A las tres figuras de oposición la justicia les sigue diferentes procesos y están detenidos en cárceles de occidente. El TSJ instruyó la verificación del cumplimiento de plazos de las respectivas detenciones preventivas.
Fuente: Unitel
Después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera la verificación del cumplimiento de plazos de la detención preventiva de tres figuras de oposición -la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el excívico potosino Marco Antonio Pumari-, los equipos jurídicos que se refirieron a lapso que permanecen recluidos sin una resolución de los procesos.
JEANINE AÑEZ
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Luis Guillén, abogado defensor de Jeanine Añez sostuvo que son cuatro años y medio los que la expresidenta se mantiene recluida, advirtiendo que son al menos 9 procesos los que se abrieron en su contra.
Añez permanece detenida desde marzo de 2021 y Guillèn detalló que enfrenta “9 procesos en la vía ordinaria de forma ilegal”, en los cuales “sistemáticamente se le ha dispuesto la detención preventiva”. Actualmente, guarda detención domiciliaria en uno de ellos, pero en otros se mantienen medidas cautelares.
LUIS FERNANDO CAMACHO
Mientras que Luis Fernando Camacho fue detenido a finales diciembre de 2022 por el denominado caso de la crisis de 2019 (Golpe de Estado I), según su abogado Martín Camacho, quien advirtió suma 968 días detenido por ese caso y 848 días por el proceso del paro de 36 días.
“Estamos próximos a cumplir 3 años en diciembre, entonces hay una detención de manera arbitraria”, sostuvo el abogado de Camacho al resaltar el instructivo del TSJ y señalar que en el escenario más óptimo se debe optar por liberar al gobernador cruceño.
MARCO ANTONIO PUMARI
En el caso de Marco Antonio Pumari, su abogado Diego Gutiérrez informó que cumple 3 años y medio de detención preventiva en dos procesos, uno en Potosí y otro en La Paz, resaltando que en ambos casos se va a pedir la libertad pura y simple, al considerar que ya ha excedido ampliamente el plazo de 18 meses establecido para delitos graves.
El TSJ instruyó el 21 de agosto de 2025 que se revise la legalidad de estas detenciones dentro de 24 horas y los abogados coinciden en que las detenciones han excedido el plazo razonable que según la legislación boliviana es de 6 meses.