Dos semanas después de un doble asesinato en la localidad de Shinahota se reportó otro en Ivirgarzama. Según los informes preliminares, las víctimas fueron acusadas de haber robado vehículos.
Fuente: Infobae
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En menos de dos semanas, tres personas fueron asesinadas en la región cocalera de Bolivia, al centro del país, acusadas de haber robado vehículos. El fin de semana se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre con evidentes signos de violencia, además de quemaduras y ataduras en pies y manos.
Según los informes preliminares, la víctima fue interceptada por un grupo de personas cuando estaba en su vehículo en la localidad de Ivirgarzama, distante a unos 220 kilómetros al noreste de Cochabamba. Los agresores lo acusaron de estar vinculado al robo de autos y lo agredieron físicamente, luego de haber encontrado en su poder llaves de vehículos, baterías, llantas, autopartes y proyectiles de arma de fuego.
Según se ve en imágenes que circularon en redes sociales, el cuerpo quedó tendido fuera de la camioneta que luego fue incendiada por los agresores. La Fiscalía conformó una comisión de profesionales para realizar las investigaciones.
Este caso se suma al linchamiento de dos personas ocurrido a unos 40 kilómetros, en la localidad de Shinahota el 27 de junio. Las víctimas fueron identificadas como Richard Alca Mamani Rojas y Richard Romero Alá, quienes murieron por golpes contundentes en la cabeza y ahorcamiento.
El linchamiento se produjo luego de que ambos fueran acusados de robo de dinero y vehículos en ese municipio, según los primeros reportes. En este caso, la Fiscalía presume que hay un tercer implicado quien, según declaraciones de testigos un grupo de pobladores, fue sacado de su vivienda con violencia, torturado y llevado con rumbo desconocido. Desde entonces no ha sido encontrado.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el menciona que estos hechos reflejan la profunda crisis de credibilidad y acceso a la Justicia que atraviesa el país, pero que de ninguna manera justifican acciones violentas y fuera de la ley. “Ningún delito, por grave que sea, justifica el sufrimiento cruel e inhumano de otro ser humano”, señala el pronunciamiento en el que piden a la Policía y al Ministerio Público una respuesta “pronta y efectiva” a la población.
Los linchamientos en Bolivia son un fenómeno preocupante que ocurre con cierta frecuencia en distintas regiones del país, especialmente en áreas rurales y periurbana. Si bien el Estado boliviano condena los linchamientos, enfrenta dificultades para prevenirlos y castigar a los culpables porque suelen ser multitudes en las que es difícil individualizar a los responsables. En ese sentido, la mayoría de estos crímenes quedan impunes.
Pese al aumento de la violencia, estas regiones del país no cuentan con presencia policial fija desde finales del año pasado, cuando los agentes fueron replegados por la supuesta falta de condiciones de seguridad por parte de grupos afines al ex presidente Evo Morales (2006-2019).
Si bien los pobladores han pedido el retorno de la Policía para combatir la inseguridad ciudadana, el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, indicó que aún no hay una fecha establecida y afirmó que “está condicionado a que se asegure la protección de los uniformados y de sus familias, que han sido objeto de amenazas constantes por parte de sectores evistas”.
En tanto, el viceministro de Régimen del Interior, Jhonny Aguilera, aseguró en contacto con el periódico El Deber que en esa zona hay “un control político del territorio”, que impide que la Policía y otros órganos de Estado puedan sentar presencia. Según el funcionario, la resistencia a las fuerzas del orden público está asociada a la presencia de organizaciones “paraestatales” con el objetivo evitar el control de actividades ilícitas en esa región.