Hay una orden judicial para que el gobernador sea trasladado a Santa Cruz en contexto de su defensa material del caso Decretazo. El Gobierno aún no dio su anuencia a pesar del fallo. El plazo para que se cumpla esa instrucción es para este viernes 25 de julio.
Fuente: eldeber.com.bo
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Óscar Antonio de la Fuente Amelunge, quien aparece en la trama de la manipulación judicial que llevó a prisión al exministro de Justicia César Siles, anteriormente fue identificado como “testigo clave” en los procesos judiciales conocidos como Golpe de Estado I y II (relacionados con la crisis política de noviembre de 2019).
En un contacto con EL DEBER, De la Fuente dijo que el Ministerio Público “fraguó” su declaración y la usó para incriminar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; a la expresidenta Jeanine Áñez; y al exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, quienes guardan detención preventiva desde 2022.
“Soy testigo clave del caso golpe de Estado I y II, yo no me he puesto en esa condición. La señora (exdiputada del MAS) Lidia Patty me ha ofrecido como testigo porque seguramente me ha visto en esos lugares, he declarado por 12 horas (en diciembre de 2020). En ninguna parte he acusado al señor Camacho, Pumari o a la señora Añez. Ellos (los fiscales) han mal utilizado mi declaración para incriminar a esas personas, yo no los incrimino”, sostuvo el testigo ayer, en contacto con EL DEBER.
Aseguró que el fiscal Omar Mejillones, a cargo de ambas investigaciones, tergiversó los hechos relatados y que, por ello, su testimonio carece de validez legal. “No me voy a presentar a declarar en ese juicio porque es un proceso manipulado, otra porquería impulsada por gente del MAS para dañar a los acusados”, sentenció este ciudadano.
Tras esta declaración, EL DEBER buscó la versión del fiscal Mejillones, pero no atendió a los llamados ni respondió a los recados entregados a través de otras vías alternativas.
Las declaraciones de De la Fuente surgieron días después de que un juez concediera una acción de libertad en favor del gobernador Camacho, quien debe asistir de manera presencial al juicio por el caso “Decretazo” que tendrá lugar en Santa Cruz de la Sierra a partir del 25 de julio.
La orden judicial no mereció la anuencia inmediata de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario que está bajo la dirección de Juan Carlos Limpias. Desde estas dependencias informaron a EL DEBER que se están solicitando informes a la Policía y a otras entidades para considerar una orden judicial. Eventualmente, esta decisión se asumirá este mismo miércoles.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó luego que la defensa de Camacho “tergiversó” el contenido del fallo judicial cuando anunció el traslado del gobernador a Santa Cruz, pero no dio detalles de esa distorsión.
“El director del penal de Chonchocoro realizará los trámites administrativos correspondientes y, además, solicitará informes de inteligencia al Comando General y al Comando Departamental de Santa Cruz”, explicó Ríos. Agregó que si se identifican impedimentos para el traslado, se notificará a la autoridad judicial.
Camacho se encuentra recluido desde diciembre de 2022 en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio paceño de Viacha.
Martín Camacho, abogado del gobernador, denunció ayer que algunos privados de libertad del penal de Palmasola están siendo presionados por autoridades del Gobierno para emitir un pronunciamiento contra su defendido y declararlo “persona no grata”.
“El reglamento no otorga a los privados de libertad la facultad de decidir sobre el ingreso o traslado de otro interno. Esta maniobra es una acción política impulsada desde el Gobierno para obstaculizar el traslado del gobernador”, afirmó el jurista a traves de sus redes sociales.
Según la decisión judicial, Camacho debería permanecer recluido en el penal cruceño de Palmasola durante el tiempo que dure el juicio por el caso Decretazo, cuyo inicio se postergó por 14 veces, precisamente, por decisiones del Gobierno.
Prófugo
Actualmente, el Ministerio Público considera a De la Fuente como prófugo de la justicia por su implicación en el caso denominado Consorcio, en el que también están involucrados el exministro César Siles y exautoridades judiciales, acusadas de formar una red que pretendía suspender del cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, y habilitar a su suplente, Iván Campero. La red pudo haber operado en varias ocasiones afectando la independencia del Órgano Judicial, según las pesquisas en curso.
Pero, De la Fuente niega estar prófugo y afirmó a EL DEBER que se encuentra en el domicilio de un militar en Coroico, Yungas de La Paz. Además, señaló que no reconoce la autoridad de los fiscales ni del juez del caso Consorcio, a quienes los descalificó.
Relató que los hechos investigados ocurrieron en Coroico, un municipio ubicado a 96 kilómetros al norte de La Paz, y que la acción directa que derivó en la aprehensión del juez Marcelo Lea Plaza —quien ordenó la suspensión de Coaquira y la habilitación de Campero ante el TSE— también tuvo lugar en ese municipio del norte paceño.
Testimonio de 2019
De la Fuente relató que el 15 de noviembre de 2019 asumió, “sin condiciones”, el rol de asesor político de la diputada Lidia Patty y otros legisladores del MAS, en plena crisis tras la renuncia de Evo Morales y su posterior salida del país rumbo a México.
En su declaración, sostuvo que logró ingresar a la Asamblea Legislativa burlando el resguardo policial, donde encontró a los parlamentarios “llorando de impotencia, sin comida ni bebida, y sin apoyo técnico ni político”.
Añadió que “levantó el ánimo” de los legisladores, evitó que presenten renuncias y diseñó una estrategia para que cumplieran su función fiscalizadora frente al gobierno de transición.
“Yo los asesore incondicionalmente para que presentaran peticiones de informe, pliegos interpelatorios, acciones populares y censuras a ministros, y para que se promovieran leyes que permitieran el funcionamiento de la Asamblea. Esa era la vía para recuperar la democracia”, afirmó en su declaración.
Antecedentes polémicos
En agosto de 2017, De la Fuente fue arrestado por orden del entonces comandante de la Policía, Abel De la Barra, quien difundió un audio con el lo acusaba de extorsión y de buscar cargos para policías afines. De la Fuente respondió que De la Barra había falsificado certificados para lograr su ascenso y que la acusación fue parte de una represalia.
Años antes, el actual ministro de Defensa, Edmundo Novillo, también lo denunció por presunto tráfico de influencias. Consultado sobre estos antecedentes, De la Fuente dijo no tener registros penales y aseguró que todos los procesos en su contra fueron cerrados por falta de pruebas.
Finalmente, recalcó que su testimonio en el caso Golpe I nunca tuvo el objetivo de inculpar a nadie. “Lo que hice fue cuestionar el decreto de emergencia emitido por Áñez, que no autorizaba la represión en las calles. Si hubo represión, fue responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Yo nunca incriminé a Camacho, Pumari ni a Áñez. Fueron procesados de forma abusiva”, concluyó el testigo ‘clave’ que ahora es requerido por un caso de manipulación.
Efecto Andrónico
El domingo, tras conocerse el fallo que podría viabilizar el traslado de Camacho a Santa Cruz, el candidato a la presidencia por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, consideró que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido desde 2022 en la cárcel de Chonchocoro, es un “preso político”.
La postura de Andrónico fue diametralmente opuesta a la que formuló como presidente del Senado hace dos años. En las declaraciones de entonces valoró la captura de Camacho en el contexto de un operativo policial que contó con apoyo militar.
¿Camacho es un preso político? Fue la pregunta que lanzó la Red Uno el domingo en su programa de entrevistas a los candidatos. Antes de responder, Andrónico dudó unos dos segundos para procesar y respondió: “Para mí, por supuesto que sí. Bueno, desde mi punto de vista”, dijo Andrónico, pero enseguida ensayó una contra respuesta citando a los ciudadanos que murieron en Sacaba y Senkata en el contexto de la crisis política de 2019.
“El Gobierno explicará. El actual ministro (de Gobierno, Roberto Ríos), el exministro (Eduardo Del Castillo). Es tarea del Órgano Ejecutivo, es función y competencia del Órgano Ejecutivo”, afirmó Andrónico respecto a las cuestionantes y paradojas sobre la incumplida orden de aprehensión contra Evo Morales.