaciones. Las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio operan a la mitad de su capacidad y solo 78 de las 160 piscinas están en funcionamiento.
Además, cuestiona los recientes contratos con empresas chinas y rusas para la extracción directa de litio. “Desde mi punto de vista, no son convenientes para el país”, sentencia. Considera que Bolivia debería preservar el control soberano de este recurso estratégico, en vez de delegarlo a firmas extranjeras que priorizan la rentabilidad antes que el desarrollo nacional.
Para Justo Zapata, el litio es solo un ejemplo más del fracaso de una visión centrada exclusivamente en la extracción. “Bolivia se ha quedado en la etapa primaria. No hemos dado el siguiente paso: la fundición”, afirma. Recuerda que en el pasado ya se intentó frustrar ese avance, como ocurrió con la fundidora de Vinto. A su juicio, esta resistencia proviene de intereses que se benefician del actual modelo exportador de materia prima.
Ambos expertos convergen en que el papel del Estado en la minería debe ser protagónico, pero no bajo el modelo actual. La refundación de Comibol, acompañada de una reforma profunda, aparece como el camino indispensable para reencauzar el sector hacia un horizonte de sostenibilidad, soberanía y beneficio colectivo.
La educación, insisten ambos, es una herramienta clave. Córdova y Zapata plantean programas académicos con enfoque estratégico que integren ciencia, tecnología y gestión ambiental, y que estén alineados a las necesidades reales de la minería estatal. Solo así será posible generar valor agregado y transformar la minería en motor de desarrollo integral.
Pese a la urgencia del tema, ambos expertos lamentan su invisibilización en la agenda pública. Ni los candidatos presidenciales ni los partidos han priorizado el debate minero en sus programas de gobierno. “Esto refleja una sociedad desinformada y una clase política sin visión de país”, dice Zapata.
Para revertir esta situación, ambos proponen que el Estado recupere el control sobre la explotación aurífera, que actualmente está en manos de cooperativas y actores informales, provocando una pérdida inmensa de riqueza sin retorno social. “Estamos dejando ir el patrimonio nacional a manos llenas”, concluye Córdova.
En suma, la crítica situación de Comibol, las plantas paralizadas, y las inversiones millonarias sin retorno, no son solo síntomas de mala gestión, sino también de una política minera sin norte. Para cambiar el rumbo, advierten Córdova y Zapata, se requiere decisión política, conocimiento técnico y una sociedad que comprenda que sin minería estatal sólida no hay desarrollo sostenible posible en Bolivia.
