La coalición insiste en la urgencia de un proceso transparente con supervisión global, buscando reconstruir la ruta electoral y restaurar la confianza ciudadana
La oposición de Venezuela exigió un acuerdo nacional al régimen de Maduro para restaurar el orden constitucional (EFE/ARCHIVO)
Fuente: infobae.com
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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, reiteró este lunes la “necesidad urgente” de alcanzar un acuerdo nacional que restaure el orden constitucional y garantice el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad electoral, de cara a las elecciones municipales del 27 de julio de 2024. En un comunicado difundido en la red social X, la PUD reafirmó su postura de exigir “una negociación seria, con garantías para todas las partes y acompañamiento internacional efectivo”, comprometiéndose a reconstruir la ruta electoral y señalando que esta “hoy se encuentra minada por la complicidad de diversos sectores”.
La PUD no participa en los comicios municipales como bloque, manteniendo su rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando reclama que el triunfo correspondió a Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado, y no a Nicolás Maduro, proclamado en forma fraudulenta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo controlado por rectores afines al chavismo. La coalición exigió “condiciones políticas y electorales reales, que garanticen el respeto a la voluntad ciudadana”, subrayando que el derecho a elegir y ser elegido “solo puede ejercerse plenamente en un entorno de libertades, con garantías políticas, jurídicas y electorales efectivas”.
Según la PUD, el voto “no puede seguir siendo vulnerado”, como afirmó que sucedió en los comicios regionales y parlamentarios del 25 de mayo. En ese proceso, la coalición denunció una “cadena de irregularidades”, entre ellas inhabilitaciones políticas, falta de publicación detallada de resultados y una “inconsistencia en la adjudicación de los escaños parlamentarios nacionales”, que asignó 256 de 285 curules al chavismo, así como 23 de las 24 gobernaciones.
El régimen de Maduro anunció incentivos para aumentar la participación en las elecciones municipales del 27 de julio (AP/ARCHIVO)
La coalición opositora ratificó “su compromiso con una salida democrática, constitucional y pacífica” ante la crisis política, económica y social del país y demandó “el cese inmediato de la persecución política contra dirigentes, activistas, comunicadores y ciudadanos”, junto a la liberación de “todos los presos políticos”. El bloque manifestó que la reconstrucción democrática de Venezuela requiere “responsabilidad, firmeza y compromiso con la verdad”, y aseguró que continuará “trabajando por una salida electoral verdadera”.
La semana pasada, el dictador Nicolás Maduro anunció nuevos incentivos para fomentar la participación en los comicios municipales. Según indicó en un acto transmitido por la emisora estatal, Venezolana de Televisión (VTV), el gobierno entregará premios a los circuitos comunales con mayor número de votos tanto en Caracas como en las 24 regiones del país, sumando hasta 250 reconocimientos a las comunidades más participativas. Los premios incluirán recursos para proyectos comunitarios y planes dirigidos a la juventud, en una estrategia que el chavismo ya había implementado durante las elecciones regionales y parlamentarias previas del 25 de mayo.
El bloque opositor demanda condiciones electorales reales y el cese de la persecución política en Venezuela (EFE/ARCHIVO)
Maduro señaló que existen actualmente 5.338 circuitos comunales y espera que la cifra llegue a 6.000 en enero de 2027. El mandatario precisó que la Guayana Esequiba, nueva división creada en 2023, no será incluida en las elecciones municipales debido a que no ha sido dividida en municipios. La campaña electoral, bajo el cronograma del CNE, finaliza el 24 de julio, fecha del natalicio de Simón Bolívar.
Ante este panorama, la PUD mantiene su decisión de no participar en el proceso electoral del 27 de julio, insistiendo en la ilegitimidad de la proclamación de Maduro como presidente y en la necesidad de condiciones reales para asegurar la expresión de la voluntad ciudadana en Venezuela.