La Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz advierte sobre los efectos negativos del Decreto Supremo 5321 en el sector de la construcción
Fuente: Prensa SIB
La Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz (SIB-SC) alertó este viernes que el actual sistema de reajuste de precios, establecido por el Decreto Supremo N.º 5321, pone en grave riesgo la continuidad de obras públicas en todo el país y amenaza con llevar a la quiebra a numerosas empresas constructoras, especialmente aquellas que mantienen contratos con el Estado.
Luis Alberto Solíz, asesor técnico de la SIB-SC, recordó que en el pasado, normas como el Decreto Supremo Nº 18948 de 1982 permitían un reajuste real y justo del costo total de las obras. Citó como ejemplo al propio Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (GAMSC), que en 2008 aplicó este enfoque mediante una ordenanza municipal, permitiendo la actualización integral del valor contractual de los proyectos.
“Hoy, lamentablemente, el escenario es otro. El D.S. 5321 contempla solo el reajuste de ciertos materiales importados, pero excluye componentes fundamentales como la mano de obra, equipos, impuestos (IT e IVA), gastos generales y utilidades. Esto genera una distorsión profunda y una carga financiera insostenible para los contratistas”, explicó Solíz.
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Desde una perspectiva jurídica, el Dr. Jorge Amas señaló que este reajuste parcial obliga a los contratistas a financiar una parte sustancial de las obras con su propio patrimonio. “Esto constituye, en la práctica, una forma de expropiación encubierta. Se vulnera el equilibrio económico contractual y se desplaza el patrimonio privado hacia el Estado, sin compensación justa”, afirmó.
Para ilustrar la gravedad de la situación, Solíz expuso un ejemplo: si un ítem de obra incluye materiales importados cuyo precio ha subido un 30 %, pero otros costos asociados —como la mano de obra y los beneficios sociales— también han incrementado y no son reajustados, el contratista termina asumiendo la diferencia. “Esto no es un reajuste real, es una transferencia de pérdidas”, puntualizó.
Ante este panorama, la SIB-SC hace un llamado de alerta a la opinión pública y a las autoridades nacionales y subnacionales sobre las consecuencias inmediatas de mantener un decreto que no protege ni al contrato ni al contratista:
Las obras públicas corren el riesgo de quedar inconclusas.
Las empresas constructoras, especialmente las pequeñas y medianas, están al borde de la quiebra.
La confianza empresarial se ha quebrado: muchas empresas ya no se presentan a nuevas licitaciones debido a la ausencia de cláusulas contractuales que garanticen un reajuste adecuado.
La exclusión de otros tipos de contratación estatal, como consultorías y supervisiones, agrava aún más el problema.
La Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz exhorta al Gobierno central y a las entidades contratantes a revisar y corregir con urgencia el Decreto Supremo Nº 5321, para garantizar un sistema de reajuste de precios que sea integral, justo y sostenible.
“No se trata de pedir privilegios, sino de exigir condiciones contractuales que permitan cumplir con las obras sin destruir a quienes las ejecutan”, concluyeron los expertos técnicos y jurídicos de la institución.