Uno de los acusados, en su declaración ante el Tribunal, admitió haber despedido a su abogado anterior porque “le hacía más caso al ministro que a mí”, dejando entrever una posible protección política detrás del caso, según afirmó el representante legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz
Fuente: eldeber.com.bo
A tres años y ocho meses del violento ataque contra periodistas, policías y civiles en el predio Las Londras de Guarayos, este miércoles, 9 de julio, se instaló finalmente el juicio oral en el Tribunal de Sentencia Primero de Concepción. El proceso se abrió con las declaraciones de dos de los cinco acusados y con el testimonio clave de un suboficial de la Policía, que reveló el grado de peligrosidad de los implicados.
“Este es un paso importante. Se ha instalado el juicio y eso significa una esperanza de que finalmente se hará justicia”, afirmó el abogado Roberto Méndez, quien estuvo presente junto a la jurista Raquel Guerrero, ambos defensores de las víctimas y representantes de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
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El juicio oral se instaló con la presencia de dos de los cinco acusados: Paulino Camacho Vedia y Nelson Rivadeneira Escalante. Mientras que los otros tres procesados —Heber Sixto Canaza, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada— se encuentran en rebeldía, aunque presentaron memoriales solicitando suspender sus órdenes de aprehensión para presentarse próximamente en las otras audiencias.
Testigo clave
Uno de los momentos más relevantes fue la declaración del primer testigo de la Fiscalía: el suboficial de la Policía, Carlos Argote, quien identificó plenamente a los dos acusados presentes ante el tribunal como los autores del ataque armado contra 17 personas, entre periodistas, policías y civiles.
Argote juró ante al estrado judicial y luego afirmó que Paulino Camacho Vedia es uno de los “más peligrosos” de los acusados y recordó que el 24 de noviembre de 2021, un mes después del secuestro en Las Londras, huyó enmanillado e intentó atropellar al fiscal Roberto Ruiz para evitar ser capturado durante un operativo policial en San Julián.
Según la declaración del suboficial de la Policía, tras su fuga, Camacho, aprovechando su dirigencia campesina, comandó a un grupo de vecinos para privar de libertad y encerrar en una celda a un sargento de la Policía Caminera y al coronel Nicanor Corcuy, comandante de San Julián.
El grupo liderado por Camacho exigía la liberación de Sixto Canaza (detenido en ese entonces) y que cesen los operativos de aprehensión para liberar a los dos policías que fueron encerrados en una comisaría. Sobre este hecho, el coronel Corcuy elevó un informe al Comando de la Policía de Santa Cruz, en el cual señala a Paulino como el cabecilla de los sucesos y lo describe como una persona reacia a negociar, pues «se mostraba altanero».
En el juicio, el abogado de los acusados, Moisés Chucata, tildó de “suposiciones” el informe policial que sindica a Paulino Camacho como el más peligroso, pero el suboficial respondió: “Esto no son suposiciones, esto es real, yo lo viví”.
Por su parte, Camacho y Rivadeneira negaron su participación en el secuestro a siete periodistas, cuatro policías y seis civiles registrado el 28 de octubre de 2021, afirmando que eran un campesino humilde y un albañil de San Julián, respectivamente. Sin embargo, el testimonio del policía los contradijo directamente, señalando la presencia de ambos en la zona del avasallamiento el 27 de octubre de 2021, un día antes de que siete periodistas fueran secuestrados, golpeados y amenazados con armas de fuego, cuando se reportó la desaparición de un trabajador durante un avasallamiento a la propiedad Las Londras.
El testimonio del suboficial de la Policía fue calificado como «contundente» por el abogado Méndez, pues señaló que no solo confirmó la presencia de Camacho en el lugar de los hechos, sino que también reveló el grado de peligrosidad y amenaza que representaban los acusados para las autoridades policiales y fiscales.
Al finalizar la audiencia del juicio, el suboficial Carlos Argote dio una entrevista a la radio Erbol, en la que reafirmó su testimonio. “Me ratifico en todo lo que he dicho porque es la verdad. No hablo de suposiciones, sino de hechos que viví”, dijo Argote, quien fue uno de los tres investigadores del caso Londras hasta enero de 2021, porque fueron cambiados a otros destinos tras el pedido que hizo la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc) de Santa Cruz al entonces comandante de la Policía cruceña, Erick Olguín.
Protección política
Además, Paulino Camacho, en su declaración, admitió haber despedido a su abogado anterior porque “le hacía más caso al ministro que a mí”, dejando entrever una posible protección política detrás del caso, según afirmó Méndez. “Camacho dijo que antes recibía protección y que ahora se siente desprotegido”, agregó el jurista.
El abogado también denunció la intromisión política y la falta de diligencia en etapas anteriores del proceso. “Se intentó lavar las manos culpando a las víctimas por las demoras procesales, cuando en realidad fue el aparato estatal el que no cumplió con su trabajo”, enfatizó.
Durante la audiencia se mencionó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ya que uno de los acusados deslizó que las tierras en disputa fueron declaradas fiscales poco después del ataque. “Eso también se tiene que investigar. Hay una contaminación política en el manejo de la tierra que no se puede ignorar”, concluyó Méndez.
Para Méndez, estos primeros avances marcan un hito importante en la búsqueda de justicia. “Se ha abierto una luz de esperanza de que la justicia, por fin, se va a pronunciar. El proceso se ha instalado y los testimonios ya comienzan a desnudar la estructura de impunidad y amenazas que rodearon este caso desde el inicio”, aseguró.
Juicio en cuarto intermedio
La jueza Rosa Victoria Copa, presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción (compuesto también por los jueces Ramón Quiroga y Elvio Cuéllar), informó que debido a que el Ministerio Público solo presentó un testigo en esta primera audiencia, se dispuso un cuarto intermedio hasta el 5 de agosto a las 10:30, cuando continuarán las declaraciones testificales.
“La recarga procesal de este tribunal no permite fijar una fecha más próxima”, explicó Copa. En total, la Fiscalía deberá presentar más de nueve testigos, mientras que la defensa anunció que presentará más de 60.
La audiencia contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo. Su representante destacó que la institución se hizo presente para verificar el respeto a los derechos procesales y evitar nuevas postergaciones en un caso donde la justicia «ha tardado más de lo razonable».
Percy Suárez, uno de los periodistas secuestrados, no ocultó su emoción: “Me siento como un perro con dos colas. Esta es la primera vez que siento que se nos empieza a hacer justicia”, declaró. También expresó su respaldo a los colegas que no pudieron asistir al juicio por motivos personales o secuelas emocionales: “Si yo estoy aquí, es como si estuvieran los otros seis periodistas secuestrados”.
La próxima audiencia está fijada para el 5 de agosto. Mientras tanto, la Asociación de Periodistas de Bolivia y otras entidades defensoras de derechos humanos anunciaron que mantendrán una estricta veeduría ciudadana para evitar nuevas dilaciones.