«Con la documentación legal, técnica, administrativa y financiera, veremos si existe o no la posibilidad de ingresar a un diálogo con la empresa», sostuvo el procurador Ricardo Condori.
Por: eju.tv / Video: Procuraduría
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, indicó que no hay ninguna demanda de la petrolera Shell Bolivia Corporation, puesto que lo único que el Estado boliviano recibió fue una «notificación de disputa», cuya documentación será analizada por las instituciones y empresas relacionadas con la posible controversia de inversión.
En ese marco, precisó que el país tiene un plazo de seis meses para recabar la documentación necesaria para emitir un criterio claramente fundamentado.
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«En su momento, con la documentación legal, técnica, administrativa y financiera, veremos si existe o no la posibilidad de ingresar a un diálogo con la empresa», sostuvo.
Condori insistió en que «no existe ninguna demanda» y «lo correcto es señalar que nos hicieron llegar es una notificación de disputa por la que nos dan a conocer una posible demanda o arbitraje internacional relacionado con el tema de inversiones».
La autoridad precisó que el laudo con la trasnacional petrolera no es reciente, sino que deviene de pasadas gestiones de Gobierno, de 2013.
«Este laudo indicaba que el Estado boliviano debía pagar más de 12 millones de dólares. Sin embargo, las entidades facultadas presentaron la anulación del mismo, lo que implica que esos 12 millones de dólares quedaron anulados por un juez en materia civil en Bolivia, por lo tanto, no existe ninguna situación pendiente», puntualizó el procurador.
El caso
En pasadas horas, se hizo pública una carta del 5 de agosto, dirigida al presidente Luis Arce, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General del Estado, en la que la firma King & Spalding, en representación de BG Overseas Limited (el inversor) notifica al Estado boliviano sobre la «disputa entre el inversor y el Estado Plurinacional de Bolivia», conforme al Artículo 8 del Convenio entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Bolivia, sobre el fomento y la protección de inversiones de capital, firmado en 1988.