Estados Unidos es la primera legislación que establece un régimen regulatorio para las criptomonedas que están respaldadas por activos considerados confiables. Según expertos, resalta la incertidumbre jurídica que prevalece en la región
Fuente: El Deber
La legislación para regular los criptoactivos en Estados Unidos y su ratificación por parte del presidente Donald Trump la semana pasada puede significar para Latinoamérica un referente en términos normativos y, a la vez, un camino lleno de desafíos que, según expertos consultados por EFE, resalta “la incertidumbre jurídica” que prevalece en la región.
La de Estados Unidos es la primera legislación que establece un régimen regulatorio para las criptomonedas que están respaldadas por activos considerados confiables, como el dólar, y que generaría un “inmenso potencial”, según destacó el propio Gobierno de Trump.
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Al respecto, el docente colombiano de la Universidad del Rosario Erik Rincón Cárdenas, experto en derecho financiero, comercio electrónico y ‘legal tech’ (tecnología legal), dijo a EFE que “lo aprobado en EEUU podría incentivar la confianza de los actores internacionales para participar en inversiones regionales”.
Silvina Moschini, cofundadora de Unicorns y oficial de estrategia de Unicoin, empresa de criptomonedas que cotiza en Wall Street, coincide en que la medida tendrá “un impacto directo” en países que enfrentan alta inflación y “buscan nuevas formas de resguardar valor y fomentar la inclusión financiera”.
Para Rincón Cárdenas existen desafíos como el de “una regulación demasiado restrictiva” que podría trasladarse directa o indirectamente hacia otras naciones de la región, “limitando la autonomía normativa y dificultando la integración de nuevos actores al ecosistema económico digital”.
Señala que el mayor riesgo radica en que los países con menos recursos regulatorios o técnicos “terminen adhiriéndose a estándares que no coinciden ni con sus necesidades ni con sus prioridades, generando así un efecto de extraterritorialidad legal y una posible desventaja competitiva”.
Una regulación eventualmente replicada en la región podría abordar problemas que los usuarios de criptoactivos reclaman, como la falta de protección frente a fraudes, estafas y hackeos, la ausencia de claridad normativa con respecto a la tributación, “mediante exigencias de transparencia y garantías para usuarios”, opinó Rincón Cárdenas.
En opinión de Moschini, en países como Colombia, la ley puede marcar un antes y un después en el ecosistema cripto, donde hay un proyecto de ley de criptoactivos que lo podría beneficiar.
De acuerdo con la página del Senado colombiano, el país se posiciona como el “quinto en el mundo con mayor uso de criptomonedas, lo que hace aún más urgente la necesidad de un marco regulatorio”.
Según información del diario colombiano La República, la penetración de los activos virtuales en el país creció un 17 % en 2024.
Otro objeto de estudio es El Salvador que, de acuerdo con el portal bitcoin.gob.sv/es, posee 6.241 bitcoines con un valor de más de 753,1 millones de dólares.
No obstante, el expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) Carlos Acevedo consideró, en declaraciones a periodistas, que el alza del precio del bitcóin no dinamizará la economía salvadoreña.
El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense.
Rincón Cárdenas agregó que países como Brasil, Chile o México muestran una mayor propensión a adoptar legislaciones similares dada su apertura a la innovación tecnológica y su estructura institucional relativamente desarrollada en el tema.
Brasil, especialmente, ya avanza en marcos propios de regulación y está bien posicionado para incorporar estándares internacionales; México y Chile podrían hacerlo con mayor cautela y lentitud.
De avanzar en la legislación, sería mucho más fácil que el mundo cripto permita que la gente “piense más en generar riqueza, en hacer que el dinero trabaje”, mencionó Moschini.
¿Y la política qué?
La implementación de regulaciones inspiradas en el modelo estadounidense podría derivar en más tensiones sobre la soberanía normativa, con debates acerca de cuánto debe influir la legislación extranjera en la autodeterminación de cada país, de acuerdo con Rincón Cárdenas.
Naciones con regímenes políticos cerrados, como Cuba o Venezuela, probablemente se resistan o diseñen marcos alternativos alejados de Estados Unidos, comentó el experto.
Consideran que esto beneficiará a los países que posean estructuras jurídicas flexibles.
Fuente: El Deber