Fuente: Visión 360
La salida ilegal de alimentos y carburantes, a través de lo que se denomina contrabando a la inversa, provoca escasez e inflación y también afecta a la producción de países vecinos como Chile, Argentina y Perú, que ya encendieron alarmas por la mercancía boliviana.
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Las mayores incautaciones de productos que se pretendía sacar de Bolivia son de huevo, harina, aceite, azúcar y carne (res, pollo, cerdo y ovina); además de combustibles, como gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, según el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (ver cuadro adjunto).
Se trata de un fenómeno que golpea al país, con mayor fuerza en los últimos años, y un problema que se suma a la internación ilegal de productos que generan una competencia desleal a la industria nacional y un daño económico millonario.
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, señaló a Visión 360 que el contrabando, sea de ingreso o salida, es una actividad al margen de la ley; por tanto, un delito que el Estado debería combatir.
Las causas principales de este comercio ilegal, indicó, son el debilitamiento de la moneda boliviana frente a las de países vecinos y del dólar; además de la incertidumbre y la poca capacidad de control de la actividad.
“También debemos considerar la responsabilidad de las mafias organizadas internacionales de especuladores y contrabandistas que, con certeza, son las mismas que antes internaban productos extranjeros al país”, dijo Ortuño.
Pero, insistió que el factor más importante es la pérdida de valor del boliviano frente al dólar, que hace que la venta de productos nacionales sea más rentable fuera de las fronteras. “En el fondo se trata de un tema de mercado, atribuible también a los problemas generados por la escasez de dólares”, subrayó.
El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), Eduardo Iriarte, sostuvo que el contrabando a la inversa (exportación ilegal) aumenta la informalidad de las actividades económicas productivas en el país.
Al no ser registradas en cuentas nacionales, distorsionan los registros en la contabilidad del PIB sobre las exportaciones, inversión, generación de empleo e ingreso de divisas.
“Un efecto pernicioso es que el contrabando a la inversa, al alentar la informalización de las actividades económicas, a su vez, precariza el empleo, impulsando el empleo informal sin seguridad de corto o largo plazo. “Este fenómeno económico, asimismo, impulsa una expansión de organizaciones internacionales delincuenciales con el consiguiente impulso de la inseguridad ciudadana e impulsar el riesgo país, ahuyentando las inversiones formales en el país”, manifestó Iriarte a Visión 360.
Aseguró que, en la actual coyuntura, la principal causa del contrabando a la inversa es la depreciación del boliviano y la apreciación de las monedas de los países vecinos, entre ellos, Perú, Chile, Colombia y Brasil.
Afirmó que un producto nacional se vende a mayor precio en cualquiera de los países vecinos, lo cual genera un mayor margen de beneficio para los contrabandistas.
Gustavo Jáuregui, ex gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y asesor empresarial, sostuvo que la existencia de subsidios internos directos o cruzados, como el del diésel, la gasolina, el GLP o la harina, son atractivos para su reventa informal en países limítrofes.
Además, Bolivia tiene una gran extensión fronteriza con los países vecinos, de más de siete mil kilómetros, lo cual debilita la capacidad de fiscalización aduanera, lo que se suma a las limitaciones técnicas y humanas en los controles. Todo esto facilita la circulación ilegal de mercancías con los países vecinos.
“Por otra parte, la corrupción institucional y la alta tolerancia social son un factor estructural, puesto que la complicidad de algunos actores públicos y la aceptación social del contrabando como forma de subsistencia contribuyen a su expansión y normalidad en las regiones donde se la operativiza”, observó.
¿Quiénes se benefician?
Jáuregui sostiene que el contrabando a la inversa beneficia principalmente a las redes organizadas de contrabandistas, que aprovechan la informalidad para generar ganancias extraordinarias mediante el arbitraje de precios entre países.
También están, dijo, los comerciantes y transportistas informales, quienes conforman grupos que operan en circuitos económicos no regulados, especialmente en zonas de frontera, y que encuentran en esta actividad una fuente rápida de ingresos.
Beneficia a su vez a los consumidores extranjeros, puesto que estos acceden a productos bolivianos más baratos gracias al contrabando, aun cuando estos productos no cumplen estándares de calidad o legalidad.
También a algunos intermediarios públicos o privados, que son parte de las entidades de control o de la cadena logística que permiten el paso de productos ilegales sin fiscalización efectiva, añadió.
Medidas
Iriarte sostuvo que la CNI ha impulsado diversas estrategias de lucha contra el contrabando, entre ellas se pueden señalar:
- Sanción penal a los contrabandistas reduciendo el valor del tributo omitido de la mercadería comisada al contrabando de 200 mil a 20 mil UFV.
- Coordinación público – privada para encarar acciones de interdicción contra el contrabando.
- Campañas de comunicación y concienciación sobre los impactos del contrabando y los beneficios del Hecho en Bolivia.
- Estudios económicos sobre los impactos y causas del contrabando, tanto al erario nacional como a las empresas.
Para Ortuño, presidente de la CEPB, mientras no se solucionen los problemas de fondo relacionados con las subvenciones y la depreciación de la moneda, no se podrá detener el problema del contrabando a la inversa, porque no se cuenta con un mecanismo de control en las fronteras.
“El contrabando a la inversa debe tratarse de la misma manera que el contrabando tradicional, es decir, desde un enfoque transversal, porque estamos frente a organizaciones criminales internacionales”, remarcó.
Según Ortuño, se deben activar los mecanismos y acuerdos transnacionales que combaten este flagelo, no solo cuando los productos entran a los países sino cuando salen de él.
Para Gary Rodríguez, aun cuando el Estado se esmere en controlar y sancionar el contrabando de salida, si el margen es demasiado alto, mucha gente está dispuesta a correr el riesgo de sacar productos afuera. “Además, el contrabando corrompe conciencias, por tanto los controles fallan. Resulta doloroso decirlo, pero la solución necesariamente pasa por un sinceramiento de precios en el mercado”, recalcó.
En caso de que los precios subieran, el negocio se haría más riesgoso y menos atractivo.
Preocupación
Un reporte de France 24 publicado el 19 de julio de este año, revela que el contrabando de huevos desde Bolivia hacia Chile ha escalado a niveles alarmantes en lo que va de 2025. Solo entre enero y junio de este año, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha decomisado 1.017.928 unidades de huevos que ingresaron ilegalmente al país, una cifra que, en medio año, se aproxima al total incautado en 2024, 1.338.000 huevos.
Rodrigo Sotomayor, director nacional subrogante del SAG, explicó que el modus operandi del tráfico se ha sofisticado. “En las regiones de Arica y Parinacota, y también en Tarapacá, detectamos camiones grandes, camionetas y hasta caravanas de 13 vehículos ingresando huevos desde Bolivia. Es un movimiento sistematizado, no algo improvisado ni casual”, dijo a los medios.
Los operativos, coordinados con Carabineros, han permitido interceptar los cargamentos en pleno desierto, donde los productos se transportaban sin cadena de frío, sin documentación y sin información sanitaria. “No sabemos nada sobre el origen de estos huevos, si fueron sometidos a controles veterinarios, ni siquiera su fecha de vencimiento. Son un riesgo altísimo para la salud”, afirmó Sotomayor.
Pero, además, la falta de trazabilidad, sumada a la ausencia total de controles, plantea un escenario crítico desde el punto de vista sanitario y económico, y si la tendencia continúa, el SAG proyecta que los decomisos podrían superar los dos millones de unidades para fin de año.
En Bolivia, Winston Ortiz, de la Federación Nacional de Avicultores, señaló a Visión 360 que la salida ilegal de huevos es un tema que deberían velar autoridades de Desarrollo Productivo. “El contrabando es dañino por donde se lo vea. Nosotros, como federación nacional, no tenemos reportes de contrabando, pero si fuera así, el Gobierno debe poner mayor atención para evitar la salida y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, realizar los controles”, remarcó.
Señaló que, como sector productivo, y en materia de contrabando, siempre se ha planteado al Gobierno la militarización de las fronteras, de modo que no ingrese ni salga nada de forma ilegal, ya sea maíz, huevo o pollo.
El 12 de junio, el diario La Nación de Argentina reveló que, en total impunidad, cientos de miles de huevos llegan por día desde países limítrofes, sin control sanitario ni documentación.
La Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) advirtió sobre el grave riesgo sanitario que esto implica y el impacto económico en las provincias del norte. Aseguró que hay tolerancia estatal y que no se actúa pese a tener pruebas. La entrada ilegal de este alimento se aceleró en medio de una Argentina que quedó cara en dólares versus los países vecinos. Se creó un mercado paralelo, “blue”, que nadie frena con productos que arriban a menor precio.
El reporte da cuenta que mientras los pequeños productores avícolas del norte argentino ven desplomarse sus ventas, decenas de cajones de huevos cruzan las fronteras todos los días en camiones provenientes de Bolivia, Brasil y Paraguay. Según datos de Capia, diariamente son unas 550 mil unidades que, sin controles sanitarios ni respaldo legal, entran al país. Las provincias más afectadas son Salta, Formosa y Misiones, donde “hoy directamente no se vende nada”, alertaron.
Si bien el problema comenzó a visibilizarse a mediados de 2024, en los últimos meses la situación se aceleró de manera abismal. “En la Argentina quedó anclado el tipo de cambio y nosotros estamos caros en dólares. Una persona paga un cajón de huevos de producción nacional en la Argentina unos 48 dólares, mientras que en Brasil se paga a 36 o 37 dólares, y en Bolivia 26, porque hay un mercado paralelo”, detalló el presidente de Capia, Javier Prida.
En Perú, un reportaje de Infobae, publicado en marzo, reveló que, en Puno, el pueblo de Virupaya se convirtió en un punto crítico del contrabando entre Perú y Bolivia.
Ubicada a tan solo 215 kilómetros de La Paz y cerca de las aguas del lago Titicaca, esta comunidad carece de un control estatal efectivo, lo que ha permitido que el contrabando crezca sin restricciones.
En lugar de contar con oficinas de migración o puestos de aduanas, Virupaya es una zona desregulada por donde circulan productos bolivianos, desde arroz, azúcar, aceite y fideos hasta combustibles, que llegan a Perú para ser vendidos en mercados, a precios mucho más bajos que los productos nacionales.
En algunos comercios informales, el arroz está a 190 soles por quintal (760 bolivianos), un precio significativamente inferior al del mercado formal.
Un negocio millonario que daña a Bolivia
El contrabando a la inversa es un negocio millonario y puede derivar en restricciones comerciales al país.
El gerente del Ibce, Gary Rodríguez, recordó que el pasado año, desde el Gobierno informaban que Bolivia perdía al menos 600 millones de dólares por contrabando de combustibles hacia Chile, Perú, Brasil y Paraguay, estimándose que el 30% era desviado ilegalmente a esos países, donde su precio era más del doble.
Igual ocurre, dijo, con varios alimentos que produce el sector privado que, al tener precios artificialmente bajos (fijados por el Gobierno), acaban en procesos de especulación, ocultamiento, acaparamiento y salida ilegal del país, con lo que cae su oferta en el mercado y sube su precio.
Gustavo Jáuregui Gonzáles, ex gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), indicó que la exportación ilegal de productos evade impuestos como el IVA, ICE o IT, lo que afecta la recaudación aduanera.
La salida masiva e informal de productos como alimentos subsidiados, combustibles o insumos agrícolas genera en el mercado interno un desabastecimiento, el alza de precios y la presión inflacionaria en sectores sensibles de la economía.
Además, dijo que con los subsidios estatales a carburantes o a la harina, el contrabando a la inversa implica una transferencia de recursos públicos hacia otros países. El aparato productivo nacional se ve debilitado, puesto que la exportación ilegal desincentiva la formalización del comercio exterior, genera competencia desleal y obstaculiza el desarrollo de cadenas de valor y exportación formal.
Al no cumplir con estándares fitosanitarios ni certificaciones requeridas, este tipo de contrabando puede generar restricciones comerciales hacia el país de origen, afectando su reputación en mercados internacionales.
Para el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, lo más grave es la carestía de productos, el aumento de su costo para consumo interno y la especulación que afecta sobre todo a las familias de los sectores menos favorecidos que sufren el alza sostenida de los precios de productos de primera necesidad.
Revisar subsidios y endurecer sanciones
La revisión de subsidios, fortalecer la inteligencia aduanera y militar, crear zonas económicas especiales y endurecer sanciones son algunas de las acciones que pueden frenar el contrabando a la inversa.
Gustavo Jáuregui, ex gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), y asesor empresarial y de Organizaciones Empresariales, señaló que un abordaje eficaz al contrabando a la inversa requiere una combinación de medidas preventivas y también correctivas.
“Primero, la revisión de la política de subsidios internos. La gradual focalización y tecnificación de los subsidios para evitar que los productos subsidiados se conviertan en incentivos de contrabando”, manifestó.
Un ejemplo, expresó, es el sistema B-SISA que mediante su correcta implementación debería evitar el consumo de combustible por parte del parque automotor ilegal (autos chutos) y podría generar la trazabilidad efectiva de la distribución del combustible.
Añadió que el fortalecimiento de la inteligencia aduanera y militar, mediante la implementación de sistemas de inteligencia artificial y georreferenciación para monitoreo de rutas ilícitas, con participación coordinada entre Aduana, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es otra medida por aplicar.
También se debe avanzar en la ampliación del comercio fronterizo legal, mediante el establecimiento de zonas económicas especiales, ferias transfronterizas reguladas y acuerdos bilaterales con países vecinos, para canalizar parte del comercio informal hacia canales formales.
Según Jáuregui, otra acción debería apuntar al endurecimiento del marco sancionatorio actual, con la aplicación efectiva de sanciones penales y económicas a los actores que organizan, transportan o comercializan productos de contrabando.
Indicó que se debe promover la creación de juzgados especializados en delitos económicos transfronterizos y, “finalmente, la inversión en educación ciudadana mediante programas de concientización ciudadana y sustitución de ingresos ilegales para la generación de empleo formal en las fronteras”.
Los subsidios
Norma. El decreto 5312 establece la subvención a la producción y comercialización de maíz, arroz, trigo, harina de trigo, azúcar, manteca y levadura. Al ser subvencionados, el precio se congela en el mercado nacional.
Ideología. El PGE 2025 contempla Bs 750 millones para subsidiar alimentos, de los cuales 268 millones de bolivianos son para maíz, 99 millones para arroz y 383 para trigo.