La semana pasada la directora de Insumos Bolivia, Marlen Fernández, denunció que se pagó un anticipo de Bs 63 millones a la empresa por 700 toneladas de arroz, pero el producto estaba contaminado con eses y orina de ratón por lo que no se puede comercializar.
La empresa Agropecuaria Centurión S.A. se adjudicó un contrato de forma directa para el suministro de 13.800 toneladas de arroz de origen argentino, por Bs 145,5 millones. Cuenta con un patrimonio de Bs 1,5 millones, denunció la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Janira Román.
“El Gobierno adjudicó de manera irregular un contrato de 145,5 millones de bolivianos, a una empresa con un capital de 1,5 millones de bolivianos para que importe arroz. La empresa no tiene el capital suficiente para garantizar el cumplimiento del contrato. Esto es una total irregularidad, por parte del Gobierno y la empresa”, denunció la legisladora a la ANF.
La semana pasada la directora de Insumos Bolivia, Marlen Fernández, denunció que se pagó un anticipo de Bs 63 millones a la empresa por 700 toneladas de arroz, pero el producto estaba contaminado con eses y orina de ratón por lo que no se puede comercializar.
Según el contrato publicado en el Sistema de Contrataciones Estales (Sicoes) al que accedió este medio, el convenio se suscribió el 27 de diciembre de 2024 en el marco del Decreto Supremo 5250 que autorizó a esa instancia importar el producto para venderlo en el mercado interno por la escasez que se registró.
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La empresa fue constituida el 6 de junio de 2016 en el departamento de Santa Cruz. El documento notariado señala que la junta de accionistas, del 30 de septiembre de 2020, decidió inyectar un capital de Bs 1.400.000 aportado por el accionista José H. B. Es decir, antes de esa fecha, su patrimonio era de Bs 1.000.000.
“En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el día 30 de septiembre de 2020, se celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas, cuya acta se insertará y formará parte integrante de la presente escritura; en la cual se resolvió proceder al aumento del capital social de la sociedad, inyectando capital a la sociedad en la suma de Bs. 1.400.000, que fueron aportados por el accionista José Hernán Bedoya, según lo resuelto en la junta extraordinaria de accionistas de fecha 30/09/2020 ya citada, en consecuencia, el nuevo capital social y pagado de acuerdo al siguiente detalle: Capital Suscrito y pagado. Con los aportes acordados que ascienden a los Bs. 1.400.000.-, suma de dinero que a la fecha se adiciona y consolida al capital ya pagado de la sociedad, el nuevo capital suscrito y pagado alcanza a la suma de Bs. 1.500.000”, señala el documento al que accedió este medio.
La empresa tiene tres accionistas, el socio mayoritario es José H. B. con un capital de Bs 1.491.400 concentrando el 99%, está Jaime A. con un patrimonio de Bs 100 y Denise T. D. B. con un aporte de Bs 8.500.
A la vez, Román cuestionó que el convenio se haya suscrito bajo la modalidad de contratación directa y que el Gobierno no haya lanzado una licitación pública tomando en cuenta la cantidad del producto que se requería, consideró que hubo un favorecimiento a la empresa.
“Al ser una contratación directa hay un claro direccionamiento y favorecimiento. El Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía deben investigar a los responsables de este proceso de contratación, es por eso que ya interpusimos las acciones para que estas dos instancias actúen de oficio”, señaló.
No es del rubro
Otra observación que hizo la diputada es que la empresa se dedica a la crianza, engorde de ganado vacuno, porcino y equino, no a la producción o importación de arroz. Consideró que se trata de un nuevo caso de corrupción y vulneración a la normativa de contrataciones estatales.
Revisando el portal del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) la actividad económica de la empresa está relacionada a la ganadería, procesamiento industrial de carne. Además, se dedica a la siembra, cosecha, producción y comercialización de frutos, semillas, productos tropicales y agrícolas.