Los rmantes sostienen en la misiva que son una pequeña parte de la comunidad carcelaria que actualmente enfrenta penas de 10 años de cárcel por posesión de mínimas cantidades de marihuana.
Fuente: ANF
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Más de 20 privados de libertad firmaron una Carta Abierta dirigida al presidente del Estado, Luis Arce, para pedir justicia y ser tomados en cuenta en el Decreto de Amnistía e Indulto. Argumentan que enfrentan penas de hasta 10 años de cárcel por haber sido detenidos con mínimas cantidades o “solo gramos” de marihuana.
“Señor Presidente, con todo respeto y apego a la Ley, pedimos ser tomados en cuenta en el Decreto de Amnistía e Indulto. Usted tiene la potestad de impartir justicia cuando existen fallas y vacíos en el sistema legal. Será un precedente histórico que sentará bases reales para una reforma judicial en Bolivia. Pedimos amnistía e indulto para nosotros que enfrentamos 10 años de cárcel, sin tener antecedentes y sin ser reincidentes, acusados y procesados por posesión de marihuana en pequeñas cantidades”, dice la Carta abierta de petición de justicia.
Los firmantes sostienen en la misiva que son una pequeña parte de la comunidad carcelaria que actualmente enfrenta penas de 10 años de cárcel. Algunos con detención preventiva y otros con sentencias condenatorias o ejecutoriadas por haber sido encontrados en posesión de pequeñas cantidades de marihuana.
Estas personas que piden la aplicación del “principio de proporcionalidad”, son acusadas por el delito de tráfico de sustancias controladas en el marco de la Ley 1008. Por tres hechos: “1) Hemos sido detenidos con marihuana en pequeñas o mínimas cantidades, solo gramos; 2) No tenemos antecedentes penales y tampoco somos reincidentes; 3) No hemos sido tomados en cuenta en los anteriores Decretos Presidenciales de Amnistía e Indulto”.
De acuerdo a la Ley 1008, la pena de 10 años de cárcel es la mínima posible, sin embargo, consideran que “es un castigo severo, inhumano, injusto”. Alegan que este “castigo” no tiene ninguna correspondencia con su verdad material porque fueron encontrados con “marihuana en pequeñas cantidades que pesan gramos”.
Además, por la pena que la consideran “inhumana” les privan legalmente de acceder a salidas alternativas o medidas sustitutivas. Asimismo, sostienen que los delitos más graves tienen penas mínimas de 10 años, como traición a la patria, alzamiento armado, sedición, terrorismo, genocidio o violación agravada. “Sin ser nada de esto, somos la segunda población carcelaria sometida al hacinamiento, somos estigmatizados y hemos sido separados de nuestras familias, estudios y trabajo. Nuestras vidas se truncan cada día que pasamos encerrados”.
Asimismo, hacen un llamado a las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además al Defensor del Pueblo para atender su “clamor de justicia”, porque no solo aliviarán su sufrimiento, sino que será un mensaje de humanidad y compromiso con la justicia. “Pedimos considerar como un paso hacia una justicia progresiva que castigue verdaderos delitos y proteja a los que somos víctimas de un sistema judicial imperfecto como toda obra humana”, dice otra parte de la carta.
Sostienen que su encarcelamiento es una de las violaciones más graves al «principio de proporcionalidad» de la justicia. Precisan que la CPE en el art. 13 y los Tratados internacionales consagran la «proporcionalidad» como principio fundamental. Y que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dice que «penas privativas de libertad por posesión de marihuana en pequeñas cantidades», son «potencialmente violatorias del derecho a la libertad personal». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado varias veces que las penas de prisión por posesión de pequeñas cantidades de marihuana violan principios de proporcionalidad y derechos humanos fundamentales.
“Todos nosotros somos jóvenes, bolivianos y bolivianas, mujeres solas con hijos, personas dedicadas al estudio, trabajo y familia. No pedimos impunidad, sino justicia apegada a principios constitucionales y derechos humanos. A pesar de que vencieron los plazos de detención preventiva, seguimos en la cárcel, por algo tipificado como delito menor o que incluso está despenalizado en muchos países. La Ley de Ejecución Penal (Ley 2298) prioriza la reinserción social y la dignidad, sin embargo, el castigo drástico y desproporcionado es un muro más grande que el penal mismo”, señalan las más de 20 personas privadas de libertad.
/NVG/