Siguen con su guerra sucia. Están circulando una campaña de desinformación que busca presentar al candidato Samuel Doria Medina como promotor de la legalización del aborto en Bolivia.
Esta narrativa, carente de sustento jurídico y basada en la manipulación de sus declaraciones, no solo distorsiona su posición, sino que pretende usar un tema sensible como arma política, de la forma más baja y ruin.
Lo que Doria Medina ha expresado públicamente —y que está registrado— es su compromiso de respetar la ley vigente en materia de interrupción del embarazo.
En ningún momento ha propuesto una legalización general del aborto, ni ha promovido una reforma legislativa que amplíe sus causales. Su posición es clara: el Estado debe garantizar que se cumpla la normativa boliviana vigente y sin dilaciones injustificadas en los casos excepcionales que ya contempla el ordenamiento jurídico.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
¿Cuáles son esos casos?
Según el Código Penal boliviano, el aborto no es punible cuando:
1. El embarazo es resultado de una violación, incesto o estupro.
2. Existe peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada.
Esta normativa fue reforzada por la Sentencia Constitucional 0206/2014, que eliminó la exigencia de una autorización judicial previa para acceder a estos procedimientos. Desde entonces, los servicios de salud pública están obligados a garantizar el acceso al aborto legal en esas circunstancias, con la sola presentación de una denuncia o declaración jurada.
Es decir, el aborto legal ya existe en Bolivia desde hace décadas, bajo causales específicas, y ha sido refrendado por el propio Tribunal Constitucional. Lo que Doria Medina plantea es simplemente que la ley se cumpla, como corresponde a cualquier Estado que se rige por el principio de legalidad.
Convertir esa postura en una supuesta promoción del aborto libre o una agenda ideológica importada no es más que una maniobra política deshonesta, que busca sembrar confusión en la población. Es, además, una falta de respeto a las mujeres que enfrentan situaciones límite, como una violación o un embarazo que pone en riesgo su vida, y que hoy por hoy tienen el derecho legal de acceder a una interrupción del embarazo sin ser criminalizadas.
La verdadera pregunta que deberían hacerse quienes lanzan esta campaña sucia es: ¿están a favor de que se incumpla la ley? ¿De que se revictimice a niñas y mujeres violadas? ¿De que se ignore una sentencia constitucional que protege la salud y los derechos fundamentales?
Samuel Doria Medina ha dicho con claridad que su compromiso es con el cumplimiento de la ley, no con ninguna forma de legalización ampliada. Pretender lo contrario es faltar a la verdad y degradar el debate público con fines electorales.