El reglamento de propaganda y campaña electoral prohíbe el “uso de estrategias desleales, engañosas o ilegales para perjudicar a un candidato u organización política”.
Fuente: Opinión
Candidatos y seguidores de algunas organizaciones políticas habilitadas para las elecciones generales del próximo 17 de agosto de 2025 recurren a la “guerra sucia”, según reportaron medios de comunicación en los últimos días, no obstante que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendó evitar este tipo de acciones.
El vocal del TSE Francisco Vargas, en declaraciones al portal Oxígeno, instó a los candidatos y organizaciones políticas que participarán de las elecciones generales a realizar campañas electorales sin incurrir en la “guerra sucia” ni la violencia.
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Vargas señaló, en su cuenta de X, que los actos de campaña electoral deben estar en el marco “de la normativa electoral, de manera libre y en todo el territorio nacional”.
El reglamento de propaganda y campaña electoral para las elecciones generales 2025 puntualiza que “guerra sucia” se refiere al “uso de estrategias desleales, engañosas o ilegales para perjudicar a un candidato u organización política. Algunas tácticas comunes incluyen la difamación, noticias falsas o manipulación en redes sociales”.
Este reglamento, vigente para la campaña electoral con miras a los comicios del próximo 17 de agosto, prohíbe también los discursos de odio, en cuyos mensajes se utilice “lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación a una persona o un grupo social, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, orientación sexual u otro factor de identidad”.
No obstante las recomendaciones del TSE y las prohibiciones explícitas del reglamento de propaganda y campaña electoral, algunos candidatos y sus seguidores incurren en la “guerra sucia”, que no solo implica insultos o descalificaciones, sino también agresiones físicas, ataques o amenazas.
Esta semana, por ejemplo, el frente político Alianza Libertad y Democracia (Libre) denunció que, en su intento de hacer propaganda electoral de su frente político en la plazuela 4 de Noviembre, se vieron impedidos por personas a quienes identificaron como funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba y afines al partido del alcalde titular Manfred Reyes Villa, Autonomía Para Bolivia (APB Súmate).
Desde la Alcaldía, se rechazó cualquier posibilidad de que aquello haya ocurrido.
Los representantes de Libre expresaron que personas con el rostro cubierto aparecieron y retiraron banners que habían instalado en el lugar.
“Ya es el segundo día que funcionarios y afines a Súmate van rompiendo nuestros banners, queriendo generar enfrentamientos”, cuestionaron.
Compartieron videos de lo ocurrido, incluido el de un vehículo municipal, asegurando que ahí iba uno de los “encapuchados”.
Ante estas denuncias, la Alcaldía emitió un comunicado asegurando que la imagen y filmación “no guardan relación alguna con los acontecimientos registrados entre actores políticos”.
ACUSACIONES
En días pasados, las Alianzas Unidad y Libre, de Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, respectivamente, intercambiaron denuncias y se acusaron mutuamente de “guerra sucia”.
Todo empezó cuando desde la Alianza Libre se denunció vínculos con el narcotráfico del padre de una de las candidatas a senadora por Santa Cruz de la Alianza Unidad.
Karla Robledo, la aludida, renunció a su postulación y cercanos a Quiroga insinuaron que la campaña de Doria Medina está financiada por el narcotráfico.
La respuesta no se dejó esperar y desde la Alianza Unidad denunciaron que el candidato a vicepresidente de Tuto, Juan Pablo Velasco, está involucrado en la quiebra del Banco Fassil y que el dinero de la campaña de Quiroga proviene de los recursos de los afectados por la entidad financiera.
VOCAL
La denominada “guerra sucia” afecta no solo a los candidatos que pugnan por ganar las elecciones de agosto próximo, sino también a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral.
Ese es el caso, por ejemplo, del vocal Tahuichi Tahuichi, a quien evistas acusaron de haber recibido dinero (30.000 dólares) para evitar la candidatura del expresidente Evo Morales.
En su defensa, el vocal del TSE aseguró que la acusación es “una mentira maligna, una mentira artera, infamia”.
PROHIBICIÓN
Dirigentes afines a Evo Morales advirtieron a los candidatos de la oposición, incluido Andrónico Rodríguez, que están vetados de ingresar al Trópico de Cochabamba para realizar algún tipo de campaña política.
No obstante, desde las filas del candidato presidencial Rodríguez, quien funge actualmente como presidente de la Cámara de Senadores, señalaron que sí realizarán campaña en el Trópico, porque nadie puede privarles de ingresar a este territorio para hacer conocer su programa de gobierno y propuestas para el país.
La senadora Lucy Escobar apeló a la Constitución Política del Estado para recordar que esta ley garantiza a todos los bolivianos el derecho que tienen de llegar a cualquier lugar del territorio nacional.
Autonomía Para Bolivia Súmate (APB Súmate) aseguró que su candidato a la Presidencia, Manfred Reyes Villa, ingresará a la región del Trópico de Cochabamba en el marco de la campaña electoral.
La candidata a primera senadora por APB Súmate en el departamento, Claudia Mallón, expresó que, pese a las advertencias, llegarán a la zona, que es bastión del expresidente Evo Morales. “Manfred tiene los pantalones bien puestos (…)”, dijo.
La semana pasada, el sector evista no solo determinó prohibir las campañas de otros partidos políticos, que no sean de Evo Pueblo, sino que, además, advirtieron que obligarán a candidatos desconocidos (de otros partidos) a vender sus chacos, si tuvieran propiedades en la región del Trópico de Cochabamba.
AMENAZA
Como parte de la “guerra sucia”, afines a Evo Morales amenazaron en reiteradas oportunidades que “no habrá elecciones presidenciales en caso de que el expresidente no esté inscrito en la papeleta electoral.
El dirigente evista Marcelino Flores, citado por Urgente.bo, advirtió que si en la papeleta electoral no figura el expresidente, habrá una movilización y el 17 de agosto no se permitirá el traslado de ánforas.
Fuente: Opinión