En el marco del conversatorio “Elecciones 2025: la paridad como condición democrática”, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya señaló que pese a la vigencia de la Ley N° 243 (Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres) aún hay una agenda pendiente de trabajo para lograr un ejercicio efectivo del derecho de las mujeres.
Fuente: https://www.defensoria.gob.bo
“Para nosotros es importante este conversatorio porque nos permite tocar la paridad como una cuestión de justicia, de igualdad de derechos humanos en el camino de construir y fortalecer una democracia justa, representativa y por supuesto sin discriminación alguna”, señaló Callisaya durante la inauguración del conversatorio, organizado en coordinación con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Bolivia.
“Pese a la existencia de la Ley 243, hay una agenda pendiente de trabajo, una agenda que todavía debemos plasmar para lograr un ejercicio efectivo del derecho de las mujeres”, remarcó el Defensor del Pueblo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Además de la intervención del Defensor del Pueblo, el conversatorio reunió exposiciones de la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez; la investigadora de la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva (UNFPA), Mónica Novillo; la jefa de la Unidad de Derechos Generacional y Género de la Defensoría del Pueblo, Bolivia Sánchez y la representante de la Asociación de Concejalas de Bolivia, Maribel Mita.
Para el Defensor del Pueblo, nuestro país está viviendo un “contexto muy particular, complejo y cargado de múltiples desafíos. (…) Por eso creemos nosotros, desde la Defensoría del Pueblo que un proceso electoral democrático es una de las vías, por no decir la única vía, por la cual se va a transitar esta crisis”.
El Defensor del Pueblo sostuvo que, la paridad ha sido parte de los sistemas de protección de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Mujeres con la Ley modelo de paridad entre mujeres y hombres en el Estado y la vida política y pública, también señaló la recomendación general N° 40 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) “que establece claramente la necesidad de que los Estados puedan garantizar la paridad en los puestos de toma de decisiones en todos los niveles de la administración pública y el poder judicial”.
Asimismo, el Informe Defensorial denominado “Obligadas a renunciar, Compromisos Forzosos de Gestión Compartida: vulneración a los derechos políticos de las mujeres” evidencia casos en los que mujeres, autoridades electas, fueron hostigadas hasta provocar su renuncia y que el hombre pueda asumir su titularidad.