El sector agropecuario pidió a los legisladores electos ampliar la verificación de la Función Económica Social (FES) de la tierra cada 10 años y que ya no sean dos, como ahora, pero esto provocará que se deje de cumplir con normas ambientales, que se modifique la vocación de los predios, se deje de proteger el bosque, advirtió el investigador de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
La justificación es que los dos años restringen las inversiones de largo plazo para elevar la productividad que algunos propietarios quieran realizar, por lo que, argumentan, que la norma actual genera alta inseguridad al propietario y al financiador.
El lunes los diputados y senadores electos, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y representantes del sector productivo y la sociedad civil firmaron un «pacto por la democracia y la gobernabilidad» para abordar una agenda que aborde temas como la provisión de gasolina y diésel, el impulso al uso de transgénicos, la elaboración y aprobación de una ley contra bloqueos y ajustar la de función económica social de la tierra, para que amplíe a 10 años.
Según Colque, ampliar esta revisión a 10 años significa que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), no acuda en el terreno a verificar que los propietarios cumplen con las condiciones que establece la ley, es decir, que grandes empresas tengan inversiones, ganado, actividad productiva, planilla de trabajadores y que se cumplan con normas ambientales, que exista un 50% de protección del bosque.
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“No quieren que esta revisión se haga cada dos años, porque incumplen estas condiciones y no desean una fiscalización agroambiental del Estado, algo que es contradictorio, porque el 95% de la tierra esta titulada, es decir que tienen derecho propietario, lo cual significa que han cumplido con estos objetivos y que todo está en regla”, subrayó.
Añadió que muchos incumplen con la normativa, no cuentan con documentos al día, por ejemplo, los ganaderos convierten en tierras agrícolas, los predios que son para ganado, pero, en los hechos, el INRA tampoco ha podido cumplir con esta revisión de la FES cada dos años.
“El riesgo de ampliar la revisión a 10 años, es que se vulneren las medidas de protección ambiental, que las tierras sea controladas ilegalmente, que se las haya vendido y no se sepa quién es el verdadero dueño. Muchas tierras están vendidas a palos blancos y que tienen un dueño como en el caso de Adán y Eva”, puntualizó Colque.
Según la investigación periodística “Las tierras del hijo del presidente”, publicada por Conecctas y medios aliados el 20 de mayo de 2025, identificó presuntas irregularidades en la compra de la propiedad agraria “Adán y Eva” por parte de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, así como ilegalidades en el uso del suelo y posibles delitos de tráfico de influencias y contravenciones de normativas agroambientales por parte de instituciones estatales como INRA y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Al respecto, la Fundación Tierra resaltó que “Adán y Eva” se encuentra entre los municipios de La Guardia y Cabezas del departamento de Santa Cruz, dentro de una zona de alto valor comercial para la expansión de monocultivos, por lo que los precios de mercado oscilan entre 2.000 y 3.500 dólares por hectárea. Además del valor de la transferencia, el desarrollo productivo de este tipo de propiedades requiere inversiones iguales o mayores por cada hectárea para cubrir los costos de desmonte, habilitación, siembra, uso de semillas transgénicas, agroquímicos, cosecha, almacenamiento y empleo de tecnología mecanizada.
Por otra parte, recalcó que se cambió el uso del suelo. Según consta en el sistema de catastro rural de acceso público, la propiedad “Adán y Eva”, al momento de la titulación (año 2015), fue clasificada por el INRA como “Empresarial” y el uso del suelo calificado como “Agrícola”. Sin embargo, la zona donde se encuentra el predio tiene estrictas medidas de protección establecidas en el Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz. La propiedad está dentro de la categoría de Bosque de Conservación y Manejo sostenible (categoría B-C) y bajo la clasificación de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP).
De acuerdo con el análisis de la Fundación Tierra, lo anterior significa que la actividad agrícola sólo está permitida a pequeña escala, de manera manual y únicamente bajo sistemas agrosilvopastoriles. Los monocultivos y desmontes mecanizados no están permitidos en la zona.
Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Predial (POP) otorgado y luego modificado por la ABT amplió los permisos de desmontes a casi mil hectáreas, vulnerando lo establecido en el PLUS. Adicionalmente, el POP no contempla ni autoriza los cultivos de maíz y soya, situación que debería ser controlada y fiscalizada por las instancias estatales correspondientes. Por último, a pesar de que en septiembre de 2024 se decretó una pausa ambiental ecológica en todo el país, prohibiendo cualquier tipo de quemas, meses después, en el predio en cuestión se registraron efectivamente varios focos de calor, observó la Fundación Tierra.
Producción récord
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), reveló en un análisis reciente que la producción agrícola correspondiente a la campaña 2023-2024 alcanzó un récord de 23 millones de toneladas, el nivel más alto de la historia.
“El 71% de los cultivos se concentró principalmente en caña de azúcar, soya y sorgo en grano. El departamento de Santa Cruz lideró la producción agrícola con una participación del 77%, seguido de Cochabamba y La Paz”, precisó.
Los cinco principales cultivos con mayor producción desarrollada fueron caña de azúcar 11,4 millones de toneladas, soya 3,2 millones, sorgo en grano 1,7, papa 1,3, y maíz en grano 1,1 millones de toneladas.