”La prisión preventiva prolongada fue un problema”, indica el informe, citando interferencia del Ejecutivo y procesos abiertos contra opositores. Desde el Gobierno rechazan el informe.
El informe sobre derechos humanos cita los casos de Camacho y Añez
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la detención preventiva prolongada fue un problema en Bolivia durante 2024, señalando factores como la interferencia del Ejecutivo, ineficiencia judicial y el uso de procesos judiciales contra opositores.
“La prisión preventiva prolongada fue un problema”, señala el resumen del capítulo de Bolivia de Informes de país sobre prácticas de derechos humanos 2024. Desde el Gobierno, se rechazó el contenido del documento por considerarlo intervencionista.
El informe expone que la ley prohíbe las detenciones arbitrarias, pero el Gobierno “no siempre la respetaba”, advirtiendo que muchos detenidos permanecieron en prisión más allá de los plazos legales para recibir cargos o sentencia, debido a retrasos judiciales, falta de defensores y deficiencias en el seguimiento de los casos.
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Sobre el uso de procesos judiciales contra opositores, el informe señala que las demandas se utilizaron con frecuencia para intimidar a los legisladores de la oposición. Los observadores indicaron que existía un patrón claro entre los opositores que se pronunciaban contra el gobierno y, poco después, eran acusados o citados a declarar ante el tribunal”.
Situación de opositores
El documento menciona los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, con ocho procesos abiertos durante su detención, y de Rómulo Calvo, exlíder del Comité pro Santa Cruz, a quien le abrieron nueve procesos. También recuerda que Áñez presentó una denuncia ante la CIDH por la negación de su derecho a un juicio especial como expresidenta.
Uno de los casos destacados es el del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, detenido desde 2022, apuntando que su salud se deterioró mientras permanecía en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, y que el Régimen Penitenciario suspendió su traslado a Santa Cruz pese a una orden judicial.
El entorno de Camacho afirmó que el informe de EEUU confirma “violaciones a los derechos humanos” cometidas contra el gobernador y que estos hechos serán denunciados ante instancias nacionales e internacionales para que “los funcionarios responsables respondan ante la justicia”.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó el informe estadounidense, considerando que se trata de un documento “sin rigor, objetividad ni validez”, elaborado sin consulta al país y con una visión “unilateral e intervencionista” que busca incidir en la política interna.