La depredación ictícola y la contaminación minera son los problemas recurrentes. El drama ambiental persiste sin que la voz de los pueblos indígenas pueda ser escuchada por las autoridades
El río Pilcomayo, ese hilo vital que atraviesa el sur de Bolivia y da sustento a cientos de comunidades indígenas como los Weenhayek, Tapiete y Guaraní en territorio tarijeño, vuelve a ser noticia por las peores razones: la depredación sin freno y la contaminación minera. Este último es un problema que amenaza desde hace más de una década, y ahora se hace visible con la llegada del estiaje.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La historia es conocida y, sin embargo, recurrente. Cada año, con el descenso del caudal y el arrastre de sedimentos tóxicos desde las cabeceras mineras en Potosí, el Pilcomayo se convierte en una trampa para su biodiversidad y para las poblaciones que dependen de él. El drama ambiental se repite como si el tiempo no pasara, como si la voz de los pueblos indígenas fuera apenas un murmullo para los oídos del poder.
Un río que enferma
La minería en (Potosí) las nacientes del Pilcomayo es el principal factor de contaminación. A pesar de las advertencias de comunidades y organizaciones ambientales, los residuos mineros siguen su curso hacia las tierras bajas, acumulándose en las aguas que alimentan los sistemas agrícolas, la pesca y el consumo humano.
El capitán grande del pueblo Weenhayek, Francisco Pérez Nazario, en una entrevista con Radio ACLO Chaco, advierte que la situación es insostenible. “Consumimos el agua y el pescado del río”, dejando entrever que están contaminados, pero no tienen otra alternativa de subsistencia.
¿Contaminación? El Gobierno ha afirmado en reiteradas ocasiones que no existe contaminación en el Pilcomayo, pese al colapso de diques de contención mineros
“Nos dejaron solos”, denuncia. Su testimonio refleja el sentimiento de abandono que embarga a las comunidades indígenas del Chaco boliviano, a las que no solo se les ha negado asistencia técnica y sanitaria, sino que también se les ha quitado el derecho a decidir sobre su propio territorio.
Pérez recuerda haber viajado a La Paz, Cochabamba y Oruro para buscar soluciones, sin obtener más que promesas vacías. Menciona que los compromisos se han quedado en el papel e incluso apuntó contra ONGs (organizaciones no gubernamentales) que prometían ayudar, pero que ahora trabajan con el Gobierno y los mineros.
Más grave aún, el dirigente indígena asegura que no existen estudios oficiales sobre los impactos en la salud.
Pescar para vivir
Desde la nación guaraní, el mburuvicha Esteban Romero, presidente de los capitanes del departamento de Tarija, aporta otra visión igual de crítica: “No se puede sembrar ni producir en las orillas del Pilcomayo por el salitral, la pesca es nuestra vida”, sostiene. Y es que el sábalo, especie emblemática del río, se encuentra cada vez más amenazado por los cambios en el hábitat y los contaminantes acumulados.
Romero también señala a las empresas mineras como responsables directas.
Aunque muchas aseguran contar con sistemas de control de residuos, en época de lluvias los desechos tóxicos desbordan y son arrastrados río abajo. En consecuencia, el daño llega hasta comunidades que jamás han tenido una mina cerca.
Romero indica que en un esfuerzo por obtener datos fiables —con apoyo de una organización francesa— han comenzado un estudio técnico independiente desde el Bañado La Estrella, en la frontera con Argentina y Paraguay, hasta las nacientes en Potosí. La iniciativa no tiene respaldo estatal.
Sin embargo, desde el Gobierno en reiteradas ocasiones han asegurado que no existe contaminación en el Pilcomayo, pese al colapso frecuente de diques mineros en las cabeceras.
Depredación sin castigo
A la contaminación minera se suma otro flagelo, la depredación de la fauna ictícola del Pilcomayo. Según Evelio Téllez, responsable de Codefauna de la Gobernación de Tarija, durante meses se detectó el uso masivo de trampas ilegales, como redes, palos y tablones en el tramo del Angosto kilómetro 9.
Asegura que por un proceso legal impulsado por la Gobernación, el Juzgado Agroambiental de Villa Montes emitió una resolución que prohíbe el uso de trampas y ordena el retiro inmediato de las estructuras que están alterando los ciclos naturales de reproducción de los peces.
Téllez mencionó que hay concesiones otorgadas hace más de 30 años, pero que tienen hábitos de pesca depredativa prohibida, que afecta la biodiversidad del Pilcomayo y el sustento de familias indígenas que viven de lo que les proporciona este afluente.
No llegan pescados aguas abajo
Comunidades campesinas que son parte de la zona guaraní del Itika Guasu en el municipio de Entre Ríos, consultadas por El País, han denunciado que la utilización de artes de pesca prohibidas, les afecta todos los años. En el caso de Tentapiao o Casa de Piedra, los cardúmenes que llegan apenas superan la palma de la mano, mientras en redes sociales se advertía que las trampas pesqueras atajaban a los más grandes en Villa Montes.
El Pilcomayo no puede esperar otra década
El río Pilcomayo ya no es el que era. Su caudal ha cambiado, su flora y fauna se han visto reducidas, y su rol como fuente de vida está en peligro. Sin intervención inmediata, advierten los dirigentes indígenas, se arriesga no solo un ecosistema, sino también una cultura, una economía y una forma de vivir en armonía con la naturaleza.
Desde la Plataforma Ambiental Villa Montes, la activista Ludmila Pizarro, ha advertido que otros de los factores que está afectando a este afluente, es la deforestación. Enfatizó que esta actividad está generando que haya mayor arrastre de sedimento, y en consecuencia está ocasionando que éste desborde hacia comunidades indígenas. Lamentó la falta de acción del Gobierno y advirtió que este río no puede aguantar otra década en el abandono.