El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Damián Castillo, informó que la ley de reforma parcial del Estatuto Autonómico, que incluye la propuesta de disminuir el número de asambleístas, se encuentra en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión.
Fuente: https://elperiodico.com.bo
Castillo indicó que el plazo inicial para que el TCP se pronuncie sobre la admisión del proyecto vencía este martes, y que de obtener una respuesta positiva, se iniciaría la fase final del proceso que culminaría con un referéndum departamental para su validación.
El panorama político en Tarija se centra en el avance del proceso de reforma del Estatuto Autonómico, un tema que ha captado la atención de diversas organizaciones y de la ciudadanía.
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La Asamblea Legislativa Departamental, bajo la presidencia de Damián Castillo, ha sido la impulsora de una ley que busca una reforma parcial del documento, siendo uno de los puntos más destacados la reducción del número de asambleístas.
Este martes, el proceso entró en una fase crucial, ya que se cumplía el plazo de diez días hábiles que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tenía para emitir un pronunciamiento sobre la admisión del proyecto de ley.
Castillo manifestó la expectativa de la Asamblea de que la solicitud sea admitida. «Esperamos que cumplan su plazo, les pedimos que nos ayuden en el tema de los plazos para que no pase más del término correspondiente,» señaló el presidente de la ALDT, subrayando la importancia de la celeridad en el proceso judicial para evitar mayores demoras en la aplicación de la ley.
La reforma, según los promotores, responde a una necesidad de modernización y eficiencia en la estructura legislativa del departamento.
En caso de que el Tribunal Constitucional emita un fallo favorable y admita la ley, el camino a seguir está claramente definido por la normativa vigente. El siguiente paso procedimental sería un sorteo para asignar el caso a una de las salas del Tribunal, donde será revisado con mayor profundidad.
Tras esta asignación, se estima que el TCP tendrá un plazo de entre 45 y 50 días para emitir una respuesta final sobre la constitucionalidad de la propuesta. Esta etapa es de vital importancia, ya que un fallo positivo permitiría que la ley continúe su curso hacia la implementación.
Una vez que la reforma reciba el visto bueno del Tribunal Constitucional, será remitida a la Gobernación de Tarija.
El gobernador del departamento tendrá la facultad de promulgar la ley, un paso que la dotará de la validez legal para proceder a la consulta popular. De acuerdo con el reglamento que rige las reformas estatutarias, la aprobación final no recae únicamente en las autoridades legislativas y judiciales, sino que requiere la validación de la ciudadanía a través de un referéndum. Este mecanismo de democracia directa es indispensable para que la reforma pueda entrar en vigor.
El presidente de la Asamblea también adelantó que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sería el encargado de organizar dicho referéndum. Para optimizar los recursos públicos y evitar costos innecesarios, se buscaría que esta consulta se realice en un momento que coincida con otras elecciones ya programadas, como las departamentales. Esto permitiría a la población tarijeña manifestarse sobre la reforma en el marco de un proceso electoral ya establecido.
Por otro lado, Castillo reconoció la existencia de un «reclamo correspondiente» por parte de los «compañeros indígenas». Sin embargo, puntualizó que la resolución de este tema le corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, que deberá analizar los argumentos y emitir un dictamen que se ajuste a la normativa y a los derechos establecidos.
La Asamblea ya ha cumplido con su parte al redactar la totalidad de la reforma, y ahora el futuro de la disminución de asambleístas depende de la decisión del TCP.
El resultado, que se espera en no más de 50 días si los plazos se cumplen, determinará si la propuesta avanza hacia la consulta popular y, finalmente, si se concreta en una nueva estructura para la representación legislativa en el departamento.