La proliferación de productos falsificados y de contrabando sigue golpeando con fuerza a la industria nacional. Representantes del sector vitivinícola y de la microempresa boliviana denunciaron que las autoridades no están actuando con contundencia frente a estas prácticas ilegales, lo que pone en riesgo la salud de la población y la sostenibilidad de miles de emprendimientos nacionales.
Fuente: ANF
Fernando Galarza, gerente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV), alertó que el mercado boliviano está saturado de bebidas adulteradas. “Se están envasando en botellas plásticas productos que se venden como singani, pero en realidad son mezclas de alcohol etílico, saborizantes y azúcar. Son peligrosos para la salud”, denunció en contacto con ANF.
Además, explicó que las falsificaciones se producen internamente y que hay una ausencia casi total de control por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). “Sufrimos falsificaciones de todo tipo. Las autoridades no han tomado acciones pese a nuestras reiteradas denuncias”, dijo.
Galarza también detalló que los productos adulterados se venden libremente en mercados y tiendas del país, algunos sin identificación sanitaria, sin registro, ni permisos. “Hay marcas inventadas y también usan etiquetas de marcas reconocidas para disimular la ilegalidad. En algunos casos, los comercializan en ‘granaditas’ de plástico sin ninguna autorización”, indicó.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Si bien en el rubro vitivinícola el ingreso de bebidas extranjeras por contrabando ha disminuido —principalmente debido a la subida de precios en Argentina—, el dirigente advirtió que el problema ahora se ha trasladado a las falsificaciones internas, que se expanden sin control.
Félix Huaycho, dirigente de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios de Santa Cruz (Fedemype), coincidió en que la situación es crítica y afecta a varios sectores, especialmente el textil.
“Entran prendas y calzados de contrabando con marcas internacionales falsas, sobre todo desde Perú, Colombia, Brasil y Argentina”, declaró a ANF.
Huaycho aseguró que la falta de control por parte de la Aduana Nacional permite que el contrabando florezca. “Esa institución no controla nada, está de adorno. Nosotros somos los más afectados porque no podemos competir con la piratería”, lamentó.
Según el dirigente, también están ingresando prendas usadas de contrabando, lo que impacta negativamente en la producción nacional. “No hay competitividad posible en estas condiciones. Lo que más entra son ropa usada y productos chinos, falsificados o sin marca, y no creemos que eso pase inadvertido. Sospechamos que hay corrupción en las fronteras”, apuntó.
Además, denunció que estos productos no ingresan en pequeñas cantidades. Dijo que se trata de containers, de camionadas completas. “No hay forma de justificar su presencia masiva en el mercado si no es por coimas”, remarcó.
Huaycho diferenció el contrabando hormiga —sostenido por familias que viven del comercio fronterizo— del gran contrabando que llega en volúmenes industriales. “Lo que más daño hace es ese contrabando a gran escala, que entra con complicidad o indiferencia del gobierno”, acusó.
Por su parte, Galarza recordó que en años pasados el sector vitivinícola sufrió graves pérdidas por el ingreso masivo de vinos argentinos de contrabando. “Entre el 40 y 45% del mercado estaba copado por vinos ilegales. Nosotros perdíamos casi la mitad de nuestro mercado”, afirmó.
La situación, según él, cambió con la crisis económica argentina, ya que “ahora los productos de ese país están más caros y el contrabando ha bajado, aunque no ha desaparecido del todo”, comentó. Explicó que un vino argentino antes se compraba a 9 o 10 bolivianos, mientras que el nacional más barato costaba casi el doble. “Era imposible competir”, añadió.
Galarza advirtió que, si bien el contrabando de vinos se redujo, el fenómeno se desplazó hacia la adulteración interna. “El negocio ilícito de bebidas falsificadas está creciendo aceleradamente. Es más rentable y con menos riesgos para los que lo hacen, porque no hay controles efectivos”, subrayó.
El gerente de ANIV también enfatizó que estas prácticas no solo afectan la economía formal, sino que representan un riesgo sanitario grave para los consumidores. “Estamos hablando de productos que pueden causar daños severos a la salud. Es una responsabilidad del Estado intervenir con urgencia”, reclamó.
Huaycho reforzó esa preocupación desde el lado de los pequeños empresarios. “No se trata solo de competencia desleal, sino también de un atentado contra la producción nacional, el empleo y la salud de la población”, indicó.
Ambos representantes coincidieron en que la impunidad es el principal combustible del contrabando y la falsificación. “Lo que más duele es que los responsables operan con libertad. No hay sanciones ejemplares, no hay incautaciones significativas, no hay vigilancia efectiva”, reclamó Galarza.
/FC/