Aunque el Gobierno habilitó la libre importación de combustibles con aranceles cero, menos del 10% de las solicitudes se concretaron. Empresarios advierten trabas, demoras y control estatal excesivo
Fuente: eldeber.com.bo
Desde que el Gobierno autorizó la importación de combustible por parte del sector privado, se atendieron 375 solicitudes, pero solo 36 empresas concretaron compras. Diversos sectores, como el transporte, el agro y el exportador, han pedido al Ejecutivo que se facilite este proceso.
Desde mediados de 2024, Bolivia enfrenta una escasez de combustible que ha paralizado varias actividades económicas y ha puesto en aprietos tanto al sector empresarial como al propio Gobierno. Ante esta situación, la administración del presidente Luis Arce Catacora emitió un decreto que autoriza la compra privada de diésel y gasolina.
La libre importación de combustible fue habilitada mediante el Decreto Supremo 5271, promulgado en noviembre de 2024. Hasta entonces, el suministro de hidrocarburos era una atribución exclusiva del Estado. Pero, la crisis obligó al Gobierno a abrir esta operación al sector privado.
No obstante, distintos sectores han manifestado que el proceso para obtener la autorización es excesivamente burocrático.
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Datos
De acuerdo, a datos de YPFB un total de 343 empresas iniciaron trámites para importar carburantes con fines de consumo propio. Las modalidades de importación se dividen en dos: consumo propio, para abastecimiento interno de empresas o personas naturales; y comercialización, que habilita la venta y distribución en el mercado interno.
En este contexto, la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, reveló que 36 empresas privadas están importando de forma activa combustibles en Bolivia como parte del nuevo régimen de libre importación que busca mitigar la escasez de diésel y gasolina en el país.
“Ustedes conocen bien que la política del Gobierno ha sido cero IVA para la importación de diésel, gasolina y todos los hidrocarburos”, declaró Serrudo.
Según detalló, estas medidas han permitido que varios actores privados, principalmente ligados al agro y la minería, puedan adquirir combustible del extranjero para abastecer sus operaciones.
Estas empresas, dijo, están debidamente inscritas en el Registro de la Aduana Nacional y han iniciado procesos de compra directa con fines productivos.
“El agro y la minería son todos estos importadores que se han registrado para realizar la importación propia, particular, para la producción de lo que son sus industrias”, explicó la funcionaria.
Sin embargo, la Aduana no maneja públicamente los volúmenes exactos de las importaciones privadas. “Esos volúmenes los tiene el INE (Instituto Nacional de Estadística), que es la entidad encargada de todo lo que es estadística”, aclaró Serrudo, añadiendo que la Aduana remite la información a esa entidad para su procesamiento.
La medida de eliminación del IVA a los combustibles importados fue dispuesta en abril por el Ejecutivo para incentivar la participación privada ante la incapacidad estatal de cubrir toda la demanda interna.
Trabas burocráticas
A pesar de la habilitación, diversas cámaras empresariales han denunciado que el proceso sigue siendo burocrático y que no todas las solicitudes son aprobadas con celeridad. El Gobierno aún mantiene el control sobre las autorizaciones, mientras que YPFB sigue siendo el principal importador y distribuidor de hidrocarburos.
El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, advirtió que la escasez de combustibles y las trabas burocráticas en su importación directa están generando graves perjuicios a la economía nacional, especialmente a sectores como el agropecuario, la manufactura y el comercio exterior.
“Todos los sectores de actividad económica (…) están con cifras rojas, están con decrecimientos en las exportaciones”, afirmó Olguín, quien explicó que la única excepción es la minería, aunque incluso ese rubro ha comenzado a resentirse. “Ha ralentizado su dinámica de crecimiento por estos efectos logísticos que estamos comenzando a ver”, puntualizó.
Olguín detalló que la intervención de entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y la participación de intermediarios tanto en la compra como en el transporte de combustibles, impide que los sectores productivos puedan acceder de manera ágil y eficiente al diésel y la gasolina.
“Liberar todos estos elementos, bajar a cero la burocracia puede permitir que el país tenga un respiro en estas dificultades logísticas que estamos teniendo”, sostuvo el ejecutivo.
Olguín también denunció que en las provincias ya se observan precios por encima de los regulados, y que las largas filas en surtidores persisten, afectando la logística, la producción y la competitividad del país.
En la víspera el presidente Luis Arce ratificó que el Gobierno no puede garantizar el abastecimiento de combustible en Bolivia, en medio de una creciente crisis que afecta a transportistas de rutas interdepartamentales, quienes denuncian que deben esperar hasta tres días para cargar diésel en las estaciones de servicio.