Durante el encuentro se abordaron mecanismos para mejorar la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía, el sector productivo y los órganos reguladores
Ariel Melgar Cabrera
Fuente: eldeber.com.bo
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, encabezó este miércoles una reunión interinstitucional en Santa Cruz con representantes de sectores productivos, ganaderos y autoridades forestales, con el objetivo de fortalecer la lucha contra tres delitos que amenazan al departamento: incendios, avasallamientos y abigeato.
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“Estos delitos no solo afectan la producción agrícola y ganadera de la región, sino que también vulneran derechos colectivos, comprometen el equilibrio ambiental y ponen en riesgo la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra”, afirmó Mariaca.
El encuentro reunió a representantes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).
El fiscal general destacó que el Ministerio Público trabaja en el fortalecimiento institucional, con el fin de enfrentar estos delitos con mayor rapidez y eficiencia. “Estamos impulsando acciones conjuntas que permitan sancionar, prevenir y proteger a las víctimas, en un marco de legalidad y paz social”, subrayó.
Durante el encuentro se abordaron mecanismos para mejorar la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía, el sector productivo y los órganos reguladores, frente al crecimiento de actividades delictivas como la quema ilegal de bosques, tomas de tierras y robo de ganado.
Los representantes de los sectores presentes coincidieron en la urgencia de aplicar medidas más eficaces, garantizar la seguridad jurídica en el área rural y preservar el potencial productivo del oriente boliviano, especialmente ante la proximidad de la temporada crítica de incendios forestales.
El evento concluyó con el compromiso de todas las instituciones de mantener una agenda conjunta de trabajo, monitoreo permanente y evaluaciones periódicas, que permitan traducir la coordinación institucional en resultados concretos para el país.