En el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) diversos países recomendaron al Estado boliviano garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión, además de implementar un mecanismo de protección integral para periodistas que incluya a la sociedad civil y acelerar la ley de acceso a la información pública.
Fuente: ANF-Sumando Voces
El gobierno de Luis Arce afirmó que los periodistas víctimas de agresiones durante las coberturas tienen mecanismos de protección como el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi), no obstante, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia cuestionó a esta instancia. Respecto a la Ley 351, el Gobierno reiteró que la norma no impide que las ONGs operen de manera libre e independiente.
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“La libertad de expresión, se encuentra ampliamente reconocida en la Constitución Política del Estado y el Estado cuenta con instancia de apoyo como la Defensoría del Pueblo y el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima – SEPDAVI. Al respecto, en cuanto el SEPDAVI toma conocimiento de un caso de esta naturaleza, se comunica con la víctima para ofrecer sus servicios”, afirmó la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, en una entrevista escrita.
Además del Sepdavi, que ofrece servicios legales, psicológicos y sociales, menciona que otra instancia de protección de los profesionales del Periodismo es la Defensoría del Pueblo.
En el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) diversos países recomendaron al Estado boliviano garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión, además de implementar un mecanismo de protección integral para periodistas que incluya a la sociedad civil y acelerar la ley de acceso a la información pública.
El Gobierno tomó nota de la recomendación, pero eso no garantiza que las recomendaciones sean cumplidas, sostiene la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, al observar que de las nueve recomendaciones que hicieron varios países, el Gobierno sólo admitió cinco sobre aspectos relacionados al trabajo de los periodistas.
“Nos preocupa que el Estado haya eludido su responsabilidad en dos temas importantes, la creación de un mecanismo nacional de protección a periodistas y la aprobación de una ley de acceso a la información, dentro de las cuatro recomendaciones que el gobierno anotó”, afirmó.
Explicó que el Gobierno se comprometió a investigar las agresiones a periodistas, casos que revisten un grado de impunidad, sin embargo, cuestionó que sean compromisos declarativos al cuestionar el rol del Sepdavi, que en el caso de Las Londras “cumplió una tarea de intento de disuadir a los periodistas involucrados en la demanda” a desistir del proceso.
La ANPB denunció la permanente violencia contra los periodistas en sus coberturas y ha comunicado esta situación a la Relatoría de la ONU, a la CIDH, a Reporteros Sin Fronteras y a otras entidades. “Entre el 2022 y 2024 ocurrieron al menos 495 vulneraciones a la libertad de prensa, el 40% ataques directos a periodistas, entre violencia física, amenaza de muerte, intimidación, contexto de alta vulneración al trabajo periodístico”, dijo Alanes.
Precisó que este hecho deja en la absoluta indefensión a los periodistas, más aún cuando se convierten en las principales víctimas de un estado de intolerancia y beligerancia en situaciones de conflicto. Ejemplificó los bloqueos impulsados por el expresidente Evo Morales.
Las agresiones contra periodistas siempre quedan en la impunidad. Ejemplos hay varios, uno de ellos es el caso Las Londras que, luego de casi cinco años, recién se instaló el juicio, con un solo periodista que impulsa el proceso. La violencia y el amedrentamiento no son sancionados.
Acceso a la información
El gremio periodístico también ve con preocupación que el Estado solo haya tomado nota sobre la importancia de promover la aprobación de una ley de acceso a la información. Bolivia es uno de los pocos países que no cuenta con una norma de esta naturaleza.
Precisó que junto a una comisión del Senado se trabajó en un proyecto de ley de acceso a la información, un modelo de ley 2.0 de la Organización de Estados Americanos. “Ha sido aprobada en octubre de 2024 en el Senado, pero ahora está estancada en la Cámara de Diputados. Eso nos da cuenta que no existe voluntad política para avanzar en la aprobación”.
En relación a las cinco recomendaciones aceptadas por el Estado, Alanes sugirió que se realice un seguimiento para su pleno cumplimiento y pidió a la Defensoría del Pueblo ejercer esa labor para precautelar el ejercicio de derechos.
El Ministerio de Justicia, respecto al acceso a la información, dijo que Bolivia ratificó mediante la Ley 1182 de junio de 2019, el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. De igual manera, explicó que el DS 28168 de 17 de mayo de 2005, garantiza el acceso a la información como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Alanes cuestionó que en la práctica existan restricciones y limitaciones en el acceso a la información. “Hubo una serie de limitaciones como la falta de acceso a la información y respuestas a las demandas para que los periodistas hagan investigación y fiscalización a la gestión estatal a través de presiones para que revelen sus fuentes de información”.
“Los derechos a la comunicación, información, libertad de expresión, de opinión y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa, se encuentran establecidos en el Artículo 106 de la CPE, y la Ley de Imprenta se encuentra en plena vigencia”. No obstante, la representante de los periodistas insistió que el reconocimiento de algunas recomendaciones es “declarativa”.
Lamentan que el Estado no reconozca las restricciones de la ley 351, pese a recomendaciones
El Gobierno, en representación del Estado, sostiene que el decreto reglamentario y la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas “no restringen” la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para operar libremente, de manera independiente y efectiva”, y que solo se limitan a regular la otorgación y registro de organizaciones sin fines de lucro.
En ese marco, la Ministra de Justicia asegura que “la libertad de asociación está garantizada”. No obstante, Claudia Terán, Coordinadora del Programa Defensores y Defensoras de la red UNITAS, recordó que la norma está vigente desde 2013, es decir hace poco más de una década.
“Desde el primer ciclo, (el Estado) ha recibido recomendaciones para que se adecúe, que se modifique (la Ley 351) por considerarla desproporcional y que restringe la libertad de asociación. Pero son más de 10 años que no hay avances”, enfatiza.
Lamentó que el Estado no considere que la norma es restrictiva, contrariamente de lo que recomienda y piensan varios países en el Examen Periódico Universal (EPU), además de otros organismos internacionales, que han recomendado la modificación de la ley. “La libertad de asociación es un derecho habilitante de varios otros: libertad de expresión, derecho a defender derechos, libertad de protesta”, explicó.
En consecuencia, Terán afirma que el Estado está vulnerando no solo el derecho de asociación en lo práctico y cotidiano, sino otros vinculantes. Resalta que el Estado haya asumido otras recomendaciones y en algunos casos existen avances, pero en otros no.
“Si el Estado no considera que esta Ley es restrictiva, entonces no hay base para debatir, porque si el Estado no considera, pero están los estándares internacionales demostrado que sí, es difícil plantear una agenda para mejorar el ejercicio de estos derechos”, dijo Terán.
Saravia insistió que el tomar nota de las recomendaciones “no implica una negativa a realizar acciones para la protección de derechos o libertades”, sin embargo, sostuvo que en determinadas sugerencias ya existe normativa o en su caso la “recomendación contradice la CPE o la normativa interna vigente”.
“Como se puntualizó en la primera pregunta, las 20 recomendaciones sobre las cuales, el Estado tomó nota, pueden agruparse en 9 temáticas. Al respecto, en algunos casos se considera que existe normativa suficiente con relación a ciertas recomendaciones, en otros casos la recomendación va en contra de estipulaciones constitucionales”, reiteró la autoridad.
El grupo de trabajo del EPU hizo 275 recomendaciones al Estado de Bolivia, de las cuales 254 fueron aceptadas, una fue aceptada parcialmente y 20 fueron anotadas.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, manifestó que es importante el seguimiento y monitoreo a estas recomendaciones, promover la emisión de reportes de actualización, además de difundir las recomendaciones.
Sobre la recomendación de garantizar la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. “Al respecto, la presencia o no de la OACNUDH, en el país, no determina el cumplimiento de los Derechos Humanos”, sostiene el informe del Gobierno.
Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo existe “la necesidad de reconstituir esta oficina en el país”. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no tiene presencia en Bolivia desde diciembre de 2017. El Gobierno justificó este hecho bajo el argumento que coordina con la Oficina Regional de Naciones Unidas.
El nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos es un tema pendiente. La titular de Justicia dijo que el desarrollo del plan fue planteado sobre la base de las recomendaciones del EPU, cuyo documento final y formal fue adoptado el pasado 2 de julio. “Contando ya con ese documento oficialmente, se iniciará el trabajo de cara a la adopción de este Plan”.
/Sumando Voces/