El fiscal del caso Omar Yujra indicó que con base en los nuevos elementos colectados se amplió la investigación por los delitos de incumplimiento de deberes y nombramiento ilegal contra Lisperguer, lo que derivó en su aprehensión este jueves.
Fuente: ANF
La situación jurídica del exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) Alan Lisperguer se complicó ante la obtención de nuevos indicios y la declaración testifical de exfuncionarios públicos quienes aparentemente realizaron depósitos a cuentas bancarias de la exautoridad.
El fiscal del caso Omar Yujra indicó que con base en los nuevos elementos colectados se amplió la investigación por los delitos de incumplimiento de deberes y nombramiento ilegal contra Lisperguer, lo que derivó en su aprehensión este jueves.
“Cursa en el cuaderno de investigaciones y va a ser presentado ante el juez cautelar y será quien determine los indicios que tiene el Ministerio Público. Existe documentación, existen elementos, existen declaraciones testificales y eso va ser analizado por el juez cautelar”, afirmó el fiscal.
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El jueves por la tarde, la policía de Cochabamba junto con el fiscal del caso ejecutó el mandamiento de aprehensión del exministro en el municipio de Colpapirhua, del departamento de Cochabamba y se lo trasladó a La Paz para que comparezca por ese caso; empero, se acogió al derecho de guardar silencio.
Dinero a cambio de cargos
Según la investigación, durante 2021 y 2024 se detectó movimientos bancarios extraños Bs 1.110.270 que están fuera de su perfil económico y no fueron incluidos en su declaración de bienes y rentas, ante la Contraloría General del Estado.
En ese sentido, el abogado Abel Loma, quien hace seguimiento al caso, en declaraciones a la ANF, reveló que la Fiscalía convocó a declarar a exfuncionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua quienes afirmaron que realizaron pagos económicos a la exautoridad para acceder a un cargo.
“Se ha convocado a declarar a diferentes testigos, entre los cuales estaban funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua cuando se solicita declarar a estos exfuncionarios se puede detectar que varios de ellos han aseverado que el exministro Lisperguer habría cobrado dinero para que estos puedan entrar a estos cargos. Es decir, ha habido una venta de cargos dentro de ese ministerio durante su gestión”, precisó.
Según el jurista, se trata de al menos cinco exfuncionarios que comparecieron ante la Fiscalía y brindaron esa información, incluso señaló que una servidora de alto cargo jerárquico está implicada en esas irregularidades.
Loma observó que el fiscal del caso actuó de forma unilateral y se trasladó hasta Cochabamba para ejecutar el mandamiento de aprehensión, pero no comunicó sobre ese actuado a la comisión de investigadores.
“Lo que nos llama la atención es que lo ha hecho de manera unilateral, se ha ido solo hasta Cochabamba, ha pedido el apoyo de la policía. Sin embargo, la comisión de investigadores asignada al caso desconocía totalmente y ha presentado un informe”, señaló.
Piden su detención
Por otra parte, la Fiscalía presentó una imputación contra el exministro, en la que plantea la ampliación de la investigación por dos delitos más, es decir, será procesado por enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales.
A la vez, solicitó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, por seis meses, por el momento permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El documento ya fue remitido al Juzgado Séptimo de Instrucción Penal Anticorrupción, se espera la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares.
El fiscal indicó que en el caso del exasesor jurídico Gabriel D. A. también implicado en ese hecho, un juez decidió absolver la denuncia en su contra porque aparentemente presentó documentación que respalda los movimientos bancarios que realizó. Sin embargo, esa disposición fue objetada y se espera una resolución.