Diputada Nayar presenta denuncia penal contra Ruth Nina y exige su aprehensión inmediata


La diputada de CC Luis Nayar formalizó la demanda contra la aliada de Evo Morales por atentar contra el proceso democrático; sus declaraciones se constituyen en una prueba directa del delito

Ruth Nina, dirigente aliada de Evo Morales.  Ruth Nina, dirigente aliada de Evo Morales. Foto: Archivo

 

Fuente: Correo del Sur / Sucre

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar presentó una denuncia penal contra Ruth Nina, jefa del extinto partido PAN-Bol, por sus declaraciones emitidas en un encuentro político evista, en Lauca Ñ, Cochabamba, el pasado fin de semana, Y exigió su aprehensión inmediata.



“Se necesita evitar que esta gente busque la suspensión del proceso de las elecciones generales. Ruth Nina es un riesgo inminente, motivo por el cual debe estar tras las rejas”, manifestó la diputada.

Las declaraciones de Nina: “en vez de contar votos, van a contar muertos”, emitidas el sábado pasado, causaron molestia en la población por instigar públicamente a la violencia para frenar el proceso electoral.

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Esas declaraciones configuran un delito penal y atentan contra el proceso democrático, denunciaron.

Nayar también recordó que su colega, la diputada Luciana Campero, presentó hace unas semanas una denuncia penal contra Evo Morales por presunta instigación pública a delinquir y amenazas.

La legisladora insistió en que estas expresiones representan un peligro para la estabilidad política del país a poco más de un mes de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.

Prueba directa

El abogado Andrés Ritter aseveró que las declaraciones de Nina constituyen una prueba directa del delito.

“Es inconcebible que 37 días antes de una elección se amenace diciendo que se van a contar muertos en lugar de votos. Esto no puede permitirse en un Estado de derecho”, dijo.

El jurista confirmó que la denuncia de Nayar fue presentada ante el Ministerio Público en la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de que se active una investigación penal.

Ritter exigió también que se secuestre el teléfono celular de la denunciada, para establecer si existen otros autores intelectuales detrás de las amenazas.