El prontuario del sentenciado incluye otros hechos de extrema violencia.
Ligia Portillo
Fuente: Red Uno
La justicia boliviana sentenció a 30 años de prisión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz) a Elías P.S., conocido como el “Monstruo de Morochata”, tras comprobarse que cometió delitos de violación, infanticidio y abuso contra personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a su propia hija de 14 años.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El juez que llevó adelante el proceso reveló que el acusado no solo reconoció los crímenes cometidos, sino que intentó disculparse durante la audiencia, narrando con detalle los vejámenes que estremecieron a la comunidad de Viscachas, municipio de Morochata.
La investigación estableció que en diciembre de 2024, Elías abusó en dos ocasiones de su hija adolescente, dejándola embarazada. La menor dio a luz de forma prematura a una bebé que nació con vida, pero el agresor la asfixió y enterró a cuatro kilómetros de su vivienda.
El prontuario del sentenciado incluye otros hechos de extrema violencia. En 2023, abusó de una mujer con discapacidad, a quien embarazó y luego obligó a abortar mediante infusiones, enterrando al feto en el cementerio de Viscachas. Años antes, una niña de 5 años fue hospitalizada con severos traumas genitales, caso en el que Elías intentó justificar la situación asegurando que la menor “se había caído”.
La brutalidad de sus actos salió a la luz gracias a la denuncia de su hija, quien relató lo ocurrido ante los comunarios de Viscachas. Si bien inicialmente la autoridad local lo dejó escapar por vínculos familiares, la presión de los pobladores fue determinante: lo capturaron y entregaron nuevamente a la Policía el domingo de las elecciones.
La sentencia
Tras analizar el historial criminal y la gravedad de los delitos, el juez determinó la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Elías P.S. cumplirá su condena en Chonchocoro, considerado el recinto penitenciario de mayor seguridad en el país.
Con esta decisión, la justicia busca dar una respuesta ejemplar a un caso que generó conmoción, indignación y exigencia de mayor protección a las víctimas de violencia sexual en comunidades rurales.