De cara a la próxima cumbre climática, que será en la ciudad de Belém, al norte de Brasil, nuevos informes exponen el deterioro acelerado del mayor bioma tropical del planeta. Un repaso por los datos que generan alarma internacional.
Según describe un informe realizado por Americas Quarterly, la llamada Pan-Amazonía, una zona que comprende la superficie de países que tienen jurisdicción sobre la cuenca hidrográfica del río Amazonas o la selva, cubre 8,3 millones de kilómetros cuadrados y alberga a 46,9 millones de personas.
Pero esta vasta región no solo está expuesta al impacto del cambio climático global, sino que también sufre múltiples formas de degradación impulsadas por actividades ilegales y el avance de la explotación de recursos naturales.
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Emisiones, minería y deforestación
El conjunto de amenazas ambientales que afectan a la Amazonía varía por país. En Perú, el tráfico de madera es una práctica extendida; en Venezuela, avanza la minería ilegal de coltán; en Ecuador, se talan áreas para cultivos de palma aceitera; y en Colombia, la expansión de cultivos ilícitos genera presiones constantes sobre la selva.
Solo entre 2021 y 2025, las estimaciones indican que la selva perdió más de 165.600 km² de cobertura boscosa, una superficie equivalente a casi todo Uruguay. De esa pérdida, Brasil concentra el 83,3% de la deforestación amazónica, mientras que Bolivia, el país que le sigue en cantidad de kilómetros cuadrados deforestados, el 6,6%, según el informe de Americas Quarterly basado en datos del proyecto Amazônia 2030.
La Amazonía Legal: epicentro de presión y explotación de recursos naturales
En el caso brasileño, la llamada Amazonía Legal, una región oficialmente definida por el gobierno federal, comprende un área de 5 millones de kilómetros cuadrados. Esto representa casi el 61% de toda la Pan-Amazonía. La zona incluye nueve estados, entre ellos Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso y Rondônia. También abarca territorios indígenas que suman 1,15 millones de kilómetros cuadrados.
A pesar de su enorme extensión territorial y de ser el corazón ecológico del país, concentra profundas desigualdades sociales. Según datos de 2024, en esta región viven 28,3 millones de personas, con una densidad de apenas 5,3 habitantes por kilómetro cuadrado.
La tasa de pobreza alcanza el 36,2% y el salario mensual promedio de los trabajadores formales es de apenas 468 dólares. Aunque la Amazonía Legal cubre el 59% del territorio brasileño, solo representa el 10,1% del Producto Bruto Interno nacional.
Por otro lado, el informe señala que, en 2023, esta región generó 1.100 millones de toneladas de CO₂ equivalente, lo que representa el 48% de las emisiones totales del país. La mayor parte se concentró en las áreas con alta deforestación y degradación forestal.
La expansión de la minería ha sido uno de los motores más agresivos de transformación. En los últimos 23 años, la superficie ocupada por explotaciones mineras aumentó de forma sostenida, y alcanzó aproximadamente los 3.300 km² en el 2023, siempre de acuerdo con el documento.
Allí también se divulgó que la mayor porción, cerca de 2.700 km², pertenece a la minería ilegal, la cual creció en un 216% entre los años 2000 y 2023, comparada con la expansión del 167% de las prácticas industriales en el mismo período. Esto tuvo consecuencias directas sobre los ríos, la vegetación y las comunidades indígenas. Uno de los efectos más graves es la contaminación por mercurio, utilizada en la extracción de oro, que afecta principalmente a las poblaciones ribereñas.
La agricultura intensiva es otro de los motores de esta transformación. En la Amazonía brasileña se cultivan algunos de los principales productos de exportación del país, como soja y maíz, y se expanden las pasturas para el ganado bovino, lo que empuja el desmonte a nuevas zonas.
Entre el año 2000 y 2023, la superficie total cosechada para cultivos se triplicó, pasando de 8,5 a 29,3 millones de hectáreas, mientras que el tamaño del rodeo bovino creció de 47,2 a 104,8 millones de cabezas.
Belém, ciudad anfitriona entre contrastes
Belém, elegida como sede de la COP30 en 2025, llega al evento con contrastes marcados entre sus desafíos estructurales y las expectativas de transformación.
La ciudad presenta indicadores socioeconómicos por debajo del promedio nacional: su PIB per cápita es de USD 3.995, menos de la mitad que el promedio brasileño (USD 8.596), y el 57,2% de su población vive en favelas, frente a un 8,1% a nivel país.
También registra mayor mortalidad infantil y un nivel de contaminación del aire un 172% superior a lo recomendado por la OMS, en comparación con el 98% nacional. Además de los altos niveles de informalidad urbana, Belém enfrenta déficits persistentes en servicios básicos.Solo el 67,1% de los hogares cuenta con acceso al agua corriente, contra el 83,9% del promedio nacional, y apenas el 59,9% está conectado a una red de cloacas, frente al 64,7% en el resto del país.
A pesar de este panorama, la ciudad muestra un desempeño educativo ligeramente superior: el promedio de años de estudio alcanza los 10,5 en hombres y 10,9 en mujeres, por encima de los 9,3 y 9,8 respectivamente registrados a nivel nacional.
De cara a la cumbre climática, la ciudad ha sido destinataria de USD 1.300 millones en inversiones, con foco en infraestructura (37,2 %), movilidad (28,5 %) y saneamiento (24,8 %), según datos de abril de 2025 reflejados en el informe.
Estas inversiones se distribuyen en 38 proyectos, lo que refleja un esfuerzo de reconversión urbana. La COP30 convierte así a Belém en un símbolo de la tensión entre urgencia ambiental y justicia social, en una de las puertas de entrada al bioma amazónico.
La trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebrará entre el 10 y el 21 de noviembre de 2025 en la ciudad brasileña de Belén. Además de las sesiones de la COP30, se realizarán los encuentros de los órganos vinculados al Protocolo de Kioto y al Acuerdo de París, que agrupan a los países firmantes de esos tratados internacionales. Las negociaciones se llevarán a cabo en el Hangar Centro de Convenções da Amazônia.
El evento reúne a representantes de 198 países y constituye la instancia central de toma de decisiones sobre las acciones climáticas a nivel global. La agenda incluye debates formales, compromisos voluntarios y actividades paralelas impulsadas por gobiernos, organizaciones sociales y el sector privado. En este marco, se espera avanzar en temas como financiamiento, adaptación, transición justa, tecnología, género, juventudes, océanos, pueblos indígenas y la implementación de los planes climáticos definidos por cada país.
*Gráficos: Marcelo Regalado