El tribunal decidió suspender la audiencia luego de que los acusados presentaron una excepción de incompetencia, planteando que el caso debía ser derivado a la jurisdicción indígena originaria campesina
Fuente: eldeber.com.bo
Una nueva maniobra legal amenaza con dilatar el juicio oral contra los acusados del violento secuestro de periodistas en el caso Las Londras. Tres de los imputados —que estuvieron prófugos por más de dos años— se presentaron recientemente ante un tribunal de justicia indígena y solicitaron que esta instancia se declare competente para juzgar el caso, lo que ha generado un conflicto de jurisdicción que podría paralizar el proceso durante tres meses o un año.
La denuncia fue realizada por los abogados Raquel Guerrero y Roberto Méndez, representantes de las víctimas y de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, quienes calificaron esta acción como «una chicana jurídica» destinada a evitar la condena de los autores.
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“Estos señores han estado en rebeldía todo este tiempo, y ahora se apersonan recién en la etapa final del juicio, buscando refugiarse en la justicia comunitaria para evitar una sanción real”, afirmó Guerrero.
Según explicó Guerrero, los acusados Heber Sixto Canaza, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada presentaron un incidente de excepción solicitando que el caso pase a la justicia originaria campesina.
El abogado Roberto Méndez detalló que el juicio oral había sido reinstalado este martes con la presencia de dos los cinco acusados, Paulino Camacho Vedia y Nelson Rivadeneira Escalante, en el Tribunal de Sentencia Primero de Concepción, que está compuesto por los jueces Ramón Quiroga, Elvio Cuéllar y Rosa Victoria Copa, esta última su presidenta.
Las víctimas trasladaron a sus testigos a la audiencia, incluyendo al piloto de una de las camionetas interceptadas por los avasalladores. Sin embargo, al iniciar la sesión, la presidenta del tribunal informó que los tres acusados prófugos habían enviado un documento escrito solicitando sumarse al proceso.
“Los tres acusados no se presentaron físicamente, como corresponde. El fiscal pidió que se los declare rebelde, se les multe y se continúe con el juicio, pero esa solicitud no fue aceptada”, señaló Roberto Méndez.
El tribunal decidió suspender la audiencia luego de que los acusados presentaron una excepción de incompetencia, planteando que el caso debía ser derivado a la jurisdicción indígena originaria campesina.
“La presidenta del tribunal dijo que no podía iniciar la audiencia hasta que se resuelva si ellos tienen o no competencia. Y como el procedimiento obliga a consultar al Tribunal Constitucional, el proceso ahora queda suspendido”, explicó Méndez.
Cuestionan pedido de acusados
El abogado Méndez fue enfático al señalar que esta excepción carece de fundamento legal y contraviene la Ley de Deslinde Jurisdiccional N° 073. Explicó que existen tres razones por las que la justicia indígena no puede asumir el caso Las Londras: El lugar donde ocurrió el hecho no es una comunidad indígena reconocida, sino un predio tomado por avasalladores. Segundo: los delitos en cuestión —tentativa de asesinato, secuestro, tortura— son crímenes contra la vida, cuya competencia exclusiva es del sistema penal ordinario. Tercero: ninguno de los acusados ni las víctimas pertenece a un pueblo indígena originario campesino.
“Lo que buscan con esto es dilatar el juicio, obtener una pena menor o directamente garantizarse la impunidad. Esta excepción es una chicana jurídica sin sustento”, denunció Méndez.
Los abogados también criticaron que los acusados, Heber Sixto Canaza, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada, pese a estar en rebeldía durante más de dos años, no hayan sido aprehendidos ni sometidos a una audiencia de medidas cautelares. Solo firmaron un apersonamiento y se revocaron sus mandamientos de aprehensión sin que se haga efectiva la multa de Bs 500 establecida anteriormente.
Los testigos clave —entre ellos, el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, y el piloto que fue recibido a tiros en el predio— no pudieron declarar por la suspensión del juicio. Además, el piloto ya anunció su salida del país rumbo a Brasil por motivo de trabajo, lo que podría complicar que pueda regresar en otra oportunidad a Concepción.
Juicio congelado por maniobra legal
Ahora el Tribunal de Concepción debe emitir en 10 días hábiles una resolución sobre su competencia, la cual será enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre, que decidirá si se mantiene la jurisdicción ordinaria o se traslada a la originaria campesina. Ese proceso podría extenderse de tres meses a uno año, o en el peor de los casos indefinidamente, según los abogados de los periodistas afectados.
“Aunque el juicio no será anulado, el daño ya está hecho. Se paraliza el proceso, se desmotiva a los testigos, y se prolonga el sufrimiento de las víctimas”, concluyó la abogada Guerrero.
Por su parte, el abogado de los acusados, César Cardona, evitó hablar con los medios tras la suspensión del juicio, pero ante los jueces del tribunal exigió que se resuelva primero la excepción de incompetencia y que se determine si el caso continuará en la justicia ordinaria o si será derivado a la justicia indígena.
Mientras que el periodista Percy Suárez, una de las víctimas del secuestro en las Londras, cuestionó la determinación del tribunal de Concepción y dijo estar decepcionado de la justicia. Con lágrimas en los ojos, afirmó que continuará luchando por buscar justicia para él y sus colegas que fueron torturados el 28 de octubre de 2021.