El Estado boliviano se comprometió a implementar diversas medidas de reparación, entre ellas una compensación económica que ya fue cumplida, según verificó la CIDH
Fuente: eldeber.com.bo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó y publicó un acuerdo de “solución amistosa” del caso de Javier Charque Choque, estudiante linchado en una comunidad de Llallagua, en el norte del departamento de Potosí, en diciembre de 2006.
“El 20 de agosto de 2024, las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa, en el cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y de protección judicial contenidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, señala una nota de prensa de la CIDH.
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Asimismo, según el mismo documento, el Estado boliviano se comprometió a implementar diversas medidas de reparación como la realización de un acto privado de reconocimiento de responsabilidad; la publicación de acuerdo de solución amistosa, como medida de restablecimiento de la honra y la dignidad; compensación económica por daño inmaterial y material; y una medida de acceso a la justicia.
“Entre las acciones desplegadas por el Estado para dar cumplimiento a lo acordado, la Comisión verificó que se realizó el acto privado de reconocimiento de responsabilidad internacional y la publicación (del acuerdo de solución amistosa) en la página web de la Procuraduría General del Estado. Por otro lado, la CIDH consideró pendiente la medida de justicia, debido a la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los imputados, por lo que continuará con el seguimiento hasta constatar su total cumplimiento. Finalmente, la CIDH verificó el cumplimiento total de la medida relativa a la compensación económica”, cita otro párrafo del comunicado.
¿Qué pasó con Javier Charque?
Según la denuncia presentada ante la CIDH, Javier Charque Choque era estudiante de la carrera de turismo y el 29 de diciembre de 2006, mientras realizaba un trabajo de investigación sobre las comunidades indígenas del norte del departamento de Potosí, asistió a un matrimonio en una de las comunidades de Llallagua.
Durante la ceremonia, por un malentendido, surgió una discusión con aproximadamente seis miembros de la comunidad de Villa Arbolitos, quienes empezaron a agredir físicamente a la presunta víctima.
Javier intentó escapar, pero fue alcanzado y llevado gravemente herido ante el «Jilanko» (o «Jilanqu»), una autoridad indígena originaria de la comunidad.
Esa autoridad originaria autorizó que siguieran torturando a Javier en un acto de presunta “justicia comunitaria”, hasta que, tras varias horas de agonía, falleció en la madrugada del 30 de diciembre de 2006.
El 11 de enero de 2007, ante la falta de noticias, la madre del estudiante salió a buscarlo a la comunidad, donde una comunaria la informó que su hijo fue linchado.
El 13 de enero de 2007, las autoridades encontraron el cuerpo enterrado en una pequeña fosa, boca abajo, maniatado de manos y pies con una cuerda alrededor del cuello.
Según publicaciones periodísticas de esa época, el estudiante fue asesinado acusado de haber cometido una supuesta violación y robo.