Mas de la mitad de los jóvenes internos no cuentan con ingresos, y el prediario – cuando se entrega – resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas.
Fuente: ANF
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló que los cobros indebidos y las extorsiones forman parte de la cotidianidad en los centros penitenciarios de Bolivia, afectando de manera particular a la población juvenil privada de libertad. El documento titulado “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad” señala que estas prácticas no son hechos aislados, sino un sistema de abusos normalizado que vulnera derechos fundamentales y pone en entredicho el rol del Estado.
El diagnóstico establece que el 61,3% de los jóvenes privados de libertad (JPL) encuestados admitió haber pagado “derecho de piso” a otros internos al momento de ingresar al penal. Estos cobros, que van desde 700 hasta 2.000 bolivianos, son presentados como un requisito para garantizar seguridad. Quienes no logran cubrir las cuotas son confinados a espacios denominados “gallineros”, donde deben dormir de pie en condiciones infrahumanas.
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La investigación también documenta cobros permanentes dentro de los recintos: el 49,3% de los entrevistados aseguró que debe pagar de forma regular para acceder a protección, mejores espacios o condiciones mínimas de vida. “Todo tiene precio en la cárcel”, se repite en los testimonios recogidos, donde se describen pagos mensuales de hasta 150 bolivianos por el uso de una celda, con la amenaza de ser desalojados a pasillos o patios, incluso bajo la lluvia, si no se cumple con la cuota.
Según el informe, estos mecanismos de extorsión son una expresión clara de la existencia de estructuras de poder informales que operan dentro de las cárceles. Lejos de ser espacios de rehabilitación, los penales refuerzan la dominación de grupos internos sobre las personas más vulnerables, profundizando la exclusión y debilitando la credibilidad del sistema penitenciario.
La precariedad económica agrava la situación. Más de la mitad de los jóvenes internos no cuenta con ingresos, y el prediario —cuando se entrega— resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas. Ante ello, los privados de libertad deben autogestionar su alimentación e higiene, lo que aumenta su dependencia de las redes de cobro ilegales.
En varias oportunidades, autoridades policiales y penitenciarias negaron la existencia de estos cobros. La Dirección General de Régimen Penitenciario reconoció que no se trata de prácticas legales, pero buscó minimizar el problema al sostener que los montos exigidos son “bajos”. El diagnóstico defensorial contradice estas afirmaciones, al demostrar que los cobros constituyen un sistema extendido y normalizado que afecta gravemente a la población interna.
Además de los cobros, privados de libertad denunciaron a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que muchos de estos pagos se imponen mediante violencia. Relataron que son sometidos a castigos físicos, ahogos y otros tratos crueles hasta lograr que paguen las cuotas exigidas. Estos abusos, según la Defensoría, configuran violaciones directas a la dignidad y los derechos humanos.
El documento también subraya que la persistencia de estas dinámicas erosiona el objetivo central de la privación de libertad: la reintegración social. En lugar de ofrecer oportunidades de rehabilitación, el sistema penitenciario reproduce prácticas ilícitas, fomenta la corrupción interna y perpetúa la vulnerabilidad de los jóvenes.
“La privación de libertad, lejos de fomentar la reintegración, profundiza la exclusión y la reproducción de dinámicas prohibidas”, advierte el informe, que insta al Estado a asumir un rol activo y efectivo en el control y la garantía de derechos dentro de las cárceles.
El diagnóstico defensorial plantea que los cobros y extorsiones en las cárceles bolivianas son parte de un problema estructural y sistémico. Su normalización no solo vulnera la dignidad de los privados de libertad, sino que también revela la fragilidad institucional y la incapacidad del sistema penitenciario de cumplir su mandato legal y constitucional.
Fuente: ANF